Ayer en Mendoza amanecimos con la peor noticia: un triple femicidio. Aún seguimos conmovidos por los crímenes de Janet, Julieta y Ayelén, que nos convocaron masivamente a movilizarnos en más de cuatro puntos de la provincia el 28 de septiembre pasado. Aún recordamos la masiva participación ante el #ParoNacionalDeMujeres del pasado 19 de octubre y nuevamente tendremos que salir a las calles a gritar justicia por las tres mujeres asesinadas la madrugada del domingo en una casa del barrio Trapiche, ubicado en el departamento de Godoy Cruz.

 

La descomposición social de este sistema no da tregua. Mientras transcurría el Miércoles Negro, Mendoza sufría otro femicidio en el barrio La Favorita. En lo que va del año tenemos un total de 16 femicidios.

 

Ante este recrudecimiento de la violencia sobre las mujeres, el gobernador de la UCR-Cambiemos,  Alfredo Cornejo, siempre explicó, con el peor de los argumentos, el que desresponsabiliza al Estado de los mecanismos de protección que debería instalar. "Se trata de un problema del ámbito privado de las víctimas", "Si no hay denuncias previas, nada puede hacer el Estado", "No es necesario declarar la emergencia, pues hay un Gobierno que está presente". Las consecuencias de estos argumentos han sido fatales.

 

Julita y Janet fueron asesinadas por sus parejas, no había denuncias previas de violencia de género: ésa fue la excusa del gobernador para justificar el accionar estatal.

 

Pero las dos desaparecieron el 21 de septiembre, el día que mayor presencia policial hubo en las calles para estrenar la declarada y costosa Emergencia en Seguridad (561 millones de pesos de deuda, más nueve millones para una nueva cárcel, y corrupción de por medio en sobreprecios que están siendo investigados). A los seis días, las dos aparecieron asesinadas; una, víctima de un sicario contratado por su pareja, y la otra, víctima de un hijo del poder.

 

Ayelén Arroyo (19 años), asesinada por su padre en Ugarteche, Luján de Cuyo, a quien lo denunció por abuso sexual y sobre el que pesaba una orden de restricción y exclusión del hogar. Fue dejado en libertad por el fiscal y terminó cometiendo el femicidio.

 

La explicación más peligrosa es la que dio la responsable de la Dirección Provincial de Género y Diversidad, Silvina Anfuso, de Libres del Sur: "Recrudece la violencia sobre las mujeres porque es una reacción machista ante el proceso de autonomía que iniciaron las mujeres. Pero no nos van a amedrentar. Nos juntamos, nos apoyamos, nos expresamos, porque nos queremos vivas y libres".

 

Es la funcionaria que antes de serlo reclamaba la Emergencia en violencia de género y ahora la rechaza cuando cogobierna con un hombre del radicalismo que califica de minoritarios a quienes nos pronunciamos contra la candidatura del juez José Valerio a ocupar la vacante en la Suprema Corte de Justicia, de fallos misóginos y homofóbicos.

 

Contra el endeudamiento de 561 millones de pesos para el aparato corrupto de la Policía y 90 millones de dólares para la nueva cárcel, están los 1,1 millones de pesos que la Dirección de Género y Diversidad gestiona de manera directa, del cual ya lleva 60% ejecutado con ineficaces resultados ante el crecimiento de los femicidios. Hace poco declararon una transferencia de alrededor de seis millones de pesos a los municipios para activar esquemas de contención a las víctimas.

 

Las políticas de contención de las víctimas siguen atravesadas por el ajuste de los gobiernos. La administración del escaso presupuesto está en manos de un gobierno que se muestra indiferente a la naturaleza de carácter social y político de los femicidios. Cuando se reduce al ámbito íntimo, cuando el problema es simplemente el machismo, no hay nada que hacer para estos gobiernos, responsables de generar y reproducir ese machismo que implica la cosificación, la humillación y la desvalorización humana de la mujer.

 

Cuando ese miserable presupuesto es ejecutado por una mujer que considera que, si luchamos y nos organizamos, el proceso de autonomía que se deriva es la causa del recrudecimiento de la violencia, estamos fritas.

 

Es el agotamiento de un sistema social lo que estamos presenciando. Darle batalla diaria es la tarea para las mujeres y los hombres que aborrecen esta descomposición.

 

El ascenso de la lucha por #NiUnaMenos y la radicalización en sus métodos, como el paro nacional del Miércoles Negro que se expandió por todo el continente, debe ser organizado y orientado al poder político, a sus instituciones y de manera independiente, para no terminar cooptadas o integradas a un régimen opresor.

 

Planteamos la urgente necesidad de que el actual Consejo Nacional de la Mujer y las Direcciones de Género provinciales sean remplazadas por organismos de mujeres y de la diversidad autónomos y autárquicos, donde las representantes sean electas mediante el voto directo por el padrón femenino, a partir de los 13 años, con posibilidad de revocabilidad.

 

Queremos que la lucha por #NiUnaMenos, que es desproporcional y posterior a la brutalidad de los femicidios, logre su cometido de ponerle un freno a la muerte, al crimen organizado, a las zonas liberadas, al Estado tratante y proxeneta, a la humillación de las mujeres por un sistema de explotación en donde la mujer lleva la marca de la propiedad privada.

 

La mayor autonomía de la mujer es una protección contra la violencia, es la conciencia de que debe pelear colectivamente y organizarse —la violencia es más frecuente, más intensa y más sistemática allí donde la mujer no ha desarrollado su autonomía personal.

 

 

Este artículo apareció originalmente en http://www.infobae.com/opinion/2016/10/24/el-triple-femicidio-en-mendoza-y-la-responsabilidad-del-estado/