El caso es públicamente conocido: en la Ciudad de Buenos Aires, a una mujer violada se le negó el derecho al acceso a un aborto no punible y el derecho a la privacidad, convirtiendo su caso en un escándalo mediático. Otra situación así de negativa se conoció estos días en La Plata, aunque el mismo ya se concretó.

Para defender las posiciones ultramontanas, el jefe de ProVida y la representante de la Red de Familias se pasearon por varios medios. Su discurso y posiciones fueron caracterizadas en varios casos como marginales. Estos representantes del Opus Dei, que trasmiten la versión oficial de la cúpula del Episcopado de la Iglesia católica sobre la cuestión, son también enemigos de la entrega de preservativos, contrarios a la educación sexual científica y otras barbaridades por el estilo.

En Argentina lograron reglamentaciones contrarias a derecho en la Ciudad de Buenos Aires, con la reglamentación 1252 que quedó en vigencia luego del veto de Macri a la ley de aborto no punible. Pero también en provincias kirchneristas como Salta o Río Negro. En otras provincias K no hay reglamentaciones restrictivas, como en Misiones. Sin embargo, los abortos no punibles no se practican. Los "sectores conservadores" tienen un poder mucho mayor en la Argentina que los sectores "progresistas". La Presidenta de la Nación se inscribe entre aquéllos.

En las elecciones presidenciales norteamericanas, Todd Akin, representante del Partido Republicano por el estado de Misuri, sostiene que "hay que distinguir entre la violación ‘real’ o ‘auténtica’, que muy raras veces genera un embarazo". Los hombres y mujeres que sostienen estos principios gobiernan el mundo.

En la Ciudad de Buenos Aires, un aborto no punible, que no fue practicado por orden de una jueza ligada al macrismo, terminó autorizado días después por la Corte Suprema. Pero todos los daños que podían producirse a la víctima ya estaban hechos. Y sobre las futuras víctimas también, porque este estado de persecución en los hospitales, acompañado por directores como el del Ramos Mejía, no permiten un ejercicio libre de la medicina.

"Sectores ultraconservadores insisten en poner obstáculos", asegura Mariana Carabajal en un reportaje realizado el domingo en Página/12. La posición en favor del aborto legal de parte de la periodista está fuera de discusión. Pero no es verdad que quienes ponen los obstáculos sean "sectores ultraconservadores". No son marginales derechistas y trasnochados los que impiden los abortos no punibles, sino los gobiernos que se dicen nacionales y populares, y los derechistas. Subsidian a la secta vaticana y designan a sus seguidores en destacados puestos en el sistema de salud.

El decano de la Facultad de Medicina de la UBA es un conocido funcionario inscripto dentro de las políticas de defensa del aborto clandestino, citado reiteradas veces por Hotton y otros elementos oscurantistas. Sin embargo, la camarilla kirchnerista radical que gobierna la UBA lo sostiene con decisión en su cargo.

El Congreso debe votar una ley de aborto legal, y los casos hoy no punibles no deben tener restricciones de tiempo de gestación ni interposiciones burocráticas de ningún tipo para su acceso. Para eso es necesario encarar una lucha que ponga al desnudo la responsabilidad del gobierno kirchnerista y su política, como la de Macri en la Ciudad, de co-gobernabilidad con el poder político clerical, enemigo de los derechos de las mujeres.