Salieron a la luz los mecanismos aberrantes que utilizan los sectores antiderechos en Tucumán para impedir el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Llegan a inducir partos aproximadamente a la semana 26 de gestación, condenando a esos bebés a graves problemas de salud debido a su extrema prematurez.

Una investigación realizada por la Fundación Mujeres x Mujeres detectó casos en el sistema de salud de Tucumán en los cuales el personal médico, en lugar de garantizar la ILE solicitada, retiraba el feto con vida del cuerpo de la persona gestante para que, luego de su paso por cuidados neonatológicos, fuera dado en adopción. Esos bebés desarrollaron graves patologías tras haber nacido al borde de la viabilidad fetal.

Recordemos que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2020, está permitida hasta las 14 semanas de gestación. Ahora bien, ese plazo puede extenderse si el embarazo fue fruto de una violación o corre riesgo la salud de la persona gestante. Esas causales habilitan la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), ya contemplada en la legislación nacional desde 1921.

El protocolo ILE indica que si el aborto se produce en el segundo trimestre de embarazo, quien lo practica debe recurrir a una asistolia intraútero para garantizar que el embrión o feto no sea expulsado con vida. Para realizar esa técnica se suele utilizar cloruro de potasio o digoxina.

No hacerlo implica un avasallamiento a los derechos de la persona gestante y un acto de tortura, en su mayoría perpetrados contra niñas que quedaron embarazadas producto de una violación. Debemos sumarle la crueldad que significa condenar a esos recién nacidos a una sobrevida con enormes déficits neurológicos.

Estas atrocidades ocurren porque los gobiernos le habilitan al clero una enorme injerencia en todas las esferas del Estado, incluida la salud. Lo hacen para luego valerse de los servicios de contención de ofrecen las iglesias cuando aplican sus políticas de ajuste contra el pueblo.

Es la misma provincia, gobernada por el PJ de Manzur y Jaldo, en la que en 2019 le obstruyeron el acceso a la ILE a “Lucía”, una niña de 11 años que había sido víctima de una violación intrafamiliar, dilatando hasta el hartazgo el procedimiento, al punto tal que todos los médicos del hospital se declararon objetores de conciencia. Cuando se convocó personal externo para practicarle el aborto, la gestación estaba tan avanzada que tuvieron que realizarle una cesárea.

Eso ocurrió en el Hospital del Este, ubicado en San Miguel de Tucumán, el mismo que hoy aparece mencionado en el informe por seguir vulnerando la voluntad de las personas que solicitan la ILE, desarrollando artificialmente la vida intrauterina para luego provocar el nacimiento. Pasaron los años y nada ha cambiado: continúan obligando a las niñas a parir.

La investigación señala que muchas veces son los propios centros de salud los que, mediante desinformación, dejan avanzar la edad gestacional dilatando el procedimiento ILE para poder cumplir con tan perverso objetivo.

Fascismo puro, amparado por el gobierno peronista de Tucumán. Debemos redoblar la movilización independiente para poner fin a estos procedimientos inhumanos. Hay que expulsar al oscurantismo clerical de los hospitales y defender que las niñas sigan siendo niñas y no madres.

https://prensaobrera.com/mujer/villarruel-miente-sobre-el-aborto-para-atacar-la-libertad-de-las-mujeres-y-los-cuerpos-gestantes