Por estos días, la composición de un nuevo gobierno de la mano de Alberto Fernández ha sido tema de interés nacional. Sin dudas, el Ministerio de Economía está en el centro de la atención, en un cuadro de bancarrota económica y virtual default del país, para lo cual los nombres que han hecho barajar desde el círculo de los Fernández están puntillosamente seleccionados para dar garantías al FMI y el gran capital: desde Álvarez Agis, Nielsen o una integración del actual “oponente” presidencial, Roberto Lavagna –todos hombres que gozan de la confianza del establishment.

En lo que respecta a otras áreas, Fernández planteó que volvería a otorgar rango ministerial a las carteras de salud, cultura, ciencia y tecnología y trabajo. Lo que busca presentarse como una jerarquización de estas áreas, sin embargo, debe ser precisado en su contenido. ¿Qué beneficio puede significar para las y los trabajadores un Ministerio de Trabajo cuando la política impulsada por el Ejecutivo será una reforma laboral que tome como modelo el convenio colectivo ultra precarizador de Vaca Muerta (¡que ya se cobró 8 muertas obreras!)?

Lo mismo vale para la creación de nuevos ministerios, como el de vivienda y el de la mujer –luego rebautizado “ministerio de la igualdad”. 

La idea de que para promover la igualdad entre los géneros basta con la creación de un Ministerio no supera el carácter de una maniobra demagógica, cuyo contenido de fondo es por el contrario antagónico. Se monta sobre la enorme lucha librada por el movimiento de mujeres para desviarla a un planteo institucional que no va a garantizar sus reivindicaciones -sino que, bajo la orientación capitalista de un gobierno en crisis, será un ornamento que acompañe una brutal ofensiva contra las condiciones de vida de la mayoría social.

Al mismo tiempo, la creación del Ministerio de “la igualdad” será utilizado como una herramienta de cooptación y reforzamiento de un Estado hostil a toda emancipación de la mujer, que solo dará beneficios a las carreristas de turno que ocupen cargos en el mismo. En este caso, se menciona a Victoria Donda como postulante a presidirlo. La diputada de Somos y candidata del Frente de Todos viene de Libres del Sur, fuerza de la cual fue referente nacional sin empacho de su integración a los gobiernos provinciales de Urtubey en Salta y Cornejo en Mendoza: dos provincias donde el ajuste, el oscurantismo y los atropellos múltiples a las mujeres y las disidencias baten récords a nivel nacional.

Consejo, Instituto, Ministerio… nada nuevo bajo el sol

Esta política tiene antecedentes. El menemismo creó por decreto en 1992 el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), fundamentado en el “Plan de Acción Mundial de las Naciones Unidas para el cumplimiento de los objetivos del Decenio Internacional de la Mujer” –que integra todo un paquete de iniciativas del imperialismo a lo largo de las últimas décadas en relación a la cuestión de la mujer y la diversidad de género. La creación de organismos burocráticos-estatales “de la mujer” (y lo mismo en el ámbito empresarial) se multiplicó en todo el mundo como parte de una estrategia política de integración al régimen del colectivo femenino que protagonizó grandes movimientos de lucha de alcance mundial. La presidencia del FMI en manos de una mujer, Christine Lagarde, es la foto que sintetiza esta orientación: el capitalismo utiliza la demagogia de género para promover políticas de miseria y hambre contra los y las trabajadores en todo el mundo.

En nuestro país la irrupción en 2015 del masivo movimiento por #NiUnaMenos fue la demostración más contundente del absoluto fracaso de este tipo de organismos. En aquel entonces, bajo el gobierno de Cristina Kirchner, el CNM lo presidía la camporista Mariana Grass, que se limitó a hacer del mismo una usina de propaganda oficialista, resaltando las figuras de CFK o Evita, y promoviendo campañas mediáticas de “concientización” contra la violencia de género que llamaban por TV a “sacarle tarjeta roja al golpeador” -como si la responsabilidad por terminar una relación violenta fuera de la mujer víctima.  

Al asumir Macri, designó a la “feminista” Fabiana Túñez para la dirección del Consejo, que en 2017 se convirtió por decreto en Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). La condición social y económica de las mujeres en nuestro país no ha hecho más que agravarse pese a la existencia de este instituto, que tampoco ha tomado ninguna medida efectiva contra el crecimiento de la violencia y los femicidios, o contra la trata de personas (mientras los sucesivos gobiernos se cansaron de aprobar blanqueos de capitales para el dinero que proviene de este tipo de perversos negociados), por los derechos laborales de las mujeres, contra la dramática precarización laboral y salarial de las más de un millón de empleadas domésticas, o las docentes o empleadas estatales, o por el cupo laboral trans. Fabiana Túñez jamás abrió la boca para opinar contra el ajuste, que es el caldo de cultivo para el incremento de todas las formas de violencia contra la mujer. Tampoco para reclamar por el aborto legal, ¡en el año de la marea verde!

La salud de las mujeres

La re-categorización de la cartera de Salud como Ministerio también apunta a ganar simpatía entre las mujeres que protagonizaron la lucha por aborto legal, el acceso a la anticoncepción y el derecho a la salud en un sentido amplio.

Pero décadas de existencia de un Ministerio de Salud no han aportado nada a esta agenda, sino que fueron de la mano de la llamada descentralización del sistema de salud (provincialización) y su creciente privatización, vaciamiento y destrucción. Junto con ello, y particularmente caro a las mujeres, una creciente colonización clerical de la salud de la mano de clínicas que pertenecen a grupos religiosos, y de la designación de elementos vinculados a las iglesias en los directorios de los hospitales públicos.

Como parte del paquete, Alberto dice ahora que tiene la decisión política de legalizar el aborto, pero que irá por un camino “gradual” (despenalizar primero), y que dejará el asunto en manos del Poder Legislativo, es decir, no como agenda del Ejecutivo que él presida. Para no dejarse llevar por los titulares, basta tomar nota de que a renglón siguiente de estas declaraciones se reunió felizmente con los obispos del Episcopado católico. Es que en el vínculo con la Iglesia reside precisamente la clave de todo: no hay avance posible contra la clandestinidad si no se desplaza a sus agentes del sistema de salud, ¿o a dónde recurrirán las mujeres trabajadoras para poder interrumpir un embarazo?

Un “jefe” celeste 

Para completar, Fernández colocó en entrevistas televisivas como su posible jefe de gabinete a Juan Manzur, uno de los popes de la liga de gobernadores pejotistas que acompañan a los Fernández, y que gobierna nada menos que la provincia donde Belén fue condenada a 8 años de prisión por homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo, donde se incumple el aborto no punible, las niñas violadas son obligadas a ser madres y los médicos que garantizan derechos son criminalizados. Si bien el mandatario celeste negó en estos días su integración al gabinete, aseguró que como gobernador estará “a la par” de Alberto Fernández.

Nuestro planteo: Consejo Autónomo de Mujeres para reforzar una lucha independiente

Lejos de una nueva burocracia estatal, o más funcionarios ajustadores “capacitados en género”, lo que necesita el movimiento de mujeres es retomar su camino de lucha y movilización independiente. Nuestro planteo de un Consejo autónomo del Estado, electo por las mujeres y bajo control de las mujeres, con mandato revocable, que delibere y ejecute un plan de medidas urgentes para atender nuestras problemáticas, va en esa dirección. No busca reforzar el aparato del Estado bajo control de quien ocupe el mando presidencial, sino al movimiento de lucha.

Sólo un planteo de este tipo puede abrir las puertas a un avance real para las mujeres trabajadoras.