El viernes 22, la Cámara de Apelaciones de San Martín dejó en libertad a 4 de los 5 detenidos por el secuestro y femicidio de Araceli Fulles por falta de pruebas para incriminarlos. Lo más grave de la resolución judicial es que, bajo el eufemismo de “ineficiencias en el sistema investigativo”, se reconoce un operativo de encubrimiento desde el Estado: “deficiencias” en torno al trabajo de peritos y fuerzas de seguridad –mala conservación de las pruebas y la instalación de “pistas falsas”- que plantean inclusive la posibilidad de abrir una causa penal contra los encargados de llevar adelante la investigación. 

 

Las fuerzas de seguridad del distrito, cabe recordar, también están comprometidas en la cadena de hechos delictivos que llevaron al asesinato de Araceli –Asuntos Internos de la Bonaerense debió separar a tres policías acusados de filtrar información e interferir en los rastrillajes mientras ésta permanecía desaparecida.

 

Asimismo, la madre de Araceli denunció que el mismo día en que liberaron a los cuatro acusados, uno de ellos, Hernán Badaracco, hermano del principal acusado, amenazó de muerte a un testigo.

 

Estos últimos acontecimientos exponen nítidamente la descomposición de las fuerzas de seguridad, y la protección que reciben de jueces y fiscales.

 

El crimen ocurrió en abril de este año, en la localidad de Loma Hermosa, y desató una movilización popular que dejó en evidencia la participación del Estado en el encubrimiento del crimen. El principal acusado, Darío Badaracco, escondió el cuerpo de Araceli en su casa, durante 27 días, enterrado y tapado con cal. Durante ese tiempo, Badaracco declaró en más de una oportunidad ante la fiscal Graciela López Pereyra, quien tras tomarle testimonio lo mandó a "tomar mate a su casa" pese a ser el principal sospechoso, como denunció Ricardo Fulles, padre de Araceli. La fiscal también se negó a cambiar la carátula de la causa, que fue “averiguación de paradero”. Para ella, Araceli siempre estuvo “perdida”.

 

San Martín, distrito gobernado por el pejotista Gabriel Katopodis desde 2011, se convirtió en una zona liberada para femicidas. Se registran los índices más altos de la provincia, con un 8,9% del total de femicidios de la provincia de Buenos Aires en 2016, índice que crece año tras año. El entramado del crimen de Araceli demuestra el vínculo entre la policía y el poder judicial con las bandas que secuestran y matan mujeres. Las bandas criminales tienen zonas liberadas.

 

El intendente tiene una responsabilidad política ineludible. Las cámaras que ha instalado por el municipio, las cuales las ha presentado como una iniciativa para “luchar contra el flagelo de la inseguridad” no han servido para esclarecer ningún caso de secuestro de mujeres, ni de narcotráfico. El intendente solo las utiliza para perseguir y criminalizar a la juventud del distrito.

 

Denunciamos que el aparato estatal de jueces, fiscales y policías está allanando el camino para que la muerte de Araceli quede impune.   

 

La organización de las mujeres, con independencia política de los gobiernos de turno y de sus partidos del régimen, es la condición indispensable para enfrentar esta violencia organizada que viene de las más altas esferas del poder político, económico y eclesiástico.