Hace una semana, en la ciudad entrerriana de Concordia, se dio a conocer la creación del “Área de Masculinidades” dependiente de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, que ya estaría en funcionamiento. La promoción del área estuvo a cargo del director de Gestión Preventiva Miguel Gallo, cuyas declaraciones no hacen más que reforzar la responsabilidad del Estado como garante de la reproducción de la violencia de género.

En un contexto donde la ciudad de Concordia se encuentra segunda en el ranking de las ciudades con mayor pobreza (después de Resistencia) con el 51,45% del total su población, según el último informe del Indec publicado a fines de marzo, situación que abarca mayoritariamente a las mujeres. Sumado a esto la desocupación, la inflación abrumadora que socava el poder adquisitivo de los salarios mes a mes, el crecimiento de la precarización laboral, la falta de asistencia real e integral a las víctimas y el déficit habitacional, nos condicionan y colocan en un lugar de mayor vulnerabilidad y sometimiento.

Por lo cual es evidente que quienes gobiernan la ciudad desde hace casi cuarenta años de PJ no tienen intención de revertir esta realidad. Las políticas en materia de género son papel pintado. Crean nuevos puestos en el Estado y destinan presupuestos en salarios para la creación de un área (opuesta por el vértice a nuestras demandas), mientras no han colocado un solo peso ni desarrollado ninguna política para revertir la acuciante situación de las mujeres y diversidades de nuestra localidad.

Esta decisión por parte del Estado viene a profundizar las diferentes políticas sexistas, patriarcales y conservadoras que vienen llevando adelante quienes ejercen el poder, como Enrique Cresto (actual funcionario de los Fernández) que intentó, en su gestión como intendente en 2018, declarar a Concordia provida y profamilia. Una ciudad en la que varios funcionarios han sido partícipes directos e indirectos en causas de trata de personas, abuso, y violencia de género. Una ciudad en la que crecen día a día las denuncias por abusos y crímenes de odio, y no solo profundiza sino que se inscribe (sin grieta alguna) en la misma línea política de ataque de los Larreta, Bullrich y Milei -en estas últimas semanas- contra las mujeres que se organizan y salen a las calles a luchar contra todas las formas de violencia que perciben a diario.

Mientras tanto, funcionarias dependientes del Ministerio de la Mujer Género y Diversidades salen al cruce frente a esta situación cuando no han dado una sola respuesta a nuestras demandas en los últimos dos años, con un femicidio diario y donde se sostienen los lazos y abultados subsidios a las iglesias, continuamos sin ESI, y somos protagonistas de ataques permanentes por organizarnos y luchar.

En este escenario, el planteo que levantamos desde el Plenario de Trabajadoras, de un Consejo Autónomo de Mujeres que garantice la real defensa de los intereses de las mujeres y diversidades sexuales, cobra total fuerza.

Del mismo modo que exigimos la renuncia inmediata de Miguel Gallo y todos/as los/las funcionarios/as que impulsaron esta iniciativa y la anulación de dicha área. Al mismo tiempo que convocamos al conjunto de las organizaciones, militantes, feministas y diversidades a organizarnos con independencia de los gobiernos de turno para ganar las calles masivamente, una vez más, y derrotar este avance sobre nuestras conquistas.

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