Algunas corrientes políticas impulsan las declaraciones de “emergencia en violencia de género” en el ámbito del Congreso, las legislaturas y concejos deliberantes. Ante la realidad de un femicidio diario, el boicot a los abortos no punibles y toda la violencia desplegada hacia las mujeres es natural que la formulación de "emergencia" suene a los oídos como un reclamo adecuado. El planteo es mayoritariamente levantado por algunos sectores pejotistas -y aliados de éstos como el PCR o Mumalá, que integra el reagrupamiento político de Argentina Federal, o sus ex aliadas de Marea Feminista, dirigida por Victoria Donda, que promueve la candidatura de Felipe Solá; la diputada Norma Durango, del FpV La Pampa, acaba de presentarla para su provincia, y lo mismo  el Frente Renovador con un proyecto propio en el Congreso. Pero detrás de las apariencias, hay que examinar el reclamo con cuidado.

En primer lugar, está ausente el balance de aquellas “emergencias” aprobadas e implementadas en diferentes puntos del país.

En Salta, donde el Parlamento la votó en 2014 y hace unos meses, a instancias del gobernador Juan Manuel Urtubey, el Senado la prorrogó hasta el año 2020, las mujeres y niñas sufren la mayor cantidad de injusticias, atropellos y discriminaciones por clase, etnia y género, de todo el país. La “emergencia” funcionó como taparrabos de una política de guerra de parte de un gobierno capitalista y clerical, que tiene a la provincia en el podio de los ataques, particularmente, a las mujeres pobres. Es lógico no esperar una crítica del PJ o de Mumalá en este caso, porque integran ese gobierno.

En el campo de la izquierda, incluso dentro del FIT, se reproduce la consigna de “emergencia” sin procesar adecuadamente su función y la orientación que imprime al movimiento.

En un país donde es asesinada una mujer por día, está claro que resulta urgente reconocer una “emergencia”. Así lo hicimos hace cuatro años las mujeres trabajadoras y las estudiantes, y por eso salimos a las calles. Nuestra lucha revela el fracaso de este régimen social y su responsabilidad ante la violencia de género.

Sin embargo, el Estado capitalista es el promotor de esa violencia. Por lo tanto, concederle la aprobación parlamentaria de “emergencias”, sin plantear que el organismo ejecutor de las mismas debe ser independiente de este “Estado responsable”, puede terminar reforzando los poderes del Estado sin avances concretos para las mujeres.

“Emergencia” y tercerización de recursos

Una “emergencia” parlamentaria habilita el uso extraordinario de fondos del Estado. Su destino, en definitiva, lo van a resolver los ajustadores. Así ha ocurrido con las emergencias “económica” y “jubilatoria”, bajo las cuales se operaron las peores tropelías justamente contra los sectores que se encontraban y encuentran en “emergencia”. Las “emergencias sanitarias” abrieron paso a pingües negociados de compra directa de insumos que beneficiaron a bloques políticos gobernantes y alejaron aún más el acceso a la salud de la población más necesitada. La “emergencia previsional” que aprobó Cambiemos en 2016, con el apoyo del PJ, habla por sí misma. La enumeración de un sinfín de opresiones y violencias que suele acompañar a las “emergencias” no significa que existan el programa ni la predisposición política para su resolución. Es el caso de la asistencia a las mujeres violentadas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pugnó para que una ley de nuestro bloque fuera modificada en la parte del articulado donde planteaba que la asistencia debía correr por cuenta del Estado con personal seleccionado por concurso, planta permanente y con los ingresos, así como las condiciones necesarias para poder asistir adecuadamente. El PRO y el PJ-FpV pugnaron por modificar este artículo y la implementación actual de la asistencia no existe, pero sí existen subsidios para ONGs amigas del gobierno.

La “emergencia” no debe reemplazar el carácter concreto de nuestras demandas. Esa es justamente la intención que puede subyacer detrás del nuevo impulso a esta iniciativa, máxime si se tiene en cuenta que sus principales promotoras son aliadas al clero, el principal beneficiario de la tercerización de la asistencia con fondos del Estado. No es un capricho cuestionar la liviandad de reclamar  "emergencias" sin ponerle el cascabel al gato: se trata de la atención y el cuidado que hace de su programa y de su política el propio movimiento de mujeres.

Proponemos que las demandas en el plano parlamentario no pierdan su carácter concreto y que el movimiento de mujeres impulse la puesta en pie de un Consejo Autónomo de las Mujeres para que gestione, fiscalice e implemente políticas inmediatas en favor de las mujeres, de manera independiente del Estado, de sus intereses de clase y de las iglesias con las que gobiernan o pretenden gobernar.

Por un Consejo Autónomo de Mujeres, electas de manera directa, que vaya por el presupuesto, las políticas de asistencia, por la independencia material de las mujeres, ponga en pie talleres contra las violencias, luche por el aborto legal y por la definitiva separación de la Iglesia del Estado.