Tal y como lo indica el equipo de trabajo de Justica por Cecilia Basaldúa, el pasado jueves 19 debía ser la última jornada de testimoniales del juicio por el femicidio de la joven mochilera. Un proceso a lo largo del cual fueron quedando en evidencia todas las irregularidades en la investigación de la fiscalía y la debilidad de las pruebas sobre las que descansa la acusación. Sin embargo, una nueva y trascendental prueba aportada por la querella -y que estuvo a disposición de la fiscalía desde mayo de 2020- dejó en evidencia el escandaloso accionar de la fiscal Paula Kelm en la investigación de la causa. A raíz de la incorporación de esta prueba debió suspenderse el juicio hasta el próximo 10 de junio. Al finalizar la jornada de testimoniales con la declaración de ocho personas, quedó expuesta una vez más la complicidad del Estado en la ausencia de pruebas contra el único imputado, así como una serie poco clara de decisiones tomadas durante la investigación que no colaboraron en nada para esclarecer el femicidio de Cecilia.

A 11 días del inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa en los tribunales de Cruz del Eje, la querella pudo presentar como prueba la denuncia realizada por un vecino de Capilla del Monte, el 15 de mayo de 2020 (20 días después de que apareciera asesinada Cecilia). El vecino denunció que cuando pudo regresar a su casa en Capilla -cerca del basural donde fue encontrado el cuerpo-, de donde había estado ausente por las restricciones sanitarias, se encontró con que la cerradura estaba violentada y en el interior había un colchón ensangrentado. En su momento esta denuncia fue descartada, a pesar de la presencia de sangre y pelos humanos, la fiscal de instrucción Paula Kelm no solicitó que se realicen pruebas de ADN.

Ante esta prueba, el presidente del jurado solicitó el sumario de la denuncia y, luego de un tiempo para la lectura de las partes del juicio, el fiscal Cuello solicitó que se amplíen los tiempos, debido a que el plazo probatorio no había concluido, dados los nuevos elementos incorporados por la querella y aceptados por el tribunal. Además del colchón, se analizará una barra metálica encontrada en el lugar sobre una cama y un auto. Aunque la querella solicitó el cotejo con varias personas, el tribunal solo autorizó el cotejo con Cecilia y Lucas Bustos y estableció que el juicio continuará el 10 de junio.

Lo relatado anteriormente se acompaña de los testimonios de los intervinientes en la investigación y vecines involucrades de la zona. Desde policías de Carlos Paz que fueron a ayudar a tomar testimonios, que declaran que Mario Mainardi (el dueño de la casa donde se alojaba Cecilia y último en verla con vida) solo quería hablar con policías mujeres y que repetía sin cesar que “lo querían culpar de lo de la chica, como si la hubiese golpeado”, anticipando lo que luego descubrirían una vez que Cecilia fuera hallada. Además de que los policías alegaron que “los jefes se enojaron y nos sacaron de la zona”, luego de investigar al ex policía Mainardi.

También en jornadas previas, el dueño del campo donde se encontró el cuerpo de Cecilia, indicó que no habían visto nada en el lugar cuatro días antes y que, en su experiencia, “con tres días que un animal esté muerto, te lo comen entero los pájaros negros. Te lo agarra una tanda de pájaros y no te dejan nada, te dejan los huesos”. Planteo que fue apoyado en parte por el doctor Moisés David Dib, jefe del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, quien expresó que en el cuerpo de Cecilia solo se encontraron larvas y que la tesis del cuerpo implantado en el lugar de hallazgo es posible, toda vez que el comportamiento de las alimañas de la zona es conocido mejor por los baqueanos de la zona.

A ello se suma el testimonio del ex comisario Adrian Lúquez, quien dejó las tareas antes de que se hallara el cuerpo de Cecilia, reveló que ese mismo año Mariela Natalí, una mujer santafesina de 44 años, había desaparecido el 4 de febrero y hallada muerta el 18 de ese mes, en un arroyo de la zona. Que él estuvo a cargo de ambos rastrillajes junto con el comisario inspector Romero, en tanto que el entonces subcomisario Ariel Zárate y el comisario Alejandro Bracamonte estaban a cargo de la investigación, cuestión que fuera contradicha por Zárate.

Incluso resultados de la inspección ocular dejan al descubierto la irregular investigación, quedando expuesto que los testimonios de los policías a cargo de la investigación son cuanto menos sospechosos, al quedar expuesto que el lugar donde se encontró el cuerpo está a una hora del cuartel de bomberos desde el cual partía el rastrillaje. Del mismo modo, el dueño del campo del hallazgo relató que los policías estuvieron a 2 metros del cuerpo y no a 15 metros como éstos declararon.

Además, los criterios de búsqueda se basaron en un perfil psicológico forense, elaborado por el Gabinete de análisis de comportamiento de la Policía Judicial, integrado por la Licenciada Paula Rolando, Licenciada Belén Comes, María José Perez Braun y Chinelato. Dicho gabinete indica que Cecilia sufría esquizofrenia paranoide, lo que apoya los dichos de Mainardi, pero sustentados en la revisión de la computadora de Cecilia y sus elementos personales. También elaboraron un perfil del presunto culpable, asimilable al de Lucas Bustos, lo cual fue cuestionado porque dicho informe se presenta el mismo día que el comisario Bracamonte detiene al imputado. Asimismo, explicaron que por la forma de ser de Cecilia, como muy sociable y simpática, pudo haber dado origen a un ataque sexual, que por la fuerte resistencia de la misma, terminó en un femicidio, acusando a la víctima de su propia muerte. Respecto del lugar del crimen, expresaron que fue el mismo lugar donde se halló el cuerpo, aún cuando las pericias forenses están en contra de esta presunción.

En síntesis, todos estos elementos de prueba, refutados por la querella, nos hablan de una red de complicidades de funcionarios del poder judicial y de la policía intervinientes en el caso, que deja a las claras que la imputación de Lucas Bustos es una estrategia más de encubrimiento e impunidad de los verdaderos responsables.

No hay dudas que el avance por verdad y justicia para Cecilia depende de la organización y movilización independiente, junto a todas y cada una de las iniciativas que se impulsen por verdad y justicia. El próximo 3 de junio, en un nuevo aniversario del Ni Una Menos, salimos a las calles en una gran instancia de lucha que nos convoca a exigir por el esclarecimiento de este femicidio. Justicia por Cecilia y por todas las que nos faltan. Ni una menos, el Estado es responsable.

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