El proyecto de Ley de Paridad Integral, que fue elaborado por el espacio multisectorial y multipartidario Red para la Igualdad, tuvo esta semana media sanción en la cámara de diputados. Seis diputadas justicialistas (Carina Ramos, Estefanía Cora, Mariana Farfán, Paola Rubattino, Silvia y Carmen Toller) presentaron la iniciativa como propia y acompañaron como coautores los miembros varones del bloque oficialista, tanto el presidente de la Cámara, Ángel Giano, como todos los integrantes del bloque.

Por su parte, la vicegobernadora, Laura Stratta, y el gobernador, Gustavo Bordet, encabezaron el acto de presentación formal del proyecto y allí el mandatario manifestó un enfático apoyo a la aprobación de la iniciativa.

¿Qué establece la ley?

El texto establece, entre otros puntos, el principio de paridad de género en la conformación e integración de los tres poderes del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, Concejos y Colegios Profesionales, con representación igualitaria de varones y mujeres en un 50% para cada género en la conformación de listas electorales, y en la composición de estructuras orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de designación.

Para ello se derogan la Ley de Cupos N° 10.012. Se modifica el Régimen Electoral, la Ley de Ministerios, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Consejo de la Magistratura.

Distraccionismo

En el fundamento del proyecto, leemos “la voz de las mujeres en el Congreso favorece la sanción de leyes, la producción de políticas públicas, que redundan en la ampliación de los derechos de la mujer en diferentes campos de la vida social. En este sentido, las legisladoras han dado particular impulso a numerosas normas para subsanar situaciones discriminatorias y cumplen un rol fundamental a la hora de favorecer el debate de asuntos vinculados con la agenda internacional de derechos humanos de las mujeres”.

Sin embargo, a la hora de votar sobre un derecho esencial por el que las mujeres venimos luchando hace años ( la interrupción voluntaria del embarazo), dos diputadas mujeres del oficialismo como Mayda Cresto y Alicia Fregonese se expresaron en contra. De la misma forma lo hizo quien ahora, paradójicamente, aparece como coautor de este proyecto de ley, Julio Solanas.

De la misma forma, todo el bloque oficialista votó hace unos meses a favor de la ley de emergencia “solidaria” de Bordet, que significó un robo a las mujeres trabajadoras estatales tanto activas como jubiladas, en un contexto de ajuste y de paritarias congeladas.

Además, agregan: “es de suma importancia, que la Provincia esté en consonancia con la ley de paridad de género que fue aplicada ya en el 2019. No resulta justo seguir en desventaja con las decisiones políticas que se toman a nivel Nacional, en materia de igualdad de género. Actuar en tal sentido, conlleva a no avanzar como sociedad democrática, quedarnos detenidos en el tiempo, y como consecuencia inmediata seguir con una política de Estado, INEQUITATIVA Y DESIGUAL, que no solo perjudica a los derechos de todas las mujeres entrerrianas, sino también al crecimiento como Provincia, para lograr una sociedad justa y equitativa”. Ante ello, decimos que en un contexto de grave retroceso de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras, así como los acuerdos con el clero que se expresan, por ejemplo, en el incumplimiento del aborto no punible, el aumento del cupo femenino es un encubrimiento de la vulneración de derechos que sufren las mujeres. La paridad de género es la zanahoria de los ajustadores.

Resulta claro que si la intención fuera promover un mayor protagonismo social y político de las mujeres, deberían atenderse entonces las causas sociales y materiales que nos colocan en un lugar subordinado dentro de esta sociedad: el trabajo precario, la desigualdad salarial, la tutela religiosa en el sistema de salud y educativo, la violencia hogareña e institucional, la clandestinidad del aborto, la ausencia de derechos laborales, y la lista sigue.

Claramente esta ley no viene a legalizar el derecho al aborto, ni a garantizar la gratuidad de la salud pública y su calidad, o a extender las licencias por maternidad y paternidad, ni a establecer las guarderías en los trabajos o la inclusión laboral trans; tampoco a terminar con la brecha salarial histórica entre hombres y mujeres o a incrementar el presupuesto para asistir con dispositivos estatales a las mujeres que sufren violencia en el país del #NiUnaMenos, donde cada 30 horas una mujer es víctima de femicidio.

¿Conquista legal?

Aquí no está en juego arrancar derechos al Estado, sino la regimentación estatal de los partidos políticos. Cabe recordar a su vez, que el actual cupo del 30% vale para mujeres y para varones por igual, pudiendo integrar las listas de cualquier partido hasta un 70% de cualquier género. El carácter regimentador de una ley de este tipo puede apreciarse en el hecho que establece también un cupo “masculino”: por caso, si un partido eligiera para sus listas a un 60 % de candidatas mujeres, no podría postularlas.

Es un problema de clase, no de género

En nuestro país, con el 38,5% de diputadas y 41,7% de senadoras mujeres, no se ha logrado aprobar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que se presentó durante 12 años sistemáticamente–y sistemáticamente cajoneado-. Con el kirchnerismo, ¡8 años! de gobierno de una mujer, no han permitido que avance este derecho. Bajo el gobierno de Cristina Kirchner se ha agudizado la violencia contra la mujer y se multiplicaron los femicidios, creció brutalmente la explotación sexual y laboral de mujeres y niños sin que se haya desmantelado una sola red de trata, y se profundizó la injerencia clerical dentro de las diversas instituciones del Estado.

Actualmente, mujeres gobernadoras son punta de lanza de brutales ajustes como Alicia Kirchner en Santa Cruz. Tuvimos un canciller mujer, Malcorra, denunciada por ocultar violaciones a niños en África por parte de tropas de la ONU. El parlamento actual está plagado de mujeres que ofician de agentes del clero y la consecuente subordinación de la mujer. La vicegobernadora Stratta, sin ir más lejos, es un caso ilustrativo de ello.

En otras palabras: el sometimiento y la subordinación de las mujeres es un problema de clase, no de género. Se trata de un valioso mecanismo de la clase dominante para garantizar la reproducción de un régimen de explotación de la mayoría desposeída por parte de la minoría propietaria de los medios de producción. Es decir, la opresión de las mujeres no obedece al lugar que tienen en las instituciones de gobierno, sino al papel que hombres y mujeres ocupan en las relaciones de propiedad y de producción, su pertenencia de clase y su programa político.

Carrerismo

Este feminismo liberal postula la integración de las mujeres al aparato de Estado, haciendo abstracción del carácter clasista del programa y los partidos que esas mujeres portan, y del Estado mismo. La igualdad que se promueve no afecta un ápice al régimen de explotación social. No hay aquí una reivindicación popular, sino la aspiración de ciertos sectores de allanar el camino a un cargo político. La “inclusión democrática” de mujeres en cargos ejecutivos es el sambenito de la cooptación estatal; ejemplos sobran en la historia: Fabiana Tuñez, fundadora de la Casa del Encuentro, fue hasta hace unos meses funcionaria de Macri, designada presidenta del Consejo Nacional de Mujeres; o la actual Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta quien poco y nada ha hecho en este período de gobierno, en el cual los casos de femicidios y violencia hacia las mujeres ha ido en incremento (223 femicidios desde el 1 de enero al 30 de septiembre 2020).

Un programa de lucha para las mujeres

Nuestra intervención, incluso en el congreso con nuestra bancada del FIT-U, consiste en reforzar la lucha de las mujeres contra el régimen social opresor y su Estado, no en reforzarlo como aparato de dominación. Luchamos por desnudar ante las masas la naturaleza y el carácter clasista de un régimen en descomposición, no por reforzar las ilusiones en el Estado y sus instituciones. La función política del debate en curso es puramente distraccionista, de cara al ataque en curso contra el conjunto de los trabajadores.

El Partido Obrero se empeña en sentido inverso: nuestra intervención parlamentaria está al servicio de desarrollar la lucha de las trabajadoras para quebrar el ajuste, por un consejo autónomo de las mujeres contra la violencia de género, la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, licencias por violencia de género, la separación de la Iglesia del Estado y por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En ese camino, luchamos por sumar a la mujer trabajadora a la lucha por una transformación social dirigida por la clase obrera.

 “nuestro programa no es la paridad de género para el directorio de las corporaciones, para la Justicia corrupta, para el Parlamento de las dietas de 200 mil pesos al servicio de la explotación capitalista. No podemos ser furgón de cola de los partidos que se han opuesto al aborto legal. La emancipación femenina pasa por abatir a todos estos Estados e inaugurar una sociedad socialista en todo el mundo, codo a codo hombres y mujeres de la clase obrera.” (2019, acto FIT-U, Atlanta ).

https://prensaobrera.com/mujer/aborto-legal-las-iglesias-le-marcan-la-cancha-al-gobierno/