Esta mañana Rodrigo Eguillor, quien habría violado y privado de su libertad a una joven de 22 años a fines de 2018, fue trasladado al country donde vive con su mamá, la fiscal de los Tribunales de Lomas de Zamora, en la localidad bonaerense de Canning.

Luego de un año en la cárcel, con infinidad de beneficios, y de pasar gran parte en una clínica psiquiátrica privada, le otorgaron la prisión domiciliaria para que continúe su tratamiento psiquiátrico en la comodidad de su casa en un barrio privado.

La medida adoptada se suma a los ya cotidianos privilegios que tienen los hijos del poder a la hora de ser juzgados por el Poder Judicial. Un ejemplo claro es el reciente caso de Chubut, donde el fiscal Fernando Rivarola catalogó como “desahogo sexual” la violación en manada a una mujer, por parte de un grupo de seis personas, hijos de políticos y grandes empresarios, y sobreseyó a varios de ellos.

Una causa a disposición del agresor

Eguillor fue denunciado en 2018 por encerrar a una chica en su departamento en San Telmo, y después abusar sexualmente de ella. Posteriormente él desmintió los hechos en un video de la red social Instagram, el cual se viralizó rápidamente por la gran indignación que generó su lenguaje sexista, xenófobo, racista y clasista. Entre otras cosas, coloca a las mujeres en un lugar sumamente opresivo; desmiente e intenta humillar a la denunciante, asignándole patologías psicológicas; habla de “relaciones sexuales sin consentimiento”, naturalizándolas y omitiendo que se trata de un desmán contra la integridad física y psicológica de las víctimas.

Si bien su propio accionar, dichos e ideología denotan la reproducción de un mundo de privilegios donde mujeres o trabajadores deben vivir e incluso someterse para el disfrute de quienes poseen el poder económico o social, es también la justicia quien ha reafirmado a lo largo del caso esta postura.

A pesar de que ya se había detenido, imputado y procesado a Eguillor, el titular a cargo de la causa en ese momento, Eduardo Cubría, aceptó el pedido de la defensa de discontinuar el proceso del juicio debido a que “las facultades mentales de Rodrigo Eguillor no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales, desde la perspectiva médico legal”.  De esta manera resolvieron trasladarlo primero al sector psiquiátrico de la Cárcel de Ezeiza, conocido como “Prisma”. Luego Alejandro Noceti, titular del Tribunal Oral Nº 10, concedió también el traslado a una clínica psiquiátrica privada. Si bien esta es una medida legal, es un mismo juez quien estudia los reportes médicos y determina la imputabilidad de Eguillor, lo cual da lugar a todo tipo de manipulaciones.

La actual decisión del tribunal de brindar el privilegio de la cárcel domiciliaria fue justificada a partir de la situación que genera en las cárceles y lugares de internación la pandemia, resolviendo también que así va a continuar hasta que se discuta y dictamine si Eguillor es o no inimputable, debate que aún no tiene fecha de inicio.

Cabe remarcar que la cárcel domiciliaria no es la forma de proceder con los miles de carcelarios que pasan hoy por un hacinamiento del 110% en las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, sin elementos de higiene y cuidado ante el coronavirus, ni tampoco para quienes están en los sectores carcelarios psiquiátricos. Esto no es menor, teniendo en cuenta que por otro lado la mayoría de quienes son procesados, enjuiciados y encarcelados (en gran medida sin condena firme) son de la clase trabajadora, mientras que los crímenes cometidos por funcionarios, empresarios o allegados son sancionados de manera leve, garantizando primacía y beneficios. Es así que tenemos casos impunes como el de Anahí Benitez, Paulina Lebbos, Lucía Pérez o el de “la Manada de Chubut”.

Nuevamente la garantía de impunidad que se brinda a los hijos del poder, deja en manos del movimiento de mujeres independiente, ponerse a la cabeza de repudiar el trasfondo de la prisión domiciliaria a Eguillor, como así también de organizarnos por la destitución de fiscales como Rivarola. Se hace necesaria la creación de un Consejo Autónomo de las Mujeres con presupuesto propio para organizarnos políticamente y tomar riendas en la pelea contra los abusos, la violencia y opresión. Por una comisión investigadora independiente que estudie las resoluciones tomadas. Por la revocabilidad de jueces, fiscales y funcionarios. Juicio y condena efectiva.