30/05/2017

“El aborto como problema de salud”, carta de Jorgelina Signa


En mi carácter de mujer, enfermera y legisladora de Capitán Bermúdez del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, quiero expresar mi solidaridad con la “Red de Profesionales por el Derecho a Decidir” y mi total apoyo a la creación de la primera cátedra optativa del país que abordará la temática del aborto desde una perspectiva favorable al derecho de las mujeres a decidir, de los profesionales a comprender la problemática y a defender el acceso de los pacientes a la salud en general.


 


El dictado de la cátedra -que debe avanzar para transformarse en un contenido obligatorio del ciclo de grado de la carrera en la UNR y en todo el país-  es un aporte para la formación de los y las profesionales de la salud, que les permitirá identificar, comprender y afrontar muchos aspectos de los contextos sociales que rodean algunas problemáticas de salud. En el caso de la mujer ligados a quienes que no pueden costear un aborto “seguro” en el circuito clandestino, y también a las miles de mujeres víctimas de explotación sexual, trata de personas, abuso y violencia doméstica que llegan a los hospitales. La cátedra propuesta por los profesionales integrantes de esta Red, es un aporte a la educación laica y científica.


 


Es falso debatir, como pretenden quienes obturan el acceso a la salud y al aborto no punible,  entre aborto sí o aborto no, la realidad marca que la verdadera disyuntiva se da en los hospitales, en los centros médicos, en nuestras casas, es entre aborto legal vs aborto clandestino. La realidad muestra que la legalización disminuye la práctica y la vuelve segura para las trabajadoras, profesionales, estudiantes, amas de casa a las que hoy les es inaccesible. La legalización reconoce a la mujer, en parte, un estatus legal no discriminatorio, devolviéndole el derecho de decidir sobre su cuerpo. Algo que hoy el Código Penal vulnera.


 


Esta iniciativa de las y los profesionales que trabajan cotidianamente atendiendo la problemática, realidad que conozco por mi experiencia de vida laboral y militante,  representa una enorme oportunidad para impulsar el debate en todos los recintos legislativos, particularmente en el Congreso de la Nación, para que se apruebe el proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo  que ha perdido estado parlamentario sucesivas veces desde 2007 debido al rechazo del PRO, el PJ, la UCR, el Frente para la Victoria, el Frente Renovar y el Partido Socialista, entre otros, de habilitar su tratamiento en comisiones y en el recinto.


 


La responsabilidad de fondo sobre la campaña de mails de la que ha sido objeto la Facultad es de estas fuerzas políticas que han sido cómplices o funcionales en términos políticos, obstaculizando el tratamiento parlamentario en el Congreso y reforzando instrumentos que exige el clero contra las mujeres, como la formulación del “comienzo de la vida desde la concepción” en el Código Civil y Comercial o la reforma –que finalmente no prosperó- del Código Penal que apuntaba a penalizar a las mujeres por aborto. La excepción ha sido el bloque del Frente de Izquierda en el Congreso que apoyó integralmente el proyecto de Ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y aportó proyectos propios, como la eliminación de la figura del objetor de conciencia en el ámbito de la salud.


 


En el país del “Ni una Menos” la principal causa de muerte de mujeres gestantes sigue siendo el aborto clandestino, lista luctuosa a la que debemos sumar las mutiladas o cuya salud queda gravemente afectada por una práctica que de realizarse de manera segura no supone riesgos. Los bloqueos a la interrupción legal del embarazo en los hospitales provinciales, son el resultado de la selección de directores y funcionarios clericales por parte de los diferentes gobiernos y de la instalación en el ámbito hospitalario de la objeción de conciencia, principio reaccionario cuando se aplica para bloquear el acceso a la salud de las mujeres pobres.


 


Nuestro sistema de salud provincial hoy, como ayer, sigue infringiendo una  grave vulneración al derecho del acceso a la salud, como sucedió recientemente en el Hospital Iturraspe con una niña abusada de 11 años, a quien una psicóloga de la ONG “pro vida” Grávida manipuló para que llevara a término su embarazo. Hace 20 años la acción conjunta de estos grupos, impulsada por la Dirección de ese mismo Hospital, llevaba a la muerte a Ana María Acevedo, una joven madre de 3 niños. La responsabilidad sobre estos atropellos es de carácter político.


 


Por todo lo expuesto, saludamos la iniciativa de la Red de Profesionales y repudiamos las presiones de los diferentes bloques políticos y de la Iglesia tendientes a atacarla.


 


De cara al próximo 3J, llamamos a acciones masivas y de lucha por Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Ni una Menos por aborto clandestino. El Estado es responsable.

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