La mamá de Lucía, la niña torturada por el sistema de salud de Tucumán por el solo hecho de solicitar la interrupción legal del embarazo como resultado del abuso que sufrió, se animó a relatar todo el calvario que sufrieron con su hija. 

En medios impresos y en un programa televisivo, Sol (nombre ficticio) puso al desnudo la maquinaria dentro los hospitales para amedrentar a las niñas y mujeres que solicitan las ILE y a los profesionales de salud para que no garanticen este derecho. Relató que todo los días la visitaba un cura, siendo que prácticamente tenía prohibido recibir visitas, quien trataba de convencer a Lucía de que siguiera adelante con el embarazo y entregara en adopción al bebé. La niña no quería que se le acercara, pero sin importarle nada, el cura todos los días la tocaba para darle la bendición. Sol también mostró que las autoridades del hospital permitían que se infiltren personas de la Iglesia y antiderechos para hostigarlas y averiguar datos sobre Lucía y su situación. 

Sol denunció que algunos médicos le daban información falsa con la cual dilataron y forzaron a maternar Lucía. No le recibieron el consentimiento informado y hasta le llegaron a pedir que firme el padre cuando no era necesario. Le pidieron dadores de sangre, prescripción totalmente innecesaria. También le pusieron inyecciones para la maduración fetal bajo el engaño que eran vitaminas para Lucía. 

La mayor denuncia de la Sol fue dirigida contra el secretario ejecutivo del Siprosa, Gustavo Vigliocco, quien era el encargado de visitar diariamente a la niña y llevar a cabo la tarea de convencerla para que continúe con el embarazo.

Llegó a decirle que Lucía podía morir si se practicaba la interrupción del embarazo y que aguantara hasta los siete meses de gestación; hasta le planteo que él iba adoptar y criar al bebé y hasta construirles una casa.

El desgarrador testimonio de Sol muestra de manera más cruda toda la violencia institucional y tortura que se descargó sobre la niña y su familia, ya denunciada por las organizaciones de mujeres y derechos humanos que las acompañan, y la naturaleza del régimen misógino, de tortura a niñas y mujeres y de impunidad en la provincia.

La situación llega al extremo que quienes están en el banquillo de acusados son los médicos que asistieron a Lucía, Cecilia Ousset y José Gijena, y garantizaron sus derechos. Buscan crear un clima de amedrentamiento entre los profesionales de la salud para que no se animen a realizar las ILE. 

Es fundamental poner pie un plan de lucha para que se vayan Chahla y Vigliocco y todos los torturadores y el cierre de la causa a Ousset y Gijena.