06/07/2021

El gobierno subejecuta y recorta políticas de género

Solo se utilizó un 24% del presupuesto asignado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Alberto Fernández presentó recientemente ante el Foro Generación Igualdad, organizado en París por ONU Mujeres, la tesis de que la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad durante su gestión redundó en un avance para las mujeres y el colectivo LGTBI+. Sin embargo, la realidad lo desmiente ya que la reducción y subejecución presupuestaria en políticas de género ha sido la norma, y, a su vez, la profundización de la crisis social afecta en particular a la población femenina.

Un dato contundente en ese sentido es que en el primer semestre del año solo un 24,7% del presupuesto asignado al Ministerio conducido por Gómez Alcorta fue ejecutado. La subejecución mencionada ha llegado al paroxismo en el caso del Programa Acompañar, donde tan solo un 8,6% del dinero contemplado para su aplicación ha sido utilizado en lo que va del año. Como se ve, no solo se trata de un subsidio irrisorio para las víctimas de violencia de género, sino que además, su carácter clandestino y restrictivo lo convierte en inaccesible para aquellas mujeres que lo necesitan.

A su vez, la partida destinada al programa de Acciones para la Protección contra la Violencia por Razones de Género ha sido ejecutada en un 9,8%. Lamentablemente el porcentaje miserable no nos sorprende ya que a simple vista podemos dar cuenta de la falta de centros en cada barrio para asistir de manera integral a las víctimas de violencia de género, lo cual da un indicio del desamparo estatal hacia las mujeres inmersas en situaciones de violencia.

Por su parte, solo un 36% de lo presupuestado fue dirigido hacia la construcción de centros territoriales. A este ritmo, la promesa oficial -varias veces anunciada- de poner en pie 80 dispositivos con asistencia jurídica y psicosocial en todo el país está lejos de concretarse. Además, la austeridad reinante elimina la posibilidad de que los profesionales a cargo cuenten con estabilidad laboral y salarios acordes.

La tijera oficial también abarca al programa de Formulación de Políticas de Igualdad y Diversidad, dedicado a la capacitación en materia de género y a visibilizar las desigualdades existentes. El mismo se ha ejecutado en un 22%, lo cual da cuenta que el gobierno terceriza esta tarea en sus organizaciones afines a través de las Promotoras de Género o por medio del Programa Articular, mediante el cual le otorga por única vez $500 mil a asociaciones civiles para llevar adelante proyectos en ámbitos comunitarios vinculados con las violencias por motivos de género. Evidentemente, el ministerio feminista no concibe como una prioridad reeducar a la sociedad sobre parámetros no machistas, y la ausencia de una educación sexual laica y científica en las instituciones educativas lo pone de manifiesto.

Todos los ítems enumerados, junto con el programa de Apoyo Económico a Familiares Víctimas de Femicidios, corresponden a la Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, que de conjunto, recibió un presupuesto de $5.400 millones para el 2021 y solo utilizó un 23,3% del mismo.

A la par de la subejecución, ha tenido lugar una reducción nominal de algunas partidas. El presupuesto designado a financiar aquellos programas sobre Salud Sexual y Reproductiva sufrió un recorte del 6,9%, mientras que el monto contemplado para los programas destinados a prevenir violencia de género disminuyó un 7,5%. Por lo visto, las políticas de género corrieron con la misma suerte que las prestaciones sociales y gasto público, donde el ajuste del gobierno, a pesar del récord en la recaudación, también se evidenció. La reducción del déficit fiscal es la hoja de ruta de Alberto Fernández dado que prioriza acordar con el FMI y rescatar una deuda usuraria, a costa de las condiciones de vida de las mayorías.

Por otro lado, la jactancia de las funcionarias alrededor de la supuesta perspectiva de género en el Presupuesto 2021 se muestra como una impostura teniendo en cuenta la ejecución ínfima de los programas con etiquetas PPG incluidos en los distintos ministerios. Sin ir más lejos, dentro de la cartera de Salud, los relacionados a la Salud Integral de la Adolescencia solo utilizaron el 13% de la partida asignada, y, a su vez, apenas se gastó un 1,4% del dinero contemplado para el Apoyo a la Reproducción Médicamente Asistida, práctica con la que la salud privada hace jugosos negociados. En el caso de los programas en torno a la Salud Perinatal, Niñez y Adolescencia, pertenecientes al Ministerio de Educación, su ejecución ha sido del 25,8%.

Mención aparte merece el abandono estatal hacia las víctimas de trata una vez que logran escapar de esa situación. Solo se utilizó el 45% del presupuesto asignado para brindar acompañamiento en esos casos. A su turno, el programa de Protección de Víctimas de Violencia se ha ejecutado en un 22%. Ambas políticas están a cargo del Ministerio de Justicia, lo cual demuestra la farsa del planteo gubernamental sobre la voluntad de reformar en términos feministas el Poder Judicial cuando lo que prima es el ajuste. Como la “verdad es la única realidad”, las cifras ratifican que no existe intención alguna en el oficialismo de revertir la desprotección que sufren las víctimas en el terreno de la Justicia, puesto que no se implementa ningún mecanismo para realizar un seguimiento del agresor a fin de evaluar riesgos, por el contrario, abundan las órdenes de restricción que se incumplen a diario.

Al parecer ya se ha convertido en un hábito para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad gastar menos de la cuenta, considerando que en todo el 2020 el organismo tuvo una ejecución presupuestaria apenas superior al 50%. Además, el mísero 24,7% de este año es sobre un total asignado de $6.205 millones, es decir, apenas $250 por habitante mujer. Esa suma contrasta con los $242.683 millones dirigidos -en lo que va del 2021- al pago de la deuda colocada en moneda local y con los $83.161 millones gastados en concepto de intereses de deuda en moneda extranjera. Como se ve, más allá de la demagogia oficial sobre la temática las prioridades oficiales están claras.

Consiste en una orientación sencillamente criminal ya que la violencia de género no para de crecer. Durante el 2020 la Línea 144 ha recibido más de 100 mil llamados, y, a su vez, en el primer semestre del 2021 se han cometido 151 femicidios. Por lo tanto, aparece claramente la estafa que significa el ministerio feminista, el cual solo ha cumplido la función de ofrecer una pátina de género a una política fondomonetarista, contraria a los intereses de las mujeres y las diversidades.

En un acto de absoluta perfidia, Alberto Fernández, en esa conferencia, se atrevió a mencionar el IFE -y a que el 55,7% de las personas que lo recibió fueron mujeres- como una iniciativa llevada adelante por su gestión para mitigar los efectos sociales de la pandemia. Sin embargo, omitió mencionar que eliminó el subsidio de un plumazo en el peor momento sanitario y con la mitad de los hogares sumidos en la pobreza.

Todo lo mencionado ilustra el desprecio de quienes nos gobiernan hacia las mujeres y diversidades del pueblo trabajador, las más afectadas por el incremento de la violencia. Por lo tanto, no corresponde simplemente exigir mayor presupuesto para terminar con las desigualdades existentes, sino apelar a un control popular del mismo y de las medidas a tomar. Finalmente, no podemos dejar esa tarea en manos de quienes nos ajustan, nos hunden en la pobreza y recortan partidas de manera antojadiza.

El fracaso rotundo de las instituciones creadas por el Estado para atender la problemática de género está íntimamente ligado a la orientación capitalista del mismo. Un gobierno que se postra ante el capital financiero y las patronales y teje lazos con las iglesias jamás podrá cumplir con las aspiraciones de los sectores populares ni de la población femenina. Tal es así, que debemos dejar atrás el oprobio de que un puñado de funcionarias escalen al interior de la estructura estatal en nuestro nombre y dar lugar a la pelea por poner en pie un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades, con cargos electos y revocables, donde el movimiento de lucha sea el que esté a cargo de gestionar el presupuesto y aplicar las políticas que tantas veces en las calles hemos demandado.

 

                     

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