28/10/2016

El caso Reina Maraz: cadena perpetua por mujer, indígena y pobre

Este viernes 28 de octubre se cumplieron dos años del fallo que condenó a Reina Maraz Bejaramo, una joven quechua-parlante acusada de matar a su marido. La Policía y la Justicia provincial asumieron su culpabilidad, aun sin poder hablar con ella ni facilitarle un traductor.
Por Federico


Reina Maraz, originaria del poblado de Avichuca, en Bolivia, conoció a Limber Santos a los 17 años. Al año y medio de vivir en pareja este la abandonó, dejándola a cargo de sus dos hijos, uno de un poco más de un año, otro de meses y enfermo. Santos vino a Argentina, pero en 2009 la fue a buscar. Bajo amenaza de llevarse a sus hijos, la obligó a venir a nuestro país, luego de hacerla pasar por una “revisación médica” para comprobar si había mantenido relaciones con otro hombre. En Argentina se establecieron en la casa de unos familiares de Santos, en Villa Soldati, donde fue maltratada por todos. Una vez, tras recibir una paliza, Reina se fue de la casa, decidida a volver a su país. No pudo, la familia de Santos retenía sus documentos.


 


Más tarde se mudaron a Florencio Varela, a "Los hornos de Chacho", donde trabajaban por monedas y vivían en una pieza sin baño. Él cortaba ladrillos, ella los apilaba.


 


Una madrugada de noviembre de 2010, Santos desapareció luego de una pelea con su amigo y vecino Tito Vilcar, quien le dijo a Reina que su marido se había ido al pueblo. Días después, el cuerpo apareció enterrado en el campo donde se encuentra el horno donde trabajaban.


 


Por "asentir" cuando la fueron a buscar, la policía asumió que Reina se declaraba culpable de las acusaciones, aunque no podía entenderlas. En el juicio, la esposa del dueño del horno refutó la declaración del comisario de turno: la joven hablaba quechua y sólo podía decir palabras sueltas en español.


 


Embarazada de su tercer hijo, Reina estuvo hasta el séptimo mes de gestación en una comisaría, donde no creían en su embarazo. Luego fue llevada a la unidad 33 de Los Hornos, La Plata, donde en, agosto de 2011, nació su hija, en cautiverio. Desde su detención, en 2010, hasta el comienzo del juicio, Reina pasó tres años presa. Todo el primer año de encarcelamiento ni siquiera sabía por qué. Solo tras mucha presión de organismos de derechos humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, pudo ser acompañada por una traductora.


 


La condena


El caso cayó en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Quilmes, compuesto por tres juezas mujeres: Silvia Etchemendi, Marcela Vissio y Florencia Gutiérrez. Durante su declaración, Reina relató que Vilcar, el amigo de Santos, una noche llegó a su casa diciendo que su marido tenía una deuda con él, y procedió a violarla. Al día siguiente, ante el reclamo de Reina por lo ocurrido, Santos la golpeó hasta perder el conocimiento. En el veredicto, la jueza Vissio consideró el incidente "improbable"… porque la violación no fue denunciada a la policía.


 


El fiscal Fernando Celesia pidió la perpetua, considerando como agravante un supuesto robo de dinero a Santos, cuya existencia finalmente no se planteó durante el juicio. Tomó el sustento de una cámara Gesell realizada al hijo de Reina, en la cual el fiscal interrogó al niño de seis años como si fuese un adulto, obviando los procedimientos comunes en estos casos, como la escenificación de juegos para que el menor desarrolle desde lo simbólico.


 


Reina fue condenada por unanimidad a prisión perpetua, sin haberse comprobado fehacientemente el hecho que se le imputó.


 


La ley le permite a Reina la prisión domiciliaria hasta que su hija menor cumpla seis años, momento en el cual deberá volver a la cárcel. Mientras asesinos como José Pedraza disfrutan en la comodidad de su hogar los beneficios de una vida de traición a la clase obrera, las mujeres pobres como Reina o Belén son perseguidas por la Justicia.


 


Reina sufrió, primero, la violencia de su pareja, y luego la violencia policial y judicial por ser pobre, indígena y mujer. Exigimos su libertad y la anulación de la condena. Exigimos protección especial para las mujeres victimizadas por el Estado.


 

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