Mujer

26/1/2024|1685

El gobierno se “esperanza” con ilegalizar el aborto

El nazi de Barra habla de la "defensa de la vida" para hacer lobby por derogar la IVE.

Rodolfo Barra, actual Procurador del Tesoro.

En las últimas semanas fueron escalando las declaraciones del gobierno en contra de la ley de IVE. Tuvimos a Javier Milei en Davos refiriéndose a la “agenda sangrienta del aborto”, luego vinieron el decreto presidencial que declaró al 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad” y los dichos del vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, sobre que la derogación del aborto legal “efectivamente es un tema que en algún momento se debatirá”. Recientemente, Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro, publicó -junto a Eduardo Menem y Cristina Guzmán- una columna de opinión en Infobae donde atacaba este derecho. Una provocación en regla contra la marea verde que, ganando las calles, logró arrancar esta conquista, sobreponiéndose al lobby clerical presente en todos los bloques políticos patronales.

En ese artículo, los firmantes sostienen que “Todos los derechos se asientan sobre el derecho a la vida, es decir, el derecho de todo ser humano a que no se le prive de ella”. Para empezar, resulta inaudito que Rodolfo Barra, quien en su juventud militaba en la organización filo nazi “Movimiento Nacionalista Tacuara”, se atreva a hablar de la defensa de la vida.

Claro está que a los funcionarios de un gobierno que ni bien asume pulveriza los ingresos populares con una megadevaluación, ejecuta un brutal ajuste sobre la asistencia social, la salud y la educación y suspende la entrega de alimentos a los comedores barriales poco les importa el bienestar de las infancias, solo les interesa reponer la tutela del Estado sobre los cuerpos de las mujeres y personas gestantes como herramienta de sojuzgamiento a las mayorías. Asimismo, buscan congraciarse con las iglesias, de las cuales precisan sus servicios de contención social para hacer pasar el plan motosierra.

Menos aún reparan en la vida de aquellas mujeres y personas gestantes pobres que serían condenadas nuevamente al infierno de los abortos inseguros si se deroga la ley. En cambio, actúan como voceros de las clínicas privadas, que volverían a hacer negocios con el aborto clandestino.

Dicho esto, vale desmentir algunos de los postulados que se mencionan en la columna citada. Sus autores, presentándose como una voz de autoridad al haber sido convencionales constituyentes en 1994, aducen que la ley de IVE sería inconstitucional dado que la reforma de la Carta Magna ratificó tratados internacionales que supuestamente sostienen que hay vida desde la concepción, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) y la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sin embargo, en cuanto al primer tratado, si bien en su artículo 4 establece que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”, posteriormente, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal que interpreta la Convención, falló al respecto: “Es posible concluir de las palabras ‘en general’ que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino que es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general”. Es decir, al no ser absoluto, ese derecho debe sopesarse con otros, como el del acceso a la salud integral de quienes deciden interrumpir su embarazo, por ejemplo.

A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño en ningún momento habla de la vida “desde la concepción”, sino que se refiere únicamente a “los menores de 18 años”. Lo primero fue un agregado que realizó el Congreso Constituyente de 1994 al momento de incorporar ese tratado a las leyes locales (por recomendación del propio Barra), pero esta declaración no tiene efectos vinculantes con la convención. Además, el tratado no prohíbe la legalización del aborto en los países firmantes.

Casi al final del artículo, Barra y cía. indican que “el Código Civil y Comercial, en su art 19 prescribe de manera terminante que ‘la existencia de la persona humana comienza con la concepción’”. Es preciso recordar que esa formulación fue incorporada en el nuevo código sancionado en 2015, a instancias de Cristina Kirchner -en ese entonces presidenta- como parte de sus favores al clero. Ahora, los nazis como Barra se valen de esa herramienta jurídica para fundamentar su prédica antiderechos.

Ahora bien, mayor jerarquía que el Código Civil y Comercial tiene la Constitución nacional y los tratados internacionales incorporados en ella. En ese sentido, la Corte Suprema, que es el tribunal que define si una norma es constitucional o no, dictaminó en el fallo FAL de 2012 que “la Constitución y los tratados de derechos humanos no prohíben la realización de abortos dentro del sistema de causales fijados por el Código Penal”. Una de esas causales es “si existe un peligro para la vida o la salud de la madre” y debemos entender a la salud en sus múltiples dimensiones -físicas, psíquicas, sociales.

Cabe destacar que Rodolfo Barra tiene un vasto prontuario como agente de la Iglesia Católica al interior de la Justicia y del Estado en general, atacando en todo momento el derecho a la salud sexual y (no) reproductiva de la población y discriminando a las diversidades sexuales.

En 1991, cuando era juez de la Corte Suprema, le negó la personería jurídica a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Luego ocupó el cargo de ministro de Justicia, desde el cual actuó como un articulador político entre el gobierno de Carlos Menem y el Vaticano. En el 2001, como titular de la Auditoría General de la Nación, dictaminó contra la decisión de la Anmat de autorizar la venta de la anticoncepción hormonal de emergencia (pastilla del día después), afirmando, contra toda evidencia científica, que se trataba de un método abortivo.

En 2010 fue al Senado a exponer en contra del Matrimonio Igualitario, alegando falsamente que para la aprobación de la ley “hacía falta una reforma constitucional”. Se ve que para él es una práctica habitual tergiversar el contenido de la Constitución para respaldar su discurso retrógrado.

Actualmente, “es uno de los abogados que litigan contra el Estado para derogar la Ley de IVE, en una causa iniciada en Salta por la exsenadora nacional y ahora diputada provincial de esa provincia, María Cristina Fiore Viñuales, y que se encuentra en la Corte Suprema (…) La demanda que representa Barra se inició para que se declare inconstitucional la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación -por la cual se actualizó el protocolo de atención de los abortos no punibles previstos en el Código Penal hace cien años- y luego se amplió para que se declare también la inconstitucionalidad de la ley 27.610” (Página 12, 5/12/2023).

En el marco de ese litigio, obtuvo recientemente una audiencia con la Procuraduría General de la Nación, donde se presentó junto a Pedro Javier María Andereggen, apoderado de la Asociación Pro Familia, organización católica tristemente célebre por haber hecho campaña en la década del ‘80 pidiendo la anulación del juicio contra el exjefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Barra dice que se arrepiente de su pasado nazi, no obstante, hace yunta con los que defienden genocidas y está a favor de torturar niñas víctimas de violación, obligándolas a parir.

Con todo, frente a que este gobierno reaccionario está agitando las aguas de la derogación del aborto, las mujeres y las diversidades debemos responder con organización y lucha, que es como supimos derrotar aquella vez a estos fascistas de pañuelo celeste. Demostremos en las calles que no estamos dispuestas a retroceder.

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