El juicio por el crimen de Lucía Pérez y su desenlace fueron un gigantesco operativo de encubrimiento e impunidad. No sólo preserva el andamiaje delictivo que compromete a las altas esferas del poder del Estado, sino que refuerza con los fundamentos de su sentencia todo el yugo opresor sobre las mujeres. El fallo tiene en su frente el sello de la clase a la cual sirve la violencia contra las mujeres, es una sentencia aleccionadora para la mujer, un recordatorio del lugar de sometimiento y humillación que el régimen capitalista le tiene reservado.

La sentencia es de cabo a rabo una afrenta al movimiento de lucha de las mujeres. Un alegato ideológico al servicio de naturalizar las relaciones de dominación y opresión que atraviesan a las mujeres en esta sociedad –utilizadas en este caso para desestimar la denuncia por abuso sexual seguida de muerte. El tribunal marplatense adjudica la inocencia de Offadini y Farías en fundamentos tales como que “Lucía era de tener relaciones con hombres a los que apenas conocía”; “Lucía tenía una personalidad que distaba mucho de ser sumisa”; y llegan a la perversión de utilizar los testimonios de su familia para absolver a los abusadores responsables de su muerte: “su madre señaló que -a pesar de tener buen diálogo con Lucía- ésta le contaba hasta donde quería, por lo que no sabía nada de su vida sexual”. La responsabilidad de la muerte de Lucía recae sobre ella misma. Los hijos del poder y el régimen responsable de estas atrocidades quedan libres de culpa y cargo.

El fallo no sólo desconoce la relación de dominación que existe entre los géneros, entre las generaciones, y entre narcos hijos del poder y una niña adolescente; sino que los naturaliza y justifica. Arma la ficción de una relación libre y paritaria entre Lucía y tres narcotraficantes de 25, 43 y 61 años, que se dedican a manipular adolescentes para insertarlas en el circuito de la droga. Rechazan la figura de femicidio y desechan de un plumazo todo lo que desde las grandes movilizaciones por #NiUnaMenos las mujeres nos hemos empecinado en denunciar: las relaciones de poder que atraviesan los vínculos entre hombres y mujeres, y que reproducen en cada relación inter-personal y social la ideología de un Estado que educa en el desprecio y la subordinación del género femenino.

Para el movimiento de mujeres Lucía no es sólo Lucía. Es Lucía, es Sheila, es Estefanía, es Micaela García, es Chiara Páez, y una dolorosa y extensísima lista. No han absuelto de violentar a una mujer sólo a tres imputados, buscan absolver con ellos a todo el régimen contra el que luchamos. No estamos ante un problema que se solucione con “capacitación en género” para los jueces que no responden a ningún mandato popular, mientras no se alteran los cimientos de una sociedad que es una máquina de fabricar violentos, machistas y misóginos. Cuando denunciamos la responsabilidad del Estado en la violencia contra las mujeres, denunciamos precisamente su compromiso estructural con nuestro sometimiento.

Impunidad y poder

El femicidio de Lucía no sólo volvió a poner sobre la mesa el crimen social que se perpetúa a razón de 24 horas por día contra las mujeres, sino que lo colocó en el cuadro de descomposición social reinante, en el que todas las lacras del capitalismo se entrecruzan: violencia de género, abusos, narcotráfico, impunidad del poder. Puso asimismo en evidencia los vínculos entre el crimen organizado y el poder político; por caso, el primer abogado defensor de Offidani –uno de los imputados, hijo del escribano más poderoso de Mar Del Plata- fue el Director General de una de las áreas de la Secretaría de Seguridad del distrito hasta que la noticia trascendió y el intendente Arroyo (Cambiemos) se vio obligado a separarlo del cargo. El entrelazamiento de la policía y el poder local con estas mafias en Mar Del Plata –una ciudad golpeada por la desocupación masiva y el tráfico ilegal y delictivo de los puertos privados– no fue privativo de la gestión Arroyo; el anterior intendente Pulti (FpV) se dedicó a proteger los mismos negocios y cajonear sistemáticamente todas las denuncias de esta corrupción generalizada.

Farías, Maciel y Offidani (los tres imputados) se dedicaban a la venta de drogas y practicaban este negocio particularmente abordando a jóvenes en los colegios, buscando un público particularmente vulnerable –un modus operandi también utilizado por las redes de captación de niñas para la explotación sexual en todo el país. Seguir esta pista, es seguir la podredumbre de un negocio que alimenta la violencia en todas sus manifestaciones. La Justicia, sin embargo, no consideró importante seguir ninguna de estas líneas de investigación que conducen de manera directa al poder político.

Una vez más, se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la movilización y la lucha de y por las mujeres. Organicemos un gran Paro Nacional por Lucía, contra la violencia y la impunidad, que sume activamente a la clase obrera, reclamando a las centrales sindicales la convocatoria, y ganemos nuevamente las calles contra la impunidad, al grito de Ni Una Menos; el Estado es responsable.