La presentación del proyecto de ley del aborto legal, que envió el gobierno al Congreso de la Nación, generó un debate en torno a la objeción de conciencia, particularmente al interior de las filas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, ya que la médica que llevó el caso FAL hasta la Corte Suprema, la Dra. Manzano, se expresó de forma muy crítica ante el mismo.

El proyecto gubernamental admite la objeción individual y su formulación abre las puertas a la objeción por ideario institucional: es decir, a que todos los profesionales de una institución se declaren objetores, ya sea por elección o forzados por cuestiones empresariales o institucionales, y que esto finalmente se traduzca en una negación del derecho al aborto. Algo que resulta fatal en provincias y regiones enteras del país donde no hay profesionales no objetores y que hoy someten a torturas a las mujeres y niñas o encarcelan a quienes necesitan acceder a la práctica.

En esta línea, el proyecto establece que el médico objetor deberá “Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones”, quedando por detrás de lo establecido, incluso, en la media sanción del 2018, en la cual la formulación precisaba que la objeción individual no podía convertirse en un instrumento para negar la atención.

La médica Stella Maris Manzano dio su opinión desde su facebook en términos muy duros: “Todos los médicos de todos los hospitales públicos del país pueden volverse objetores con esta ley […] Las pobres se deben conformar con no ir presas si abortan antes de las 14 semanas […] Además si una mujer muere por un aborto no consentido (no saben lo fácil que es robar un consentimiento de una historia clínica) iremos presas por 15 años, porque es un homicidio doloso, no culposo […] Alberto Fernández, mejor decí que no querés legalizar, solo despenalizar. Y nunca más digas que estás a la cabeza de la lucha feminista. Deci que queres que nos conformemos con las clínicas de aborto para las que pueden pagarlas”. El descargo de la Dra. Manzano es mucho más largo, y corresponde rescatarlo no sólo porque es una médica que habla desde su experiencia y de la de decenas que la compartieron con ella o le pidieron ayuda, sino porque su crítica la hace desde un lugar de apoyo al gobierno de Alberto Fernández.

En un país donde los médicos amparados por las iglesias, su aparato jurídico y por las empresas o instituciones niegan el acceso a este derecho a mujeres pobres y a niñas, violando incluso la ley que desde 1921 establece causales para la práctica del aborto legal, esta formulación que apela a la “buena fe” es definitivamente una burla. Por otra parte, la misma tampoco obliga a las instituciones a prestar la atención y por lo tanto todo lo que no se prohíbe,puede ser llevado adelante por estos sectores. Está planteada entonces la completa negación del derecho en regiones enteras del país. La Dra. Manzano, que llevó adelante la atención de la joven sobre la que dictaminó el fallo FAL, tiene buenos motivos para enojarse.

No hay grietas cuando se trata de beneficiar a la Iglesia y a sus empresas. La ley de educación sexual existe desde 2006, pero no se implementa porque la misma admitió que las instituciones pudieran impartir educación sexual en función de su “ideario institucional”. La diputada Romina Del Plá fue la única que propuso la modificación del artículo referido a la objeción para que sea eliminado de la ley, algo totalmente resistido por la bancada oficialista y la macrista. Tenemos experiencia que dicta que nuestra preocupación por esta formulación, que puede convertir en papel mojado a una ley, es lícita y absolutamente real. Deberemos seguir movilizadas para garantizar que el derecho al aborto sea ley y llegue a los sectores que más lo necesitan.

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