El Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de Mendoza brindó un informe desgarrador para quienes defendemos la infancia plena de las niñas y luchamos, día a día, contra la educación sexista y de sometimiento que impone el capitalismo a la sociedad, con todo su andamiaje institucional-clerical.

En una década, más de mil (1.056) menores de 15 años dieron a luz en la provincia.

En 2018 se registraron 3.373 casos de partos en jóvenes menores de 19 años, de los cuales 70 casos fueron de niñas madres (menores de 14 años) concentrados principalmente en los departamentos de Guaymallén (12), Tunuyan (9) y Las Heras (9).

Es notable que la mayoría de casos de niñas madres se da en dos de los departamentos urbanos del Gran Mendoza, es decir, donde existen mayores recursos o dispositivos estatales para evitar este flagelo.

Un Estado contra los derechos de la mujer

Esto es la consecuencia de las alianzas políticas que todos los gobiernos mantienen con las Iglesias (algo que se extiende a nivel nacional, como demuestra que estadísticas como estas se replican en todos los rincones del país). En este marco, se bloquea la educación sexual, laica y científica en todos los niveles, y se llega a extremos reaccionarios como la sanción dictada en nuestra provincia contra una vicedirectora por usar lenguaje inclusivo.

Las mil menores son víctimas de la maternidad forzada producto de la violencia institucional que ejerce el Estado capitalista al negar un derecho contemplado, como es la aplicación del aborto no punible.

Mendoza sigue sin adherir a la Guía Técnica Nacional para la Interrupción Legal del embarazo, conocida como Aborto No Punible –del mismo modo que sucede en otras seis provincias del país, entre ellas, la Tucumán del pejotista Juan Luis Manzur.

Aunque fue eje de campaña electoral del gobernador Alfredo Cornejo, solo el Frente de Izquierda con sus legisladores fue logrando en 2018, al calor de los pañuelazos y de la ola verde, que el Senado provincial le diera preferencia de tratamiento al proyecto de ley de su autoría para la adhesión inmediata de la provincia. Sin embargo, el oficialismo postergó su tratamiento para después de la votación en el Congreso de la ley de aborto legal, que tuvo el resultado que todos conocemos.

Una lucha independiente por nuestras demandas

Desde el Programa Provincial de Salud Reproductiva destacan que en los últimos tres años la cifra de embarazos adolescentes no intencionales (hasta 19 años) descendió 3 puntos, lo que atribuyen a la “acción institucional de poner sobre la mesa el problema y de trabajar interdisciplinariamente, por ejemplo con la Dirección General de Escuelas”. Pero las razones de este descenso están en la presión que ejerció la sistemática movilización de las mujeres en las calles por #NIUnaMenos #ElEstadoEsResponsable desde hace cinco años, por las acciones de lucha como las sentadas de las secundarias de los colegios universitarios en reclamo por educación sexual y respeto a la identidad de género, por la enorme ola verde que puso a debatir a toda la sociedad la tríada de reclamos históricos “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, por los sobrevivientes del Próvolo y sus familiares que exigen justicia y cuestionan la educación oscurantista, por los médicos y profesionales que se organizaron contra las políticas anti derechos en los hospitales.

Todas estas demandas no pueden ser resueltas por los gobiernos de Macri-Cornejo, que se han propuesto rescatar a los capitalistas de la mano del FMI que exige mayor recorte en salud y educación pública, mayor ajuste fiscal en protección social, al mismo tiempo que destinan subsidios millonarios a la educación privada en manos de las Iglesias.

Redoblemos la presión con la movilización política que implica votar al FIT-Unidad en las elecciones, terreno donde pretenden diluir las energías del movimiento de mujeres para dirimirse entre una u otra lista de la falsa polarización de oscurantistas y rescatistas del gobierno fondomonetarista.

Por la urgente implementación de una ESI laica, científica y respetuosa de la diversidad sexual y de género, con contenido curricular específico y obligatorio en todos los niveles, y bajo control de estudiantes y docentes.

Respeto del aborto no punible y aborto legal ya. Ruptura con FMI y separación de las Iglesias del Estado.