El 23 de septiembre ha sido adoptado como una fecha de lucha contra la trata de personas, en conmemoración de la sanción de una Ley del diputado socialista Alfredo Palacios del año 1913, referida a la penalización de la explotación sexual en Argentina. Las leyes no impidieron, en más de un siglo, el crecimiento de la trata y su profundo entrelazamiento con el Estado y la policía (ver: A 103 años de la Ley Palacios). El  caso Sandra Cabrera es emblemático al respecto.

 

Sandra era prostituta y participaba de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Fue asesinada en el año 2004, en Santa Fe, por denunciar la explotación sexual de niñas de 12 años edad  y el narcotráfico a manos de la policía de la División Moralidad de la provincia y de la Policía Federal. (ver: Caso Sandra Cabrera: Estado e impunidad).

 

Su caso fue encubierto por todos los gobiernos que se sucedieron desde ese momento a esta parte, desde PJ al Frente Cívico y Social, y convivieron y conviven con las mafias policiales.

 

Pese a que en 2004 y como consecuencia de este crimen se disolvió la División Moralidad de la policía santafecina, nunca  se esclarecieron las responsabilidades materiales y políticas de este crimen mafioso, cometido con un arma reglamentaria de la policía. En 2007, fue liberado el único policía comprometido en la causa. 

 

La impunidad en el asesinato de Sandra Cabrera abrió las puertas al narcoestado que hoy se vive en la provincia. 

 

Por Sandra, justicia

 

Su caso quedó en el olvido durante 12 años. La actividad de la organización en la que participaba Sandra, AMMAR, dio un  giro total durante la “década ganada”. Su dirección fue cooptada, relegó las denuncias contra los abusos policiales y las responsabilidades políticas para pasar a militar porque las mujeres empujadas a la prostitución fueran reconocida como “trabajadoras autónomas”.

 

La red de trata de personas que funcionaba ligada al secuestro y traslado de niñas de 12 años, nunca fue ni siquiera denunciada por los gobiernos de Santa Fe.

 

Aníbal Fernández, por esos años jefe de la Policía Federal, poco tiempo después lanzó una Ley de Trata de Personas que protegía a los empresarios del rubro. Las pruebas de esto están a la vista, luego de 8 años de sancionada la ley, hay apenas un puñado de condenas sobre los eslabones menores de las redes, con un promedio de condenas de 4 años. Esto, por casos que incluyen la violación sistemática de niñas y mujeres, el tráfico de drogas, la amenaza a familias, abortos practicados obligatoriamente, niños nacidos en cautiverio, entre otras aberraciones. 

 

La lucha por Justicia para Sandra involucra al Estado mismo y su compromiso con los negocios prostibulares y con las drogas. Vamos al Encuentro Nacional de Mujeres reclamar una campaña nacional por el esclarecimiento del caso de Sandra Cabrera.

 

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