Durante el debate en la cámara baja la diputada cordobesa Alejandra Vigo dejó constancia de su voto en contra al proyecto de ley que establece la interrupción voluntaria del embarazo. Lo hizo en nombre del proyecto presentado por el boque del PJ cordobés, Córdoba Federal, que plantea la modificación del código penal para despenalizar el aborto y prevé la creación de un programa para la prevención y asistencia de mujeres en situación de interrupción del embarazo.

“El aborto no es un derecho de las mujeres”, con esta frase Vigo arrancó su intervención que salió al cruce del movimiento de mujeres que reclama desde hace más de 35 año este derecho. En un discurso cargado de reduccionismos e imposturas, afirmó que el aborto “no puede ser la salida a una relación frustrada” como si las miles de mujeres, niñas y personas gestantes que optan por la interrupción del embarazo accedieran al mismo como método anticonceptivo, y no fueran víctimas de una profunda situación de violencia social, económica, institucional y familiar. En su alocución la diputada omitió la situación de las cientos de niñas abusadas, torturadas y obligadas a parir y maternar, una de los principales factores que motorizan el reclamo de la marea verde.

En su lugar, cargó las tintas en el “programa para la prevención y asistencia de mujeres en situación de aborto” que promueva la “maternidad deseada y la planificación familiar”, un eufemismo para incorporar nuevas trabas institucionales para el acceso a este derecho. Se trata de una impostura en toda la línea, en la medida en que la principal herramienta de “prevención” es la educación sexual integral, ley aprobada en 2006 que no es aplicada en las escuelas de la provincia por la profunda injerencia clerical en la educación.

En un intento desesperado por pintar de progresista una abierta posición antiderechos, Vigo dedicó gran parte de su intervención a la “defensa de medidas indispensables” como lo es el efectivo cumplimiento de los protocolos de aborto no punible. Parece haber olvidado que fue su gobierno el que habilitó la maniobra judicial impulsada por el Portal de Belén, que mantuvo durante 8 años suspendido el acceso de este derecho en la provincia.

En la misma línea, remarcó la necesidad de tener un sistema de salud capaz de prevenir y asistir a las mujeres y diversidades en materia de salud sexual y reproductiva. Tal afirmación constituye una verdadera provocación en una provincia con un sistema de salud colapsado por el desfinanciamiento, donde acceder a la anticoncepción gratuita es una verdadera odisea, y los escasos programas específicos de atención a la salud sexual y reproductiva de mueres y diversidades fueron vaciados y cerrados.

La intervención de rechazo de la diputada Alejandra Vigo es un guiño político a la iglesia católica cordobesa, un pilar fundamental para el gobierno peronista. Vale recordar que esta misma diputada se abstuvo en 2018 a pedido expreso del monseñor Ñáñez, mientras que parte de su bloque directamente rechazó la aprobación.

Vigo, convertida en vocera del gobierno de Schiaretti, ha establecido una declaración de guerra al movimiento de mujeres en Córdoba. La aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo será, sin duda, el primer paso de una fuerte lucha que deberemos librar para imponer el efectivo acceso y cumplimiento de este derecho en la provincia.