El inicio de año nos estremeció con la violación de una marplatense de 14 años en manos de cinco varones de entre 21 y 23 años. El abuso se produjo en el camping El Durazno de Miramar, donde la niña había ido a pasar año nuevo con su familia. Sus padres la encontraron con signos manifiestos de violencia en la carpa de los abusadores, a quienes debieron retener hasta la llegada de la policía.

El subcomisario de Miramar, Andrés Caballero, no preservó la escena ni ordenó el traslado inmediato de los acusados para la realización de pericias médicas. Ante ello, para evitar la fuga de los acusados, debió ser separado de su cargo. La misma maldita policía bonaerense que hoy demora los procedimientos es la que secuestró, violó y mató en 2001 a Natalia Melmann en la ciudad.

En Mar del Plata y en Miramar cerramos el año enfrentando el fallo absolutorio para los femicidas de Lucía Pérez y el nuevo otorgamiento de salidas transitorias (sin pulsera ni custodia) a los femicidas de Melmann. No es casual que iniciemos el 2019 de esta manera. Estos fallos, así como el ataque de la corporación judicial marplatense al movimiento de mujeres, son mecanismos indirectos mediante los cuales el Estado promueve la violencia hacia las mujeres, garantizando la impunidad de los culpables y responsabilizando a las víctimas por los ataques sufridos.

La Dirección de Políticas de Género de Mar del Plata (ex Dirección de la Mujer), que recibió 13 llamados por día en la línea de ayuda durante el primer semestre de 2018, hoy cuenta con una sola psicóloga y dos abogados rotativos. Mientras la provincia cuenta con la mayor cantidad de femicidios al año (88 sobre 251 en todo el país, según el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo), el intendente marplatense Carlos Arroyo ha calificado la lucha contra la violencia de género como “una moda”.

Este abuso aberrante pone de manifiesto, en primer lugar, que la violencia de varones contra mujeres cuenta con amparo estatal y que es este mismo amparo el que la legitima y estructura. Son los organismos del Estado los que no respetan ni la palabra ni la vida de las víctimas, de los sectores vulnerables, de la infancia y de la juventud, los que garantizan la impunidad y, por tanto, terminan por promover la naturalización del abuso y la violencia hacia las mujeres y disidencias.

La violencia contra la mujer no se explica de forma aislada, sino como resultado de un régimen que se estructura sobre la violencia y que en su descomposición nos condena a una barbarie cada vez mayor.

Tomemos en nuestras manos la tarea de reforzar la organización y la movilización de las mujeres junto al conjunto de la clase trabajadora, porque el fin de la violencia contra la mujer solo va a venir de la mano de nuestra organización contra todas las formas de explotación social. Ganemos las calles contra la violencia y la impunidad. Ni una menos. El Estado es responsable.