En una conferencia de prensa realizada en el Senado bonaerense, con la participación de legisladores de los distintos bloques políticos patronales, lanzaron en la Provincia de Buenos Aires la línea telefónica de “atención a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad”, un eufemismo para presionar a las mujeres que quieran realizarse un aborto para que lleven a término los embarazos no deseados.

A pesar del recule del gobierno nacional que, tras el repudio que despertó en amplios sectores de la sociedad, debió dar de baja el convenio que el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley tenía con la oscurantista y antiaborto Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) para impulsar esta línea telefónica, el lanzamiento bonaerense contó con la presencia de los legisladores oficialistas Marcelo Daletto y Felicitas Béccar Varela, del diputado provincial kirchnerista Mariano Pinedo y del senador bonaerense massista Fernando Carballo.

El auspicio oficial brindado a este “0800” para inducir a la maternidad forzada, es un escándalo que debe ser denunciado, porque significa que el Estado financia a quienes se dedican a pisotear los derechos ya adquiridos en materia de interrupción legal del embarazo, contemplados desde hace 100 años en el Código Penal. El convenio mencionado más arriba implicaba un desembolso de Desarrollo Social a estos grupos de más de $1.300.000, y si bien tras el rechazo que generó fue dado de baja, un mes después de anunciado… ya se había transferido la mitad de ese monto.

El presupuesto público que desvían a estos engendros oscurantistas tiene como correlato su intromisión en los asuntos del Estado. La Fundación Vida en Familia, promotora de este “0800”, fue integrada desde 2017 al Consejo Consultivo del Instituto Nacional de la Mujeres.

El gobierno de la Provincia todavía no ha explicitado de dónde saldrán los fondos, pero si manifestó su apoyo a la iniciativa. Por esa razón, no sería de extrañar que el gobierno de María Eugenia Vidal -que entronizó en áreas claves de su gobierno a agentes del Opus Dei como Joaquín De La Torre y Julio Conte Grand- también les asigne una tajada del erario público mientras ajusta a la atención de la salud, la educación y los salarios.

Desde la banca del Frente de izquierda presentaremos un pedido de informes para sacar a la luz si existen convenios o transferencias de algún organismo estatal.

Las organizaciones de mujeres y de la diversidad sexual deben tomar nota que mientras los supuestos antimacristas plantean relegar reivindicaciones fundamentales como la educación sexual o el derecho al aborto en pos de un recambio al gobierno de Macri, confluyen con los oficialistas cuando se trata de respaldar la ofensiva de los grupos antiderechos.

La lucha por la separación de las iglesias y el Estado es una pelea por derribar todo un andamiaje de sojuzgamiento contra las mujeres y contra la identidad sexual autopercibida. Es la ideología de la opresión, parte esencial de la sociedad capitalista en descomposición.

Es una lucha que requiere por eso la independencia de los partidos capitalistas y el desarrollo de una alternativa política del pueblo trabajador.

Rechacemos este 0800 que tiene como objetivo la maternidad forzada. A las calles por el aborto legal, la educación sexual laica y científica y por la separación de la Iglesia y el Estado.