Isabel salió el viernes de su casa en búsqueda de alguien que la ayude, la pareja la golpeaba y la iba a matar. Se encontró con la policía en la calle, quienes le respondieron “estamos patrullando, dirigite a la comisaria de la mujer”. Una vez allí, con la cara marcada por los golpes, se encuentra con María del Polo Obrero, quien acompaña a otra mujer a hacer una denuncia y a buscar ayuda para que no la maten. Ambas hacen las correspondientes denuncias y a su término no tienen a donde volver.

María se va con su amiga a buscar algún refugio, buscando por su propia cuenta ya que el Estado (municipio y provincia) no ofrece respuestas materiales ante estas situaciones, donde las mujeres y su familia puedan resguardarse ante un contexto de violencia de género. María, junto a su marido y otros compañeros, hicieron todo lo posible para que Isabel y su familia estén a salvo, pero por su cuenta.

 “Seguimos todos los pasos: llamamos al 911, le tomaron los datos y no se volvieron a comunicar. Sin saber qué hacer, llamamos a la línea 144, luego de mucho intentar, la tranquilizaron y le dijeron que vaya al otro día a hacer la denuncia… al otro día. Yo tenía miedo que la encuentre y la mate… él la estaba buscando para matarla… llamamos a la comisaria de la mujer de San Justo, pero le correspondía a la comisaría de Laferrere, tuvimos que salir para allá.”

 Estas son dos de las muchas travesías que tienen que transitar las mujeres para poder salir de la situación de violencia a la que se encuentran sometidas. Son ejemplos de cómo las mujeres quedan libradas a la buena voluntad de ellas mismas, sus amigas o conocidas.

Aunque esta es una situación a la que nos enfrentamos constantemente en los barrios de La Matanza, la situación se agrava con la cuarentena por el Covid-19. En las situaciones límite, a las mujeres violentadas se les complica mucho salir del hogar (con o sin cuarentena), pero mas difícil aun es acceder a los recursos del Estado, más allá de la propaganda del Ministerio de las Mujeres, a nivel provincial y nacional. El reforzamiento de la línea 144 resultó una farsa; los WhatsApp que habilitaron tardan dos y hasta tres días en responder; las denuncias en el 911 no se viabilizan; las mujeres deben transitar sin permisos hasta las comisarias, mientras los violentos hacen caso omiso a medidas de restricción adoptadas con anterioridad al aislamiento obligatorio.

La policía se dedica a perseguir a los vecinos en la calle, pero no a los violentos que amenazan de muerte a las mujeres. El Ministerio de las Mujeres pone muchísimo dinero en publicidad de sus líneas de contención, pero no pone presupuesto para que las mujeres tengan recursos para salir de esas situaciones. Lo mismo vale para la provincia de Buenos Aires y para el desfinanciado de las políticas de género en La Matanza.

Planteamos una serie de reivindicaciones inmediatas: que el Estado garantice el cumplimiento de las perimetrales y exclusiones de hogar y el seguimiento de cada caso. Un subsidio de $30.000 para todas las mujeres precarizadas y en situación de violencia. Construcción de diferentes espacios que sirvan como refugios para las mujeres y sus hijes, y que cuenten con profesionales que contengan a las mujeres violentadas. Por un Consejo Autónomo de Mujeres con mujeres electas a partir de los 13 años y presupuesto para actuar. El Estado es responsable.