23/04/2020 | 1590

El Ministerio de la Mujer, de espaldas a los reclamos de las mujeres

La ministra de la Mujer, géneros y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, fue entrevistada para que se explique frente a los 34 femicidios registrados en marzo y que motivaron un ruidazo nacional desde los balcones por #NiunaMenos.


La ministra comenzó negando el agravamiento de la situación bajo la pandemia, defendió cerradamente lo hecho y dijo que la cifra de femicidios es “altamente estable”, comparando con los 33 casos de marzo de 2019. Esto, mientras las denuncias aumentaron en un 39% a nivel país según los informes oficiales, porque las situaciones de encierro acicatean la violencia intrafamiliar, que es el ámbito donde ocurren mayormente los femicidios.


La posición muestra un ministerio de espaldas a las mujeres, mientras son los familiares los que buscan a sus desaparecidas frente a la inacción de todos los estamentos del Estado.


“En otros años no hubo plan”: en 2020, tampoco


Consultada sobre las respuestas que están dando a las violencias contra las mujeres, Gómez Alcorta repite “llamar al 911, acompañamiento de la Línea 144, apoyo de las redes territoriales, coordinar con la Banca de la Mujer del Senado, con los municipios”. Exactamente el mismo contenido del Plan Nacional contra las Violencias de Género de la funcionaria macrista Fabiana Túnez.

Todo un dispositivo precarizado. Es la situación de las trabajadoras que atienden la Línea 144, que seguirán teniendo turnos agobiantes en la medida en que funcionan como el salvoconducto de la ausencia general de respuestas del Estado.


La novedad que aporta la ministra en su abordaje “multiagencial” -que antes se llamaba interdisciplinario- supondría el cambio de paradigma de enfocarse en “trabajar en la exclusión del violento y no en el refugio de las mujeres víctimas”.


Una posición dolosamente superficial que no se ajusta a la dinámica real de la violencia de género y que apunta ahorrarle presupuesto al Estado, confinando la problemática a los mecanismos policiales y penales, que son los que fallan sistemáticamente, porque ellos mismos son garantes de la reproducción del “Estado opresor”, como bien cantaron las chilenas.


Lo cierto es que no existen refugios ni para las víctimas ni para los violentos.


No hay refugios


La realidad marca que frente a una situación de peligro y ante el calvario burocrático que supone denunciar violencia de género y conseguir una exclusión y/o una perimetral, las mujeres terminan huyendo, solas o con sus hijxs, en busca de un lugar donde refugiarse del violento. El hecho de que vayan a parar mayormente a las casas de amigas o familiares no responde a una predilección por “la contención”, las mujeres y su prole simplemente van donde pueden y es el Estado el que orienta ese derrotero descargando el problema en particulares.


Según informa la ministra, en el país hay entre 120 y 125 refugios y “la inmensa mayoría son municipales, algunos son provinciales, algunos de la sociedad civil y de organizaciones religiosas”; es decir que lejos de existir una “red nacional de derivaciones”, hay un número superpuesto de inmuebles, gestionados con presupuestos disímiles y organizados con fines y métodos propios, incluidos los correspondientes al claustro religioso.


Con graves problemas de infraestructura, limitaciones para estar con hijxs, con personal escaso y precarizado, que favorece la descentralización, las mujeres víctimas no encuentran allí un lugar seguro. Esta situación no se resuelve pateando la pelota afuera, como hace Gómez Alcorta.


Más allá de los refugios


Para excluir a los violentos se requiere mejorar la situación económica de las mujeres. La carencia general de trabajo y de vivienda popular es la base material de las revinculaciones, sin trasformar la realidad que hace de la familia una institución de sustento, las mujeres quedan aprisionadas en relaciones violentas. El gobierno, mientras tanto, le ha denegado 10 mil pesos a miles de trabajadoras domésticas.


El plan de no gastar presupuesto y de culpabilizar a la sociedad sobre una realidad que es forjada desde un Estado de clase, incluida por supuesto la cultura que desde allí se imparte, no aporta nada nuevo a la dramática situación de la violencia contra las mujeres. Al poner el peso de las medidas en la exclusión, la ministra se contradice con el abordaje “multiagencial” del que se jacta.


El femicidio como último eslabón de la cadena de violencia tiene un recorrido que no se aborda correctamente con un punitivismo ramplón ni se soluciona con “3.229 planes Hacemos Futuro para la población travesti trans y otros 300 para mujeres en situación de violencia”, ingresos que rondan la línea de indigencia. 


Control popular de las mujeres durante la cuarentena


En la entrevista se pregunta por las medidas para cuidar a las mujeres de las organizaciones sociales que están en la primera línea de lucha contra la otra cara de la pandemia en miles y miles de comedores y copas de leche en nuestro país. Gómez Alcorta responde con un discurso oficial, sin dar cuenta de que el Estado no está cumpliendo con la demanda de comida, retrasa el pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y que las extranjeras están siendo violentamente discriminadas, con 2, 10 ó 38 años viviendo en el país. 


El tema desatendido sí le sirve para decir que “las políticas de largo plazo chocan con las urgencias”, apelando a las falsas oposiciones economía-salud-derechos mujeres, cuando está claro que todo ello podría atenderse de una mejor manera si el gobierno afectara el pago de la deuda y reorganizara la industria y la economía del país en beneficio de las mayorías.


Comité de crisis o Consejo autónomo 


Sectores feministas le recriminan a Gómez Alcorta que su ministerio no esté integrado al Comité de crisis por el Covid-19 y atribuyen esa exclusión a la falta de integración de las políticas de género a las medidas más generales por la pandemia, cuando en el centro de la escena aparecen el hogar y las tareas de cuidado, un lugar y un trabajo asignado mayormente a las mujeres. 


Más allá de la respuesta paradójica de la ministra (lo “coordino con Santiago Cafiero”), debemos advertir que estamos ante el enésimo intento de resolver la cuestión de la mujer reforzando la estatización de sus demandas. Pero “el Estado no baja políticas concretas” porque tiene un carácter de clase y subsume toda política a esta orientación general. El ministerio de la mujer sirve más como pantalla para ocultar la falta de políticas del gobierno.


Reforzamos nuestro planteo de que para que las mujeres tengan autonomía debemos poner en pie un organismo con poder autónomo, organizado por la masa de las mujeres de nuestro país, que vote un programa y luche por su implementación. Planteamos la puesta en pie de un Consejo Autónomo de la Mujer que arranque los recursos para las mujeres contra la orientación ajustadora del Estado capitalista.

 


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