El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), órgano dependiente de la cartera de Carolina Stanley en Desarrollo Social y Salud, despidió a la trabajadora Paula Ferioli por hacer uso de su licencia por violencia de género alegando “faltas abundantes y menor productividad”.

Desde el 2017, Paula comenzó a sufrir violencia física y psicológica por parte de su ex pareja a quien logró denunciar e imponer una medida perimetral. Naturalmente, esta situación de violencia  trajo consecuencias tanto en ella como en sus hijos, lo que la obligó a tomarse licencias médicas y licencia por violencia de género, cuando esta última fue finalmente implementada. Frente a la  dramática situación que ella estaba atravesando, la patronal comenzó una persecución que terminó con su despido el pasado 1 de julio.

Cabe mencionar que desde noviembre del 2018 se incorporó al convenio colectivo de trabajo de las estatales la licencia por violencia de género, y en enero se aprobó el "Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género" con lo cual no solo se incorporan al régimen de licencias el de violencia de género, sino que las autoridades deben “brindar acompañamiento a quien sufra violencia intrafamiliar y/o doméstica”. Lejos de ello, con el despido de Paula el gobierno nacional desconoce los derechos de las trabajadoras, se desentiende de las responsabilidades asumidas y suma su propia cuota de violencia, despojando a la compañera de su fuente de trabajo.

El accionar de las autoridades del INAES devela la situación en la que muchas trabajadoras estatales nos encontramos sometidas: contratos precarios temporales que habilitan a jefes a despedir sin justificación alguna, régimen de licencias insuficientes que nos obligan a utilizar artículos que no se corresponden con la problemática que atravesamos y que se conjugan con licencias que no son respetadas; régimen de presentismo que obliga a trabajadoras y trabajadores a asistir incluso enfermos para no sufrir una rebaja del salario frente al magro salario que tenemos y que termina oficiando de justificativo para el despido. Un régimen que castiga mayormente a las mujeres, quienes hacemos un mayor uso del régimen de licencias dado que las tareas de cuidado de niñes y mayores en general recaen en nosotras. 

En ocasión de la publicación del Protocolo de actuación desde Tribuna Estatal señalamos los límites del alcance de la licencia conquistada. Lo que suponía un avance en términos de derechos para las mujeres, es usado de justificativo para el despido de una trabajadora violentándola doblemente, porque no solo no se reconoce su derecho a esta licencia, sino que además se la utiliza de justificativo de despido y se despoja a la víctima de todo sostén económico fundamental para afrontar una separación y sostenimiento económico del núcleo familiar. Para avanzar en una efectiva implementación de la licencia por violencia de género, no podemos hacer abstracción de la violencia institucional que implican los regímenes de contratos precarios y la miseria salarial. El despido de Paula, lamentablemente, es un claro ejemplo en ese sentido.

Dato no menor es que, la misma patronal que nos precariza, ajusta y despide sin ningún tipo de reparos, enmascara su accionar detrás charlas sobre la violencia de género en el marco de la “Ley Micaela”, haciendo uso de este sentido reclamo del movimiento de mujeres.

Es el propio Estado quien garantiza las condiciones sociales que viabilizan la violencia hacia nosotras, por ello resulta fundamental continuar nuestra lucha por la puesta en pie de un Consejo Autónomo de Mujeres para que gestione, fiscalice e implemente políticas inmediatas en favor de las mujeres, independiente del Estado, de sus intereses de clase y de las iglesias. Este consejo autónomo tendría capacidad de aplicar las medidas urgentes y transitorias, con casas refugio, presupuesto propio, centros de asistencia con trabajadores en planta permanente, que desarrolle talleres contra la violencia, luche por el aborto legal y por la definitiva separación de la Iglesia del Estado.

Desde Tribuna Estatal exigimos la reincorporación inmediata de Paula al INAES, y llamamos al conjunto de las trabajadoras a organizarse, desarrollar asambleas y conformar comisiones de mujeres en todos los organismos estatales, para desarrollar un programa para la mujer que enfrente la parálisis a la que la burocracia de UPCN y ATE nos someten, y luche por:

• Efectiva implementación de la licencia por violencia de género
• Ampliación de las licencias por maternidad, paternidad y familiar enfermo. Incorporación de todas las licencias al régimen de presentismo.
• Cumplimiento de la ley de jardines materno-paternales y lactarios en todas las dependencias estatales.
• Fin de la precarización de las trabajadoras y pase a planta permanente.
• Abajo el régimen de productividad!