A dos años desde la asunción del gobierno del Frente de Todos, corresponde analizar qué resultados obtuvo el uso de la bandera de la igualdad de género, que fuera desplegada para conquistar el voto de la pujante ola verde, protagonista de la conquista del aborto legal en nuestro país.

A pesar de los anuncios y de las palabras, que superaron ampliamente a la acción, ni una medida tomada puede ser catalogada realmente como una política sólida para cambiar las condiciones de base que llevan a que en Argentina no ceda la escalofriante cifra de un femicidio diario. Los femicidios son acompañados muchas veces de infinidad de alertas ante el Estado, que los gobiernos y el poder judicial eligen desoír.

Lejos de esto, el gobierno actual se hizo eco de los planteos del macrismo en este terreno, etiquetando estos rubros en el presupuesto para disimular la ausencia de políticas de fondo y agitando entre las mujeres pobres el “emprendedurismo” y colocando subsidios para paliar el hambre como si fueran políticas para erradicar la violencia de género. Esto se demostró como totalmente falso. La fuente de financiamiento de todas estas políticas de subsidios somos ni más ni menos que las y los propios trabajadores con un mecanismo de redistribución de miseria, ya que todos esos fondos salen del Anses, que es financiado con el aporte de las y los trabajadores a través de sistema jubilatorio o a través de la recaudación fiscal principalmente del IVA que pagamos la mayoría de los trabajadores.

El empobrecimiento general tiene un impacto particular sobre las mujeres. Aunque no han parado de hablar de “tareas de cuidados”, lo cierto es que las mujeres son más pobres, el 70% de la población indigente, y la carga de los cuidados es mayor como resultado de los ajustes y de la ausencia de políticas socializadoras en este punto. La situación se agrava con los niños sin vacantes en los colegios, la inexistencia de jardines materno paternales en los lugares de trabajo, el cierre de lugares de esparcimiento deportivo y sin dispositivos ni conectividad para los pibes en edad escolar. La subejecución en este punto fue brutal y aunque prometieron entregar 600 mil dispositivos, terminaron guardando la plata para cumplir con el FMI. Un capítulo especial vale para el cuidado de adultos, quienes están condenados a ser asistidos por sus hijos como consecuencia de los recortes jubilatorios macristas y albertistas.

El acceso a la justicia no se modificó en lo más mínimo y sigue siendo una auténtica tortura para aquellas que deben recurrir a esa institución. La educación sexual integral sigue sin ser aplicada y por lo tanto la educación oficial sigue primando la educación en el sometimiento y la discriminación, principios establecidos por la moral católica que el Estado argentino asume como propios.

Los municipios y los gobiernos provinciales siguen sin tener dispositivos adecuados para atender las demandas: las oficinas de género abren entre las 10 y las 15 hs, no abren los fines de semana y su personal es insuficiente, mal pago y sin recursos. Infinidad de trabajadoras de los municipios hacen enormes esfuerzos por dar a las mujeres que se acercan instrumentos y salidas a situaciones tremendas sobre las que el estado no tiene instrumentos y políticas concretas, mientras ellas mismas son precarizadas y muchas veces también víctimas de las mismas situaciones que tienen que asistir.

Tampoco se implementaron políticas ciertas para el acceso a la vivienda, otra política de fondo para disminuir la violencia de género en el plano intrafamiliar. Lejos de impulsar planes de vivienda, los gobiernos provinciales y particularmente el de Axel Kicillof y el de Horacio Rodríguez Larreta, se dedicaron a desalojar violentamente a mujeres con hijos que huían justamente de la violencia en sus hogares. El caso de Guernica es paradigmático porque desde el Ministerio de las Mujeres de la provincia que dirige Estela Díaz, no siguieron los casos que ellas mismas empadronaron en la gran toma de 2.000 familias, luego las desalojaron violentamente y luego supimos que una de las empadronadas justamente murió víctima de un femicidio.

El 25% de las mujeres que fueron víctimas de femicidios denunciaron su situación frente al Estado y no fueron escuchadas. Por nuestro lado desde la militancia cotidiana impulsamos a hacer denuncias, mientras que por su parte los gobiernos las desaniman con sistemas absolutamente inadecuados, revictimizantes, inaccesibles y expulsivos de las mujeres más necesitadas.

Los números del presupuesto y los ritmos

El Presupuesto del Ministerio comenzó con un crédito original de $6.200 millones. Para el mes de junio sólo se había ejecutado un 20% de ese total y en el mes de septiembre se operó un aumento de los fondos del Ministerio que llegaron a triplicar el crédito original hasta los $17.600 millones de pesos, de los cuales al día de hoy sólo se ejecutó un 71%. Los dos presupuestos que más incrementaron sus créditos durante el 2021 fueron el de Turismo (que pasó de 10 mil a 40 mil millones, con una ejecución del 90%) y el de Mujeres y Diversidades.

El Ministerio ejecutó su presupuesto a un ritmo meramente electoral. Importan los ritmos de ejecución presupuestaria ya que esto muestra cuánto se atendió a las mujeres de acuerdo a los objetivos fijados. Hace apenas 15 días el Ministerio sólo había ejecutado el 53% de $17.600 millones que tenía de crédito (ElDiarioAr), y ahora con el pago de programas Acompañar (un subsidio menor por el lapso de 6 meses) alcanzó el 71% de ejecución. Esta dinámica muestra una ejecución por detrás de los fondos destinados y que se retrasó adrede para empalmar el otorgamiento de subsidios temporarios con el periodo electoral. Las mujeres que gobiernan son parte de la estrategia gubernamental de colocar en el centro de la escena el ajuste para cumplir con el FMI. Las banderas de la movilización popular que bramaba que “la deuda es con nosotras” fueron usadas para reforzar lo contrario.

Desde el Ministerio no dudaron en retrasar el otorgamiento de fondos entre una población absolutamente necesitada sólo para especular electoralmente. Para el presupuesto 2022 el monto destinado al Ministerio es un 40% nominalmente hablando más bajo que el destinado al 2021. El recorte presupuestario para la política de subsidios que tiene el Ministerio para el año es brutal. Este año se otorgaron $17.600 millones, se usaron $12.500 y para el 2022 se presupuestan $10.000 millones.

Aunque el Programa Acompañar fue anunciado el año pasado, a mediados de este año apenas se habían otorgado 800 subsidios y cuando finalmente activaron un mecanismo de inscripción para llegar a los 89 mil actuales, dicha política fue dirigida a través de las organizaciones amigas, en dispositivos revictimizadores haciendo que las mujeres hicieran colas a la intemperie frente a la cara de quienes las violentan y exponiéndolas en sus propios barrios, algo que jamás hubieran hecho con otras clases sociales. Los cuidados que las mujeres gobernando tienen para con las mujeres de clase media, no se corresponden con la atención y el trato que se les da a las mujeres de las barriadas populares. La cuestión de clase salta a la vista.

El punto central es que la política central del Ministerio en este tiempo ha sido el de otorgar subsidios temporarios y precarios, que en el mejor de los casos apenas son un paliativo que nadie puede pensar seriamente que permiten combatir la violencia de género.

Concejo Autónomo para luchar contra el FMI, el hambre y la violencia

La creación del Ministerio y las “mujeres gobernando” bajo la dirección de un gobierno que se disciplina ante el FMI nada nos aportó a las mujeres y diversidades. Ajustan, refuerzan a las iglesias, y como contrapartida hacen charlas de café sobre “género” entre funcionarias y sólo ofrecen subsidios por 6 meses a las mujeres pobres que sufren violencia.

Lo que necesitamos las mujeres es un organismo autónomo, con presupuesto propio, independiente del Estado y los gobiernos. Un Consejo autónomo que nos refuerce en la lucha contra el ajuste y el FMI, contra el oscurantismo institucionalizado en la salud, la educación y los barrios, y por la separación de la Iglesia del Estado. Un organismo electo por las propias mujeres y diversidades y con mandato revocable.

En esta perspectiva, desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero en el FIT-U convocamos a movilizar el 11 a Plaza de Mayo y en todo el país contra el acuerdo con el Fondo Monetario. ¡Las mujeres enfrentamos el ajuste!