Algunas corrientes políticas impulsan las declaraciones de “emergencia en violencia de género” en el ámbito del Congreso Nacional y de las legislaturas y concejos deliberantes. Ante la cruda realidad de un femicidio diario, el boicot a los abortos no punibles y toda la violencia desplegada cotidianamente hacia las mujeres, es natural que la formulación de "emergencia" suene a nuestros oídos como un reclamo adecuado. Sin embargo, siendo que el planteo es mayoritariamente levantado desde hace muchos años por algunos sectores pejotistas –y aliados de estos como el PCR  o Mumalá, que integra el reagrupamiento político de Argentina Federal o sus ex aliadas de "Marea Feminista", dirigida por Donda, que promueve la candidatura de Felipe Sola; que la diputada Norma Durango del FpV La Pampa acaba de presentarla para su provincia y lo mismo el Frente Renovador con un proyecto propio en el Congreso, es preciso analizar el reclamo.

En primer lugar, está ausente el balance de aquellas “emergencias” que fueron aprobadas e implementadas en diferentes puntos del país.

En Salta, donde el parlamento votó la "emergencia" en el año 2014 y hace unos meses, a instancias del gobernador Juan Manuel Urtubey, el Senado la prorrogó hasta el año 2020, las mujeres y niñas sufren la mayor cantidad de injusticias, atropellos y discriminaciones por clase, etnia y género, de todo el país. La “emergencia”, en este caso, funcionó como un taparrabos de una feroz política de guerra de parte de un gobierno capitalista y clerical, que tiene a la provincia en el podio de los ataques, particularmente, contra las mujeres pobres. Es lógico no esperar una crítica del PJ o de Mumalá en este caso, porque integran plenamente ese gobierno.

En el campo de la izquierda, incluso dentro del FIT, se reproduce la consigna de “emergencia” sin procesar adecuadamente su función y la orientación que imprime al movimiento y, por tal motivo, creemos que esto debe ser objeto de un debate abierto.

En un país donde es asesinada una mujer por día, está claro que resulta urgente reconocer una “emergencia”. Así lo hicimos hace 4 años las mujeres trabajadoras y las estudiantes y por eso salimos a las calles. Nuestra lucha es la muestra del fracaso de este régimen social y de su responsabilidad ante la violencia de género. Sin embargo, el Estado capitalista es el promotor de esa violencia, y por lo tanto concederle la aprobación parlamentaria de “Emergencias”, sin plantear que el organismo ejecutor de las mismas debe ser independiente de este “Estado responsable”, puede terminar significando un reforzamiento de los poderes del Estado sin avances concretos para las mujeres.

Una “emergencia” parlamentaria habilita el uso extraordinario de fondos del Estado. Su destino, en definitiva, lo van a resolver los ajustadores. Así ha ocurrido con las emergencias “económica” y “jubilatoria”, bajo las cuales durante los últimos 20 años se operaron las peores tropelías justamente contra los sectores que se encontraban y encuentran en “emergencia”. Las “emergencias sanitarias” abrieron paso a pingües negociados de compra directa de insumos que beneficiaron a bloques políticos gobernantes y alejaron aún más del acceso a la salud a la población más necesitada. La “emergencia previsional”, en nombre de la cual Cambiemos con el apoyo del PJ aprobaron la Ley Ómnibus de 2016, habla por sí misma. Una emergencia puede enumerar un sinfín de opresiones y violencias, sin embargo su enumeración no significa que existan el programa ni la predisposición políticas para su resolución. Es el caso de la asistencia a las mujeres violentadas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pugnó para que una ley de nuestro bloque fuera modificada en la parte del articulado donde planteaba que la asistencia debía correr por cuenta del Estado con personal seleccionado por concurso, de planta permanente y con los ingresos y las condiciones necesarias para poder asistir adecuadamente. El Pro y el PJ-FpV pugnaron por modificar este artículo y la implementación actual de la asistencia no existe pero sí existen subsidios para ONGs amigas del gobierno.

La “emergencia” no debe reemplazar el carácter concreto de nuestras demandas, intención que puede estar contenida detrás del nuevo impulso de esta iniciativa, máxime si se tiene en cuenta que sus principales impulsoras son aliadas al clero, el principal beneficiario de la tercerización de la asistencia con fondos del Estado. No es un capricho cuestionar la liviandad de reclamar "emergencias" sin ponerle el cascabel al gato: se trata de la atención y el cuidado que hace de su programa y de su política el propio movimiento de mujeres.

Proponemos que las demandas en el plano parlamentario no pierdan su carácter concreto y que el movimiento de mujeres impulse la puesta en pie de un Consejo Autónomo de las Mujeres para que gestione, fiscalice e implemente políticas inmediatas en favor de las mujeres, de manera independiente del Estado, de sus intereses de clase y de las iglesias con las que gobiernan o pretenden gobernar.

Por un Consejo Autónomo de Mujeres, electas de manera directa, que vaya por el presupuesto, las políticas de asistencia, por la independencia material de las mujeres, ponga en pie talleres contra las violencias, luche por el aborto legal y por la definitiva separación de la Iglesia del Estado.