El próximo Encuentro Nacional de Mujeres, que tendrá lugar del 14 al 16 de octubre próximos, se realizará en el Chaco, una provincia convulsionada por la violencia y la opresión de la mujer, en todos los niveles.

 

Un primer punto en la agenda lo ocupa la lucha contra la violencia. El de Mariela Fernández, asesinada en junio en Resistencia, es un caso paradigmático, porque ella había realizado numerosas denuncias de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba frente a todo tipo de organismos del Estado, acompañada por organizaciones de mujeres, sin recibir ningún tipo de respuesta. La responsabilidad del Estado se manifiesta en forma directa en el desamparo de las víctimas y en lo oídos sordos frente a las denuncias, que en el caso de Mariela terminó en su asesinato.

 

Numerosas organizaciones de mujeres han reclamado la renuncia del ministro de Seguridad Martín Nievas por su inacción frente a la violencia de género –que considera un conflicto de índole “privado”–, antes y después de cada uno de los femicidios. El Partido Obrero, a través de su diputado electo Aurelio Díaz, presentará en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto para otorgar vivienda y trabajo a las mujeres víctimas de violencia, con recursos que deberán ser administrados por representantes electas por las propias mujeres.

 

La responsabilidad del Estado también abarca al poder judicial. La intervención de la fiscalía en la causa por la desaparición de Mayra Benitez fue desde el principio un ejemplo de inacción, en un caso que requiere remover la cadena de complicidades entre los poderosos del pueblo, dado que involucra al ex juez Costa (estuvo encerrada en un campo de su propiedad). La Justicia también muestra su complicidad con la violencia de los poderosos en sus sentencias, tal el caso del empresario Sebastiani, acusado de violar e intentar matar a su ex pareja, condenado a tan sólo tres años de prisión en suspenso a pesar de los graves delitos cometidos  y probados (privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometidas contra quien mantenía una relación de pareja, con ensañamiento y por ser contra una mujer, mediando violencia de género, con amenazas con armas todo ello en concurso ideal, y en concurso real con tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal). O en el hecho de mirar para otro lado frente a prostíbulos y redes de trata que actúan a la luz del día: este año se allanaron dos de las decenas que funcionan en la ciudad de Resistencia, sin ser perturbados por jueces ni fiscales.

 

En el caso de Mayra Benítez y en de Mariela Fernández, el poder ejecutivo se presentó como querellante en los procesos judiciales. Esta intervención busca, en el mejor de los casos, desviar la atención las responsabilidades políticas del ejecutivo por su acción de tolerancia cómplice frente a la violencia de género. En el peor, apunta a desviar las líneas de investigación para que no afecten al propio poder político.

 

El desmantelamiento de esta justicia cómplice es un aspecto fundamental de nuestro programa. Un consejo autónomo de las mujeres, electo por voto de la población femenina, debe tener derecho a remover a los jueces y fiscales cómplices de la violencia contra las mujeres. En todos sus niveles, el Estado está en el banquillo de los acusados de la violencia contra las mujeres.

 

Precarización y superexplotación laboral

 

Un punto importante de la lucha de la mujer en la provincia es la lucha contra la precarización laboral, el desempleo y la miseria. La provincia tiene una enorme experiencia de lucha de años del movimiento piquetero, en el cual la participación las compañeras que salen a la calle para parar la olla es destacada. El Estado ha reaccionado frente a esta movilización incorporando masivamente trabajadores precarizados, con “becas” que arrancan por debajo de los $1.000, en negro, por jornadas de hasta seis horas de trabajo, en muchos casos sin régimen de licencia ni derechos laborales. En las reparticiones del Estado abundan los despidos por quedar embarazada, la falta total de derechos de las compañeras, que se encuentran desvalidas frente al Estado y los punteros.

 

La reivindicación del pase a planta, de trabajo genuino, del respeto del régimen de licencias y los derechos laborales es, por lo tanto, un reclamo clave que ha dado origen a enormes movilizaciones en toda la provincia y que impulsaremos, con nuestra organización, a partir del ingreso a la legislatura. Llamamos a participar activamente con este reclamo en el próximo encuentro nacional de mujeres.

 

Degradación de la salud

 

De la mano de la precarización del trabajo, se precarizan además los servicios de salud y educación de la provincia, golpeando especialmente a las mujeres. La sala de partos del Hospital Perrando y del 4 de junio son epicentros permanentes de la crisis social de la provincia, con compañeras en trabajo de parto en los pasillos, o hacinadas en las salas donde el personal no da abasto, con trabajo precarizado con graves faltas de insumos que fueron denunciadas por el personal de la salud. El Chaco sigue siendo una de las provincias con mayores índices de mortalidad materna de todo el país.

 

Este panorama se agrava con las medidas de ajuste. El gobierno de Peppo tiene en carpeta la tercerización completa de servicios enteros de salud –ya tercerizó, por ejemplo, reconocimientos médicos, con grave perjuicio para los trabajadores del Estado que deben acceder a licencias médicas. El ajuste presupuestario golpea a la salud pública y también a las obras sociales. Recientemente una movilización de trabajadores del Estado logró modificar una resolución de la obra social del INSSSEP que limitaba seriamente el derecho a las derivaciones para enfermos graves.

 

El peso de la Iglesia

 

Un punto importante de la agenda de la mujer en la provincia es la denuncia del peso de la Iglesia en el Estado y en la vida social de la provincia en General. En las escuelas, mientras se sigue orando y agradeciendo el pan, la educación sexual brilla por su ausencia. La Dirección de Culto de la provincia financia una parva de iglesias evangélicas que florecen en los barrios y operan como mecanismo de contención para estatal frente a la crisis social. El locutor oficialista Julio Wajcman incluso amenazó a las mujeres que concurran al ENM, sosteniendo que “si se portan bien, nadie las va a cagar a palos; pero si se meten con las iglesias, el pueblo va a reaccionar”.

 

La Iglesia bloquea la educación sexual, el acceso a los anticonceptivos y ha obturado todos los debates sobre el aborto legal, en una provincia donde cientos de mujeres mueren por abortos clandestinos cada año. La Iglesia actúa entrelazada con el poder del Estado. A principios de año, Capitanich declaró Resistencia “Ciudad de Fe”. En el Hogar “madre Teresa”, por ejemplo, las trabajadoras precarizadas de Desarrollo Social cobran $4.000 y viven un régimen laboral carcelario, custodiado por las monjas a cargo de la institución.

 

Por eso, las decisiones de la CO del Encuentro de propiciar un encuentro con la “mesa interreligiosa” de la provincia dieron lugar a una crisis y a una catarata de denuncias, lo mismo que la proscripción, como actividad preparatoria del ENM, del festival trans realizado en Resistencia.

 

Por un encuentro independiente

 

Con todos estos reclamos sobre la mesa, el desafío del movimiento de mujeres es poner en pie una movilización independiente del Estado y el poder político. La preparación del encuentro, sin embargo, estuvo marcada por las crisis al interior de la comisión organizadora producto del choque, en la misma, de diferentes sectores vinculados al PJ, de la influencia de la iglesia y de su actitud contemporizadora con el poder político provincial o municipal. El Plenario de Trabajadoras, que ha participado de cada una de las grandes movilizaciones de la mujer en la provincia, se distingue por la defensa del programa y la intervención independiente del Estado y el régimen social responsables de la violencia y la opresión de la mujer trabajadora. Esta es la agenda que llevaremos al encuentro.