El Papa Francisco durante el cierre del Año de la Misericordia anunció la habilitación de la posibilidad de otorgar perdones por parte de los curas, a médicos y a mujeres católicas que hayan practicado un aborto, siempre que demuestren “arrepentimiento sincero”. Hasta ahora Esta facultad estaba en manos exclusivas de obispos.

 

El Vaticano ratificó la caracterización clerical de la práctica del aborto como un “pecado grave” y motivo de la excomulgación.

 

La “innovación” del Vaticano profundiza las consecuencias del aborto clandestino en nuestro país, con mujeres que están encarceladas, mutiladas, juzgadas y muertas por la práctica clandestina del aborto.

Este anuncio fue presentado por la prensa como una “apertura más del Papa”, esta decisión junto con el perdón que pidió el Papa en nombre de la Iglesia a las víctimas de los curas pedófilos, más sus declaraciones de “acercamiento” de la Iglesia con las personas gays, es un intento más de contener a los fieles de la Iglesia Católica, que viene en clara decadencia. La carta “Misericordia et misera” cierra todo debate sobre el sacerdocio femenino.

 

Este cambio busca mejorar las posiciones de arbitraje del Vaticano sobre los problemas sociales que atraviesan nuestro país, como ya lo viene haciendo con éxito entre la CGT y movimientos sociales (libres del sur, ctep, ccc) para garantizar la gobernabilidad de Macri y evitar que la lucha por el trabajo, el salario y la vivienda tengan un curso político de superación a los gobiernos de la pobreza.

 

Una de las demandas que mayor masividad en las calles tuvo este año fue la lucha por el respeto al aborto no punible, y por la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

 

Dos hechos que confirman esto fueron, por un lado la campaña nacional que desplegó el movimiento de mujeres por la #LibertadParaBelen y la absolución de su condena, logró un vasto arco de pronunciamientos tanto de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, personalidades del arte y la cultura, y una adhesión popular muy fuerte incluso de mujeres religiosas, recordemos que su abogada es una integrante de la agrupación “católicas por el derecho a decidir”. Esta lucha logró su objetivo, liberamos a Belén concretando una masiva movilización en todo el país el 12 de agosto pasado, y ahora estamos a la espera de la absolución de su condena.

 

Y por otro lado, casi como una consecuencia de lo anterior, la concurrencia masiva e histórica el 31° Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, donde el principal reclamo tiene que ver con la legalización del aborto.

 

Nuestro país está en la mirada de la ONU respecto de la “violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias” y llamó la atención sobre la falta de protocolos de atención en los casos de abortos no punibles en de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa.

Luego detalló que las provincias que tienen regulaciones que cumplen parcialmente el fallo FAL o que establecen limitaciones son Salta, (decreto 1170/12), Córdoba, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, CABA y Entre Ríos. Y las que tienen protocolos que se ajustan al fallo de la Corte son Chubut, donde se originó este antecedente jurídico, Santa Cruz y Tierra del Fuego, La Rioja, Misiones, Chaco, Santa Fe y Jujuy.

 

Sin embargo, el Congreso Nacional cierra su año legislativo sin avanzar ni siquiera en el debate del proyecto presentado por sexta vez por la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal.

 

Las mujeres no pedimos el perdón del clero, pedimos aborto legal en el hospital, seguro y gratuito. Queremos separación de la Iglesia del Estado, derecho a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo en el ámbito de un reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos, pedimos educación sexual laica y basta de criminalizarnos.

 

La lucha por el aborto legal tiene que potenciar la organización de las mujeres para transformar una sociedad que nos desvaloriza como persona, como clase trabajadora.