El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de personas. Una fecha instalada desde la Conferencia mundial de la Coalición Contra el Tráfico de personas y la conferencia de Bangladés, 1999. La fecha recuerda a la Ley Palacios (Ley Nro 9143 – Argentina, 1913) por ser el primer marco legal a nivel internacional que pretende combatir este enorme negocio capitalista, otrora conocido como “trata de blancas”.

En el año 2000 fue propuesto el protocolo de Palermo o “Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños” que en mayo de este año fue ratificado por 176 países del mundo.

Según la definición de la ONU: “la trata de personas es ‘la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una personas que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación’. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajo o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

Aún con este recorrido y después de más de un siglo, la trata afecta a 40 millones de personas anualmente e involucra una red internacional entre diversos países que pueden oficiar de origen, tránsito o destino. Lejos de disminuir, se convierte en un negocio cada vez más redituable. Situación que solo se entiende si se relaciona esta actividad con la connivencia de los Estados, incluso los firmantes del Protocolo.

No se puede soslayar que en momentos de crisis y retroceso económico, proliferan estas actividades clandestinas cuyas ganancias a nivel internacional ha desplazado a otras como el tráfico de armas. En este sentido, las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad son las más afectadas: mujeres, niñas y niños arrastrados por la pobreza y el hambre, utilizados como medio para aumentar la tasa de beneficios.

Este dato y la actual crisis económica producida por el Covid-19 y la pandemia, son el caldo de cultivo para que el imperialismo de rienda suelta al tráfico y la explotación, sobre todo la explotación sexual.

Según datos recientes la OIT asegura que 1.500 millones de personas se quedarán sin empleo en el mundo durante y después de la pandemia (Página 12, 20/4). “Esta franja de trabajadoras y trabajadores pasarán a incrementar el enorme universo de personas vulnerables que serán sometidas a todo tipo de vejámenes al servicio del lucro capitalista. La mayoría serán mujeres y niños. Para el momento de escribir esta nota, sólo en Argentina y basados en proyecciones conservadoras, Unicef calcula que en diciembre de 2020 la pobreza entre niños y niñas alcanzará el 62,9%. (Biasi, EDM, 2020).

En nuestro país, en el 2008 y como consecuencia de la enorme movilización popular que motivó la desaparición de Marita Verón (2002) y ante el crecimiento de la desaparición de pibas de las barriadas se aprobó una Ley contra la Trata de Personas. La misma vino de la mano del kirchnerismo (Vilma Ibarra- Cristina Fernández y Aníbal Fernández) y, aunque pretendía ser una medida progresiva, sostenía fuertemente “el consentimiento de las personas mayores de edad”, como si la coerción y las amenazas sobre las víctimas y familiares no existiera. De ese modo, se garantizaba a las mafias que trafican con seres humanos el argumento legal para encubrir el negocio de la explotación. Ni hablar que ni siquiera se explicitaban mecanismos para la incautación de bienes de los tratantes y que las políticas de asistencia a las víctimas estaban completamente ausentes.

Según el Ministerio de Seguridad, entre 2016-2018 se rescataron unas 2.797 personas, la mayoría mujeres de 18 a 35 años pero también niñxs que son explotados desde los 13 años: argentinos, bolivianos, peruanos, entre otros, recorren el NEA y NOA. Lo que el Ministerio no menciona es que la mayoría son devueltos a sus lugares de orígenes sin ninguna asistencia y con la probabilidad cierta de ser captados nuevamente por los mismos tratantes o violentados como forma de amedrentamiento.

El presupuesto recientemente presentado y por el que “Desde el Ministerio de Economía señalaron que el de 2021 se trata del “primer presupuesto con perspectiva de género” porque “contempla una batería de políticas que contribuyen a reducir las desigualdades” (La Nación, 22/9), no registra el tema. Claramente es así porque el gobierno protege el proxenetismo y junto al reforzamiento policial resultan políticas que orientan la situación hacia el ocultamiento de las responsabilidades del Estado con relación a la trata.

La trata de personas es un enorme negocio. La verdadera lucha contra este flagelo implica confrontar con el Estado capitalista, desmantelar redes de complicidades y beneficios que involucran políticos, funcionarios de diferentes niveles y países, fuerzas de seguridad y otros estamentos del Estado que actúan organizadamente con mafiosos y rufianes a nivel internacional.

Terminar con esta situación de comercialización y deshumanización requiere de una organización independiente del Estado y todos sus cómplices.