03/05/2021

Fallo en San Juan: otro ataque de los antiderechos al aborto legal

La Justicia suspendió una IVE a pedido de la expareja de la mujer que había solicitado realizarse la práctica.

Willy Monea Ojo Obrero Fotografía

Los jueces de la Sala III de la Cámara Civil de San Juan dieron lugar a la medida cautelar presentada por un hombre (miembro de las fuerzas represivas provinciales) para evitar que su expareja pudiera acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. De esta forma, el fallo judicial suspendió por 72 hs. la realización de la práctica argumentando que al estar casados rige la “presunción de paternidad”, y, por lo tanto, la decisión de interrumpir un embarazo necesitaría de la “confluencia de ambas voluntades”.

Se trata de un avasallamiento jurídico al principio de autonomía de la persona gestante presente en la ley de aborto legal y un intento misógino y clerical de perpetuar una tutela sobre los cuerpos y la voluntad de las mujeres. Sin dudas, denota la enorme injerencia que tienen las iglesias en la Justicia y en todas las esferas del Estado. También en el poder político, sin ir más lejos, el gobernador pejotista de San Juan, Sergio Uñac, es un reconocido antiderechos. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales empoderan con recursos estatales a los sectores religiosos, los cuales se valen de ese lugar de privilegio para arremeter contra un derecho conquistado.

San Juan, una provincia gobernada por el kirchnerismo es la única en el país que mantiene prohibida la venta de misoprostol (el fármaco utilizado para las IVEs) en las farmacias. El anterior gobernador, Luis Gioja, el mismo color político, también fue un férreo enemigo de los derechos sexuales y reproductivos; durante su gestión impidió las  la distribución de cuadernillos de ESI en las escuelas y el reparto de Dispositivos Intrauterinos (DIU).

Por otra parte, los jueces que sancionaron la medida cautelar, Juan Carlos Noguera Ramos, Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez fueron designados para ocupar esos cargos por decisión del gobernador Uñac, del Frente de Todos. Es decir, el oficialismo es responsable de que proliferen este tipo de atropellos al tener entre sus filas funcionarios, legisladores y gobernadores de fuerte raigambre clerical.

En ese sentido, se vuelve a poner de manifiesto el carácter estéril del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual solo se limitó a señalar que los jueces en cuestión estaban actuando por fuera de la ley, sin embargo, el repudio no fue seguido de ninguna otra acción para respaldar a la mujer cuyos derechos fueron violentados. Como se ve, un ministerio «verde» al interior de un gobierno entrelazado a las iglesias no puede cumplir ninguna función en favor de las mujeres.

Además, la reforma judicial que pregona el gobierno de Alberto Fernández lejos está de pretender confrontar con estos fallos reaccionarios. En particular, porque al presidente solo le interesa reformar la Justicia Federal para conseguir la impunidad de la camarilla gobernante en sus múltiples causas de corrupción. El ataque a las mujeres y a las personas LGBTI+ se produce en la Justicia Ordinaria, donde el gobierno no propone modificación alguna. Además, una verdadera reforma con «perspectiva de género» debe incluir la elección popular y revocabilidad de los cargos de los magistrados, algo que está por fuera del horizonte oficial.

A su vez, los cambios que propone el gobierno en materia judicial no incluye bajo ningún punto de vista la transformación de los planes de estudio de las facultades de Derecho. De este modo, sigue habilitando que la prédica oscurantista permee en la formación de quienes integran la Justicia. Se ve de forma muy nítida en este caso, no solo por el accionar de los jueces, sino por la intervención de la abogada defensora del hombre que presentó la apelación, Mónica Lobos, una militante de Acción Católica Argentina que es presidenta de la “Asociación Civil de Abogados por la Vida” y profesora de Derecho de Familia, Minoridad y Delincuencia Juvenil en la licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Católica de Cuyo.

Las fuerzas políticas del régimen son responsables de poner en sus puestos a estos jueces misóginos. Todas ellas integran el Consejo de la Magistratura que se encarga de presentar los pliegos de quienes luego serán funcionarios del Poder Judicial. A lo sumo son denunciados a través de un registro que inauguró el Consejo, el cual es un verdadero saco roto ya que no se conoce sanción alguna hacia ninguno de los jueces allí denunciados.

La marea verde debe seguir organizada y en las calles para impedir el avance de las iglesias y un retroceso en las conquistas. Abajo la medida judicial en San Juan. Separación de las iglesias del Estado.

Llamamos a todo el movimiento de mujeres y diversidades a formar parte del congreso nacional del Plenario de Trabajadoras, este 29 de mayo de forma virtual, para debatir en las comisiones y resolver un programa de lucha por la aplicación efectiva del aborto legal, por la implementación de la ESI laica y científica y contra los femicidios y el avance de las pobreza, estableciendo un curso independiente al Estado responsable.