Victoria Donda, actual titular del Inadi, fue denunciada por su empleada de casa particular por no haberle pagado los haberes correspondientes, haberla tenido años en la informalidad y ofrecerle que renuncie a su trabajo a cambio de un puesto en el Inadi o un plan social.

Es la actuación típica de una puntera. La funcionaria, un camaleón político que pasó por todos los frentes patronales -desde su alianza con el representante de la banca Alfonso Prat Gay, el binnerismo, el lavagnismo y el actual oficialismo- aprendió de ellos las prácticas antiobreras y precarizantes: además del trabajo informal, presionó para convertir un despido (a pesar del decreto de su gobierno que lo prohíbe) en una renuncia, usando para ello fondos públicos; es decir, un acto de corrupción. De la mano de quien se autodefine como “progre”, estamos ante un hecho que pinta de cuerpo entero la política del Estado y sus funcionarios con el conjunto de los trabajadores, empezando por los empleados por ellos mismos con la abundancia de contratos, monotributos y otras formas de fraude laboral.

El hecho pone de relieve dos fenómenos. Por un lado, la desnaturalización de una organización que se reivindicaba de izquierda, primero Corriente Patria Libre, luego Libres del Sur, Donda como parte de esa organización intervino en la transformación en un grupo político patronal más de la mano de la cooptación al Estado. Por otra parte, como la base del punterismo, el método de regimentación por excelencia que utiliza el peronismo y el resto de las fuerzas patronales, se apoya en la arbitrariedad de la asignación de la asistencia social y el empleo en el Estado. Si, como reclama el Partido Obrero y el Polo Obrero, los planes sociales fueran universales para quienes no tienen un empleo en blanco, maniobras como la de Donda no podrían existir. Otro tanto vale para el reparto de las horas de trabajo y la existencia de una bolsa de trabajo bajo control de las organizaciones de trabajadores para garantizar la transparencia de los ingresos laborales. La base de la presión de los punteros es que quienes tienen llegada al Estado pueden conseguir lo que no está al alcance de los necesitados.

Donda puso en práctica este punterismo con una representante el gremio más superexplotado del país y compuesto mayoritariamente por mujeres. La posibilidad de ahorrarse unos pesos ganó el espíritu de la funcionaria. Billetera mata sororidad.

Hechos como el que retrata la denuncia de la empleada de Donda son moneda corriente en el gremio de trabajadoras de casas particulares. Un 75% de trabajadoras se encuentra en la informalidad; 1.4 millones de trabajadoras están por debajo del salario mínimo donde 66% son jefas de hogar. Durante la cuarentena, al igual que en el caso de la empleada de Victoria Donda, los atropellos fueron totales: hubo 600 mil despedidas, la mitad no cobró salario, el 50% trabajó durante el ASPO a pesar de estar eximidas de tareas y el 60% no cobraron el IFE.

El gobierno sigue condenando a la situación de hambre y pobreza, dando un aumento del 28% en cuotas (lo que equivale a 14 pesos por hora) y la continuidad del salario por debajo de la línea de pobreza. El Ministerio de las Mujeres, del que se jacta el oficialismo, no abre la boca ante semejante situación a la que las trabajadoras son víctimas.

La actuación patronal de Donda es la personificación del rol concreto que cumple el Estado perpetuando la brecha salarial entre mujeres y varones, al ser las mujeres las trabajadoras de los gremios peores pagos. Desde trabajadoras de Casas Particulares en Lucha venimos de una serie de movilizaciones en contra del salario de hambre y la regularización de cada empleada. Al Estado y sus funcionarios como Victoria Donda le oponemos al organización colectiva por la conquistas de nuestros derechos.