La concejala por el Frente para la Victoria de San Antonio de Areco, Angelina Zapico, fue denunciada penalmente por ser propietaria de un prostíbulo y participar como accionista en otros dos, todos los cuales funcionan bajo la cobertura de cafés o whiskerías. Según consta en una cámara oculta realizada por La Alameda, las mujeres en situación de prostitución, la mayoría de origen extranjero, pagan un ingreso de 250 pesos como derecho de admisión para prostituirse en el local y 130 por cada “cliente” al encargado del “Café Orleans”.

Todos los locales están ubicados en pleno microcentro porteño, el pasaje turístico por excelencia de la ciudad, repleto de hoteles y cuevas financieras. Zapico fue miembro de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y directora de Tierras de la provincia.

Este no es el primer caso de funcionarios involucrados en este delito. Recordemos que luego de la salida de Jaime Stiuso del círculo de espías del kirchnerismo, fue clausurado el prostíbulo “Anchorena”, en Recoleta, propiedad del espía de la ex Side, Raúl Martins, por el delito de trata de personas. Luego, salió a la luz una denuncia que llevaba más de un año cajoneada: una red de proxenetismo en Río Negro, que tenía por víctimas a niñas asiladas en un instituto de menores en manos de altos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, junto a funcionarios del Ministerio de Salud, jueces y empresarios bajo el silencio cómplice del gobernador, Alberto Weretilnek. El antro de Martins tuvo el amparo político del macrismo (el mismo Mauricio Macri aparece en varias fotografías con el espía) y de los K (el delito de trata es federal) hasta la crisis que se desató con la muerte del fiscal Nisman.

A tres años de sancionada la ley contra la trata de personas, apenas un puñado de proxenetas están presos y ni una sola red ha sido desmantelada ni se conoce el destino de las 8.000 mujeres liberadas que anuncia la página del Ministerio de Justicia. La desaparición de mujeres y niñas continúa, mientras siguen en esa condición otras cientos.

A la connivencia de las fuerzas represivas del Estado y el Poder Judicial con este delito se suma el fenómeno extendido en todo el país de que los propios funcionarios estatales participan en la explotación de la esclavitud sexual, ya sea como organizadores de este fabuloso negocio capitalista o como consumidores.

Este régimen político es incapaz de resolver la violencia social contra las mujeres, que ellos mismos convierten en una fuente de negocios. Organicemos una lucha política de las mujeres contra este régimen social que nos denigra y esclaviza.