Las trabajadoras del Refugio Mariquita Sánchez, el único refugio para mujeres en situación de violencia de la Ciudad de Buenos, dieron a conocer la grave situación por la que están pasando. Denunciaron que en la institución se confirmaron seis casos de coronavirus y no se cumplió con el protocolo establecido. Los testeos de las trabajadoras y de las mujeres e hijes que se albergan allí comenzaron hacerse recién a partir del miércoles 17 de junio, una semana después de que apareciera el primer caso sospechoso, y solo se hicieron por la insistencia de las trabajadoras.

Estas denuncian además que los primeros testeos se hicieron solamente a quienes habían tenido contacto estrecho con el primer caso, sin tener en cuenta que en la unidad convivencial los espacios como el comedor y baños son compartidos. Incluso la definición de “contacto estrecho” utilizada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat contradice el protocolo nacional, el cual considera  dentro de esa categoría a quien proporcione cuidados a un caso confirmado o haya estado a menos de dos metros por 15 minutos, cintando desde 48 horas antes desde que la persona comienza a presentar síntomas.  La ministra María Migliore y las funcionarias de la ‎Dirección General de la Mujer presionaron a las trabajadoras para que retomen sus tareas, exponiéndolas a ellas, a sus familias y a las familias que alberga el refugio.

Desde 2016 las trabajadoras de los refugios vienen denunciando el vaciamiento. La falta de personal, la precariedad laboral, los problemas edilicios y la falta de recursos son frecuentes. Hace unos días se difundió también la intención de cerrar el Hogar Eva Duarte, el único que aloja y acompaña a adolescentes embarazadas y/o madres que han atravesado situaciones de violencia de género y se encuentran en contexto de vulnerabilidad. Por otro lado, el propio dispositivo Mariquita Sánchez no permite un abordaje propicio para la situación que se encuentran atravesando las mujeres y sus hijes, con espacios que son compartidos al punto que en los dormitorios conviven varias familias. Muchas trabajadoras son monotributistas y ni siquiera cuentan con obra social, ART, ni aguinaldo. Algunas incluso están tercerizadas a través de la UBA. En el caso de las trabajadoras de planta transitoria y planta permanente los salarios no llegan a la canasta básica familiar de la Ciudad, y este año tienen congeladas las paritarias.

En el marco de la pandemia de coronavirus se agudiza esta precariedad a que las condena el gobierno la Ciudad de Buenos Aires. Es gracias a la intervención que vienen haciendo las trabajadoras de la Dirección General de la Mujer que sale a luz cómo se sostiene la política que difunden como campaña estrella Larreta, Migliore y las directivas de la DGMuj. Mientras en las redes sociales publicitan la línea telefónica 144 y los programas de la dirección, por abajo presionan y exponen a las trabajadoras y a quienes atienden, con un presupuesto y salarios de miseria. Su política pública es una violencia institucional constante.

Recientemente el informe de la Oficina de Violencia Doméstica hizo público que el 93% de las denunciantes está en riesgo. Frente a esta situación, se hace necesario que las trabajadoras se organicen de forma independiente del Estado y los gobiernos por todos los reclamos: protocolos sanitarios ante casos de Covid–19 supervisado por las trabajadoras, la provisión de elementos de higiene y seguridad adecuados, aumento salarial y plus por trabajo esencial, pase a planta permanente e incorporación de personal, licenciamiento preventivo de 14 días para los casos sospechosos, aumento del presupuesto para el área.