Santa Fe es la segunda provincia del país con mayor cantidad de casos de femicidios. En el 2016 se produjeron 36, cinco más que en 2015. En 2014 hubo 10. Este cuadro de violencia creciente contra las mujeres tuvo su máxima expresión con el cuádruple crimen que conmovió recientemente a la provincia y puso al descubierto la responsabilidad del Estado, que desconoció la denuncia que pesaba contra Marcos Feruglio.  

Sobre el  fin de la semana pasada, los diarios dieron a conocer tres situaciones de violencia de género que se produjeron en cuestión de horas en tres barriadas de la ciudad de Rosario. Previo a esto, varios casos habían sacudido la provincia. Romina, de 26 años y madre de dos nenes de 4 y 5  años, fue apaleada con un barrote de hierro  por su ex pareja.  La mujer se acercó al destacamento policial del municipio para denunciar a su agresor, donde se negaron a tomarle la denuncia y la derivaron  a un centro médico. El segundo caso que se registró en la localidad de Granadero Baigorria (ciudad cercana a Rosario), donde la pareja de una joven de 26 años la golpeó ferozmente hasta dejarla inconsciente y con varias fracturas en las costillas. La víctima está internada en el Hospital Eva Perón mientras su agresor permanece en libertad. Otro caso estremecedor  fue el de una humilde almacenera de 29 años en Villa Banana, brutalmente violada, golpeada y apuñalada por un vecino que habitualmente le pedía “fiado”, ataque que se produjo frente a su hijo y su sobrino. Ella se encuentra internada en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y su agresor sigue prófugo. 

En lo que va del año se produjeron 19 femicidios  (la mayoría en Rosario) muchos de los cuales fueron advertidos por las víctimas con denuncias previas en diversas instancias estatales. Sólo en la ciudad de Rosario se registran 600 denuncias en las fiscalías por violencia de género, lo que contrasta con que en Rosario haya únicamente dos casas refugio para las mujeres que sufren violencia de género, en una ciudad de casi medio millón de personas. Contamos con dos leyes de emergencia (municipal y provincial) que sólo han servido como cortina de humo. 

A este crecimiento exponencial de la violencia doméstica, se suma la violencia institucional en los hospitales públicos de la provincia. Una de las redes de socorristas denunció en el Ministerio de Salud Provincial  que tanto en el hospital Iturraspe como en el Cullén  todos los médicos del servicio de Ginecología se negaban a realizar abortos no punibles (ANP), incluidos quienes no estaban anotados en el Registro de Objetores de Conciencia (Uno Santa Fe, 8/11).

El Iturraspe es malamente famoso porque allí se le negó el tratamiento oncológico a Ana María Acevedo, una joven pobre de Santa Fe que cursaba un embarazo. En nombre de la "defensa del niño por nacer" se condenó a Ana María a una muerte lenta y dolorosa. Luego de  ocho años de este crimen, el Estado provincial reconoció su responsabilidad en este tratamiento inhumano e indemnizó a los familiares de la joven. Sin embargo, no cambió el fondo de la cuestión: el hospital tiene a todo su equipo como objetor de conciencia y no toma los casos de abortos terapéuticos contemplados por ley. El autoproclamado gobierno progresista de Santa Fe no ceja en su ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Luchemos por una salida

Este cuadro, junto con el narcotráfico y el delito organizado que se cobran la vida de ciento de jóvenes en las barriadas populares, es el resultado de la política de quienes hoy gobiernan la provincia. La profundización del ajuste del "socialismo" sojero del Frente Popular Cívico y Social agudiza la descomposición social que atenta  en primer lugar contra la vida de la clase trabajadora santafesina.

Se hace absolutamente indispensable la organización independiente de los partidos de gobierno y la denuncia al Estado como garante del sometimiento que vivimos las mujeres. Desde el Plenario de Trabajadoras planteamos  la necesidad de  poner en pie un Consejo Autónomo de la Mujer, con independencia económica y política, que luche exclusivamente por los derechos de las mujeres, entre ellos, la creación de centro integrales de la mujer y casas refugios en toda la provincia monitoreados por las organizaciones de mujeres y sus trabajadoras.