Las recientes declaraciones del hermano de Laura Iglesias, víctima de un femicidio en el año 2013, confirman la responsabilidad del Estado en la sistemática violencia contra las mujeres.

Al momento de su asesinato, ocurrido en la localidad de Miramar, Laura tenía 53 años y se desempeñaba como trabajadora social en el Patronato de Liberados Bonaerense, una institución que debería garantizar la reinserción social de hombres y mujeres luego de salir de la cárcel.

Laura fue asaltada, violada y estrangulada por uno de sus tutelados, Esteban Cuello, quien cumple condena por el crimen. Sin embargo, Manuel Iglesias sostuvo: “Creemos que hay otros implicados en el asesinato de mi hermana y encubrimiento policial” (Télam, 20/10).

El encubrimiento se corresponde plenamente con lo que había comentado Laura a su familia antes de su muerte, en el sentido de que la Policía Bonaerense utilizaba a los tutelados para la comisión de delitos. Toda una exhibición de la podredumbre de los aparatos represivos.

La justicia

El estrangulamiento de la trabajadora social se realizó con el mismo modus operandi que otros cometidos en la zona: los de Natalia Melmann, en 2001, y Mara Mateu, en 2008. A pesar de esto, Manuel Iglesias se pregunta: “¿Por qué la fiscal Ana María Caro no investiga estas coincidencias y tantos otros aportes que tenemos para sumar a la investigación?”.

El familiar también sostuvo que tiene una larga lista de “cuestiones que creemos que la Fiscalía debería profundizar, pero no lo hace…y es posible que la causa se cierre. Quienes imparten justicia no se ponen en mi lugar, ni en mi dolor”

En este cuadro, el pariente de la víctima afirma haberse convertido en un “especialista impensado” sobre el funcionamiento judicial. Lejos de abonar a la clarificación de los crímenes y al castigo de los responsables, la Justicia actúa como una pata de la impunidad.

El poder político

El entramado criminal conducido por la Policía y el servicio penitenciario abona solamente al crecimiento de la inseguridad ciudadana.

A su turno, Scioli y Casal ya habían sido repudiados por las compañeras de Laura por no apartar a la Policía Bonaerense de la investigación, ni avanzar en un mejoramiento de las condiciones del Patronato, que garanticen que pueda cumplir con fines de reinserción social.

A pesar de la apariencia que suscitan las amenazas recibidas, la gobernadora Vidal no ha hecho más que mantener el acuerdo del poder político con la “maldita policía”.

Exigimos justicia por Laura, Lucía y todas las víctimas de la violencia contra la mujer. El Estado, definitivamente, es responsable.