La violación colectiva perpetrada en 2012 por la “Manada de Chubut” -un grupo de seis hijos de políticos y grandes empresarios- fue denunciada pública y penalmente en 2019. A pesar de que los hechos fueron avalados por 60 testigos, los agresores Joaquín Pérez, Ezequiel Quintana, Leandro del Villar, Luciano Mallemaci, Robertino Viglione y Tomás Soriano, gozan de una total impunidad.

El caso volvió a cobrar notoriedad en los medios de comunicación con la noticia de que, a horas de un nuevo aniversario del Ni Una Menos, fue dictado un nuevo sobreseimiento a solicitud de la defensa. De los seis responsables, cinco fueron imputados y, de ellos, tres fueron sobreseídos. Joaquín Pérez, aunque reconocido por la víctima como participante, no fue imputado; Robertino Viglione y Tomas Soriano fueron sobreseídos por ser menores de edad, pero la defensa de éste último fue más allá al argumentar que “solo tenía la puerta”.

Al mismo tiempo, se conoce la noticia del arribo de un acuerdo entre los defensores y la fiscalía, a cargo de Fernando Rivarola, quien solicitó al juez un juicio abreviado para los tres imputados. Para hacer posible el acuerdo se produjo el cambio de la calificación jurídica de “abuso sexual con acceso carnal” a “abuso sexual simple” y la fiscalía pedirá tres años de prisión en suspenso: de esta manera se garantiza que los violadores no pasen un solo día en la cárcel. No satisfecho con esta maniobra el fiscal Fernando Rivarola declaró en su dictamen que la violación colectiva “es un accionar doloso de desahogo sexual”. Rápidamente el caso tomó un alcance de repudio a nivel nacional. El juez Marcelo Nieto Di Biase, en audiencia fijada para la semana que viene, deberá resolver si acepta el juicio abreviado propuesto.

Fernando Rivarola es un claro ejemplo de los vínculos estrechos de encubrimiento entre la justicia, el poder político y la férrea defensa del régimen social imperante. En el pasado le pareció razonable que uno de los imputados no se hubiese presentado por estar administrando su empresa en Miami: un claro beneficio que solo reciben los “hijos del poder”. Su trayectoria es conocida en la provincia de Chubut: ha sido el fiscal que recibió y utilizó información producto de espionaje ilegal a militantes y activistas contra la megaminería en causas abiertas contra miembros de pueblos originarios, por la que fue sobreseído y premiado con un ascenso a jefe de fiscales de la ciudad de Rawson.

En esta oportunidad, sobre la base del más profundo rechazo popular a sus declaraciones, el gobernador Mariano Arcioni aprovecha para intentar mejorar su imagen y se suma a exigir un jury (procedimiento de juzgamiento de los miembros del Poder Judicial) para el antes condecorado Rivarola. Nada hermana al movimiento de mujeres con Mariano Arcioni, que ha estado al frente de abusos y vejaciones policiales hacia mujeres y trabajadores, recrudecidas durante la cuarenta y siendo quien impulsa una política que pondera el pago de la deuda usuraria y fraudulenta por encima del presupuesto para atender los casos de violencia y abuso hacia la mujeres; no garantiza las ILE y niega el salario en tiempo y forma para las y los trabajadores estatales. Mientras crecen en la provincia la pobreza, los despidos, las suspensiones y las rebajas de salario.

La repudiable afirmación que equipara una violación con un acto de desahogo sexual remite a un término absolutamente regular en la jurisprudencia Argentina. Expone de modo brutal la naturalización de la violación y las relaciones de opresión y dominación que sufren las mujeres bajo este régimen social, desnudando al Estado en tanto reproducción de intereses del capital, reproduciendo el sometimiento de las mujeres con sus leyes y funcionarios.

El movimiento de mujeres y disidencias de conjunto, con la totalidad de la clase trabajadora, debe exigir la condena efectiva para los hijos del poder y la expulsión de Rivarola. Para enfrentar el entramado de encubrimiento entre el poder político y judicial proponemos la elección de jueces y fiscales mediante el voto popular y revocabilidad de los cargos. Cada caso de abuso y femicidio expone la responsabilidad política del Estado de la mano del accionar de la policía, la justicia y el poder político. Por todo esto decimos que Arcioni se tiene que ir, producto de la movilización popular y la organización independiente de las mujeres, trabajadores y la juventud que imponga nuestros reclamos.

Fuera el fiscal Rivarola.

Que jueces, fiscales y funcionarios sean elegidos por el voto popular y con mandato revocable.

Juicio y condena efectiva para los violadores hijos del poder.

Basta de abusos y femicidios.

Ni Una Menos. El Estado es Responsable.