El gobierno del radical Suarez reincorporó al ex ministro de salud de Cornejo que fue separado del cargo en 2017  por denuncias de violencia de género de su ex esposa, que luego fueron ratificadas por los informes periciales y el proceso judicial que verificaron que se trataba de una conducta de larga data, con el agravante de que también surgieron denuncias por abuso de ex pacientes en su actividad profesional como médico ginecólogo.

Ante el contexto de pandemia y la creación de una Comisión Intersectorial de Salud de Gestión Estatal y Privada para atender la emergencia sanitaria, el gobernador lo convocó para formar parte de ella con otros profesionales. Esta comisión intersectorial tendrá como finalidad “fortalecer, con criterios de equidad, la disponibilidad de recursos, las prestaciones esenciales de salud, los sistemas de gestión e información, así como toda otra medida que deba ser tomada de manera progresiva y/o urgente, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud”.  Recordamos nuestro planteo de centralización del sistema de salud para enfrentar planificadamente en todo el país la pandemia.

Sin embargo, ¿Pensará que el movimiento de mujeres tiene memoria de corto plazo? Hasta el momento no ha dado argumentos serios que justifiquen algún tipo de recuperación del ex ministro actual funcionario público.

No es de esperar tampoco, el gobierno de Cornejo, presidente de la UCR, tuvo varios funcionarios golpeadores, acosadores y violentos que tomaron la primera plana de los medios: Ruben Giachi, el comisario Esquivel, el ex director de la DGE Correa, Alejandro Jofré ex subsecretario de Trabajo, todos fueron denunciados y sólo  por la fuerza movilizadora del movimiento de mujeres se lograron sus expulsiones. 

En aquél momento de cuestionamientos masivos a su plantel de funcionarios violentos, el gobierno se empeñó en separar lo personal de lo político, incluso a través de su voz autorizada en el tema “género” que en aquellos tiempos era la ex vice gobernadora Laura Montero. Es una constante que el funcionariado femenino con perspectiva de género se limite a justificar a sus gobiernos de turno, cualquier parecido con la realidad nacional actual no es pura coincidencia.

Cornejo se empeñó en desconocer el problema social que significa la violencia de género, mantener una doble vara en la justicia para los femicidas o abusadores de las clases altas y reforzó el aspecto punitivista de abordaje de la problemática resultando un verdadero fracaso. 

Por supuesto el aspecto económico de la asistencia a las mujeres en situación de violencia de género fue nulo, situación que se mantiene y se agrava bajo el gobierno de Suarez que en éste aspecto no ha tenido una sola iniciativa que no sea la de imitar la del “primer presidente feminista” de ampliar las líneas 144.  

Ahora bien, ¿puede un denunciado por violencia de género recomponerse y volver a formar parte de una actividad gubernamental o de su actividad profesional? No negamos la recuperación de los acusados por violencia de género, lo que negamos es que pueda darse bajo la dirección de gobiernos completamente responsables del aumento de las estadísticas de femicidios.

Desde el Plenario de Trabajadoras Mendoza reclamamos el apartamiento de Ruben Giachi de la nueva comisión creada, e insistimos en nuestro planteo de una revisión de los antecedentes de todos los funcionarios del gobierno, tarea que sólo puede ser llevada adelante por un Consejo Autónomo de Mujeres compuesto por organizaciones de mujeres independientes y representantes elegidos por el voto directo del padrón femenino desde los 13 años.