En diciembre de 2012, cuando se conoció el fallo absolutorio a todos los imputados por la causa Marita Verón, se produjo una semipueblada, donde miles de personas salieron a repudiar el fallo y al propio Alperovich como responsable de la impunidad en la provincia. Era la época en que el gobierno de CFK impulsaba la "Reforma Judicial".

Bajo esas circunstancias, desde la propia Fundación que preside la madre de Marita, Susana Trimarco, levantaron todas las convocatorias planteadas para esos días para darle continuidad a la lucha contra la impunidad. En sustitución de ello, desplegaron una gran acción destinada a impulsar el juicio político a los miembros del Tribunal, postura que estaba en sintonía con la campaña K de cuestionamiento a la "corpo judicial".

Momentáneamente, la movilización popular se contuvo, pero reapareció el 26 de febrero de este año, al cumplirse siete años de crimen de Paulina, cuando más de 10.000 personas volvieron a cuestionar a la Justicia, pero especialmente a Alperovich.

En los meses siguientes se produjeron numerosos crímenes y delitos, que involucraban a las fuerzas policiales y, en algunos casos, a personal judicial y del aparato político oficialista.

En ese cuadro, el gobierno nacional decidió intervenir sobre el caso Paulina, cuya causa estaba paralizada desde hacía siete años, para encausar un proceso que se podría desmadrar. Así, el Ministerio de Justicia nacional designó a un abogado tucumano como veedor del expediente. Su informe fue lapidario y el fiscal tuvo que renunciar.

Desde la Nación, se promovió la designación de López Dávila como nuevo fiscal. En pocos meses, los movimientos investigativos destaparon una caja de Pandora que vino a corroborar todas las denuncias de Alberto Lebbos: el círculo de los autores del crimen comienza a cerrarse en torno del poder, cuya cabeza es Alperovich.

Por la causa principal ya hay cuatro detenidos. A dos se les imputa responsabilidad en el homicidio por haber portado el celular de Paulina a pocos días del crimen. A otros, ex jefes policiales, se les imputa responsabilidad en el encubrimiento. Son la punta del ovillo. Se esperan nuevas detenciones y muchas más citaciones. La causa ha comenzado a moverse, mucho más, con el inicio del juicio al comisario y dos oficiales encargados de la comisaría de Raco, la localidad donde se halló el cuerpo sin vida de Paulina Lebbos. Los tres policías están imputados por modificar la escena del crimen y hasta falsificar la firma de un remisero al que el jefe de Policía de aquella época acusó como autor del crimen. Todos los testigos y acusados confirmaron las imputaciones. Pero éstos últimos se justificaron destacando que cumplieron órdenes, con lo cual comprometieron a funcionarios superiores del Ministerio de Seguridad de aquella época. Seguro habrá nuevas "sorpresas".

Lo interesante de toda esta situación es que todos estos policías y funcionarios denunciados, algunos actualmente procesados, fueron y siguen cobijados por el poder, con cargos diversos y bien pagos en el propio Poder Ejecutivo.

na situación de este tipo hubiera planteado que, desde la Legislatura, se le inicie un juicio político al gobernador. Pero ello es imposible en una legislatura comprometida ella misma en innumerables hechos de corrupción y delitos más graves.

Tampoco hubo ninguna iniciativa de parte de las bancadas opositoras (radicales, DC, PRO y bussistas). De ninguno de ellos surgió la iniciativa de reclamar la interpelación al ministro de Seguridad o al secretario de Derechos Humanos, no hablemos del propio gobernador.

Ya en 2006, en la Convención Constituyente, el bloque oficialista, pero también los que hoy son opositores, se opusieron, no sólo a la formación de una comisión investigadora independiente, sino también a una declaración de solidaridad con la familia de Paulina. En los últimos meses, en varios pueblos y ciudades del interior se han producido importantes movilizaciones por denuncias que involucraban a policías y siempre con vasos comunicantes con el poder local.

Varias de esas movilizaciones fueron encabezadas por Alberto Lebbos, quien se ha transformado en el referente indiscutible de la lucha contra la impunidad en la provincia. La Comisión de Familiares de las Víctimas de la Impunidad tiene contabilizados más de 200 crímenes impunes en la provincia. Recientemente, hubo una revuelta estudiantil que duró más de 50 días en reacción a los abusos sexuales que sufrieron algunas estudiantes.

La policía y el Ministerio de Seguridad no adoptaron una sola medida para hallar a los culpables, pero sí para detener y amenazar a los estudiantes en lucha. Es más necesario que nunca extender y profundizar la movilización popular. La Presidenta no ha tomado nota del pedido de entrevista que, en forma reiterada, le ha efectuado Alberto Lebbos.

A su vez, Alperovich ha declarado que si "alguien metió la pata, que la pague", indicando que está dispuesto a echar algo de lastre, para no tener que ir él mismo al banquillo de los acusados. El próximo 26 de febrero se cumplirán ocho años del crimen de Paulina. Desde el Partido Obrero planteamos una campaña de asambleas en todas las ciudades y pueblos donde están en curso reclamos y movilizaciones contra crímenes y delitos impunes, para unirlos en una gran movilización de apoyo a la causa de Paulina y reclamar que el propio Alperovich -que dijo a días del crimen que conocía el nombre del asesino- sea citado a declarar; que se abran todos los archivos del Ministerio de Seguridad y de la Policía, que se guardan bajo siete llaves para ocultar toda la trama de negociados y mafias con el juego, la prostitución y el narcotráfico, y por esa vía abrir un rumbo a todas las causas impunes.