“El pasado 24 de septiembre, Luis María Rizzi y Javier Anzoátegui -jueces de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº8- ordenaron extraer testimonios en el marco de una sentencia que condenó a un hombre a 35 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas y homicidio. En ese entonces pidieron que se investigue la comisión de ‘un delito de homicidio’ en el contexto de la aplicación de una Interrupción Legal del Embarazo a la víctima de la violación. En su denuncia, calificaron de ‘sicarios” y ‘asesinos a sueldo’ a los profesionales de la salud intervinientes (…)”.

“Anzoátegui fue ascendido en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner por el entonces ministro de Justicia Julio Alak al cargo de Juez de Cámara luego de llevar la investigación por la cual Fernando Carrera fuera condenado injustamente a 30 años de prisión en el caso documentado en el Rati Horror Show de Enrique Piñeyro.”

Estos extractos de una nota original de la Agrupación Bermellón de empleados judiciales en Prensa Obrera, ilustra al respecto de que quien designa a los jueces es el poder político y que su responsabilidad debe ser puesta en evidencia ante la oleada de persecuciones contra las mujeres pobres que se suceden por parte de dicho poder del Estado.