De esta forma resumía la escritora y activista Denise Dresser la situación que viven las mujeres en México -donde existen cifras récord de femicidios- a través de su cuenta de Twitter, tras conocer la noticia del brutal asesinato de la joven salvadoreña, Victoria Salazar Arriaza, a manos de la policía del estado mexicano de Quintana Roo. La tesitura del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la materia, oscila entre el negacionismo hacia esta problemática acuciante y el envalentonamiento de las fuerzas represivas para confrontar con el movimiento de mujeres.

Las expectativas que supo tener este colectivo de lucha hacia el gobierno centroizquierdista de AMLO, que asumió en 2018, se fueron diluyendo al calor de un agravamiento en las condiciones de vida de la población femenina, donde la responsabilidad estatal aparece en primer plano. Los asesinatos por razones de género no paran de crecer en el país: en 2018 se registraron 872 femicidios, 1.006 en 2019, llegando a 3.752 en el 2020 (a razón de diez femicidios por día). Además, cada 3 días una persona perteneciente a la comunidad LGBTI+ es asesinada. Distintas organizaciones denuncian que solo el 26% de los femicidios y el 10% de los crímenes de odio son caratulados como tales (Latfem, 12/3).

A su vez, en una carta pública dirigida al gobierno, los sectores que se movilizaron el último 8 de marzo denunciaban un panorama desesperante, donde el 97% de los femicidios queda impune, cada 4 minutos una mujer es violada en México, la mitad de las mujeres sufre violencia en un vínculo de pareja, la mayoría de las denuncias por violencia de género son desoídas y donde existe una brecha salarial en la que una mujer tiene que trabajar 15 meses para ganar mismo que un varón trabajando 12 meses.

Esta violencia femicida es acicateada desde la propia embestidura presidencial. La política de agravio hacia las mujeres por parte de López Obrador ha ido en ascenso. Para empezar, comenzó el 2020 con el intento, a través del fiscal general Alejandro Gertz Manero, de quitar la figura de “femicidio” del Código Penal; algo que fue rechazado de plano por el movimiento de mujeres. Luego, se encargó de menospreciar las denuncias radicadas por violencia de género, que aumentaron abruptamente durante el aislamiento impuesto por la pandemia (incrementándose en un 50% la solicitud de ingreso a refugios), afirmando que el 90% de las mismas eran falsas. Por otra parte, protagonizó declaraciones donde hacía una defensa acérrima de la institución familiar a cualquier costo y le recomendaba a los violentos “respirar hondo” y “contar hasta diez”. Al mismo tiempo, el oficialismo viene desfinanciando programas destinados a enfrentar la violencia de género.

Un salto en este sentido ocurrió el pasado 8 de marzo, en el marco de la movilización por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Dos días antes, el gobierno había levantado un muro metálico de tres metros de altura cercando el Palacio Nacional, en el zócalo de la Ciudad de México; lo que significó una afrenta para el movimiento de lucha. En la misma jornada, ordenó una brutal represión policial a fin de escarmentar la movilización, dejando un saldo de 16 personas heridas.

Esta política de confrontación abierta del gobierno hacia el movimiento de mujeres se da luego del repudio que suscitó la presentación del candidato a gobernador de Guerrero por parte del oficialismo, Félix Macedonio Salgado, denunciado por abuso sexual. AMLO mantuvo una política de encubrimiento en toda la línea, sosteniendo que “son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo (…) No podemos permitir los linchamientos, (…) fabrican víctimas, fabrican delitos. (…) que decida el pueblo de Guerrero”. Al mismo tiempo, apuntó contra las mujeres movilizadas llegando al extremo de afirmar que su lucha estaba orquestada por la oposición derechista, en un intento de desprestigiar sus reclamos.

Para el gobierno, se vuelve un principio de primer orden intentar frenar por la vía de la represión a un movimiento de mujeres en ascenso, que no ha dejado de movilizarse en los últimos años y que el 8 de marzo pasado protagonizó un paro contundente -que significó para la clase capitalista la pérdida de 1.850 millones de dólares, según datos oficiales- seguido de una movilización de 200.000 personas en la capital mexicana.

La policía que reprime y viola a las mujeres

La orientación oficial de reprimir a las mujeres que se movilizan producto de la escalada de violaciones y femicidios se ha manifestado en múltiples oportunidades a lo largo y ancho del país, donde prima el entrelazamiento criminal de la policía con las mafias del narcotráfico, alianza que en muchos casos se encuentra detrás de estos crímenes.

En noviembre del año pasado, agentes policiales de Cancún arremetieron con armas de fuego contra una movilización de 2.000 personas frente al Palacio de gobierno municipal, que reclamaba justicia por Alexis, una joven que fue encontrada muerta con signos de tortura. Del ataque, salieron heridos cuatro manifestantes.

En septiembre 2020, la secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, ordenó el desalojo violento de activistas que se encontraban ocupando la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Ecatepec, exigiendo medidas para hacer frente a los femicidios. La policía venía de reprimir, en el transcurso de dos meses, una movilización en la Ciudad de Juárez, llevándose detenidas a 28 mujeres; y otra contra el acoso sexual en Guanajuato, donde se repitió el mismo escenario.

El grito de “No nos cuidan, nos violan” se abrió paso dentro del movimiento de mujeres, señalando a la policía como una institución plagada de violadores. El detonante que llevó a que se ganaran las calles detrás de esta denuncia fue una violación en manada sufrida por una joven de 17 años, en 2019, por parte de cuatro policías, hecho que permanece impune. Un informe de Amnistía Internacional arrojó que el 72% de las mujeres detenidas por las fuerzas policiales, padeció abuso sexual en distinto grado. El gobierno actuó respaldando el accionar policial y repudiando las masivas movilizaciones que desencadenaron estos hechos aberrantes.

Un caso que ilustra hasta qué punto las fuerzas policiales utilizan la violencia sexual como mecanismo de disciplinamiento social es el de la obrera maquiladora Laura Santillán, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violación, en 2019. Las sospechas que apuntan contra la policía en este femicidio están más que fundamentadas, ya que miembros de dicha institución intimidaban y violentaban sistemáticamente a los trabajadores de las maquilas, que se encontraban realizando una huelga por sus condiciones laborales, de la cual Laura formaba parte.

El gobierno de AMLO se ha caracterizado por reforzar la militarización del país como parte de los acuerdos comerciales que mantiene con el imperialismo yanqui. Esta política se ha traducido en un incremento de la represión hacia los sectores populares, ensañándose particularmente con las mujeres y los migrantes.

Aborto legal, avances y retrocesos

En el año 2006, como resultado de la pelea desenvuelta por el Frente Nacional de Lucha por la Maternidad Voluntaria, por un lado, y de la necesidad del régimen político de echar lastre frente a la rebelión popular en curso contra el fraude electoral, se aprobó la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la capital mexicana.

Un triunfo similar se obtuvo en 2019 en el Estado de Oaxaca, donde las organizaciones de mujeres conquistaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo derrotando al lobby clerical. La votación del bloque político oficial estuvo divida en este terreno.

Los sectores antiderechos siguen imponiendo la clandestinidad en el resto del país. En los estados de Quintana Roo, Veracruz y Michoacán, fueron rechazados recientemente los proyectos sobre aborto legal. Mientras que en Guanajuato y Querétaro naufragaron las iniciativas de ampliar causales dentro del aborto no punible.

López Obrador, que mantiene lazos estrechos con el evangelismo y con la iglesia católica, a pesar de contar con mayoría en el Parlamento, se niega a impulsar este derecho a nivel nacional. A modo de maniobra dilatoria, frente al reclamo creciente del movimiento por el aborto legal, insinuó que llevaría a cabo una consulta popular al respecto que jamás realizó.

A ganar las calles

El panorama descripto es otra muestra más de que quienes integran a nivel continental el Grupo Puebla -como es el caso de AMLO- no levantan ninguna bandera popular y ponen por delante sus pactos con el imperialismo, a costa de someter a las mayorías a una política de ajuste y represión, generando el caldo de cultivo para que proliferen los femicidios.

Profundizar la lucha callejera contra el Estado femicida es la vía para que ser mujer en México deje de significar vivir en peligro permanente.

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