La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe anuló el fallo condenatorio por el femicidio de Chiara Páez, ocurrido en Rufino en 2015, que se convirtió en un caso emblemático y catalizó las movilizaciones que se dieron en todo el país por Ni una Menos.

Mariano Mansilla asesinó a Chiara cuando ella tenía 14 años y él 17, para terminar con su embarazo. Contó con la complicidad de parte de su entorno familiar, que lo ayudó a ocultar el cadáver y manipular la búsqueda. Fue condenado por femicidio a 21 años y seis meses de prisión, en un fallo que fue ratificado por tres instancias judiciales.

Cuatro años después, la CSJ de Santa Fe da lugar a un recurso de la Defensora General de Menores por inconstitucionalidad y anula la condena por "apartarse de los principios específicos vigentes en el derecho penal juvenil y del de legalidad -al efectuar una integración normativa en perjuicio del imputado-, lo cual la torna descalificable desde la óptica constitucional, debiendo ser anulada". Y ordena un nuevo juicio que aplique el régimen penal juvenil, por el cual le rebajarían la condena por ser menor y dados los años que ya pasó en prisión efectiva, podría salir de la cárcel.

El fallo de la Corte Suprema es instructivo del grado de arbitrariedad con el que trabajan los tribunales. No se respetaron los derechos de la familia de Chiara, arrasada por un femicidio, que quedó atrapada en medio de estas discusiones judiciales y deberá afrontar un nuevo juicio. Por su parte, MM está detenido bajo fundamentos que fueron declarados inconstitucionales, nada más y nada menos, que por ser violatorios de los Derechos del Niño. Una situación aberrante de punta a punta, que demuestra que la súper estructura jurídica ya no responde a las necesidades de la realidad social.

Justicia

Con todo, el fondo del tema no es judicial, que en definitiva es un reflejo retardado de las relaciones sociales. Estamos frente al asesinato de una adolescente en manos de otro adolescente, que ya pasó 4 años en el penal de Piñero, uno de los más violentos del país, de donde saldrá peor de como entró. Un podrido sistema penal que es el complemento natural de una sociedad en estado de caducidad.

El crimen de Chiara Páez, que nos sacudió por su grado de crueldad y violencia, no es ninguna excepción. Según el “Informe especial: Niñas, adolescentes y jóvenes menores de 20 años víctimas de femicidio en Argentina”, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el periodo 2017 y 2019 - 5 años después del crimen de Chiara- una niña o adolescente fue víctima de femicidio cada 9 días en la Argentina.

Del total de esas 119 jóvenes asesinadas, el 34% era menor de 12 años, el 40% tenía entre 13 y 17 años, y el 26% entre 18 y 19. Como Chiara, 7 de ellas estaban embarazadas. Siendo el factor con mayor prevalencia entre los que se estudian sobre “interseccionalidad” de las violencias (5 víctimas eran pertenecientes a pueblos originarios, 4 con discapacidad, 4 en situación de prostitución y 3 migrantes).

Al menos el 84% de las víctimas tenían algún tipo de vínculo con el femicida, de los cuales la mitad eran parejas o ex parejas: "sólo 2 de ellos tenían de 16 a 17 años; 26 de ellos tenían entre 18 y 24 años; 7 tenían entre 25 y 34 años; otros 7 entre 35 y 44 años, y 1 entre 45 y 59 años" (Oficina de Mujer, CSJN).

Tomar en serio la lucha contra la impunidad nos lleva directo a cuestionar qué se ha hecho desde los poderes del Estado por aplicar la ESI, para asistir a las mujeres víctimas de violencia, para detener a tiempo y tratar a los violentos en su escalada femicida, para desandar de conjunto la desigualdad estructural sobre la que se asienta la opresión de género. El balance es que pese a la creación de organismos y ministerios no existe una política efectiva tendiente a erradicar las violencias contra las mujeres, que sufren especialmente las jóvenes pobres, mayoría entre las desocupadas de la clase trabajadora.

Reducir el reclamo de justicia a una mayor pena es truncar el debate: desde la reforma del Código Penal de 2012, que incorporó el femicidio como figura agravada del delito de homicidio simple, planteando la posibilidad de la cadena perpetua, no se ha logrado ni detener ni bajar significativamente las muertes por violencia de género. Más pena no significa necesariamente menos impunidad. La bronca por el crimen de Chiara no puede llevarnos a pensar que este cuadro de descomposición social se resuelve con la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Por la complicidad del aparato represivo y el poder judicial en todos sus niveles; así como por la pauperización creciente entre las mujeres (mayoría entre pobres e indigentes), que sin trabajo, con ingresos de miseria y sin vivienda, están totalmente atadas al hogar donde mayormente se produce la violencia.

El fallo de la Corte Suprema de Santa Fe demuestra las contradicciones y límites insalvables del enfoque judicial, ya se garantista o punitivista, frente a los femicidios y la violencia contra las mujeres. Junto con el asesino de Chiara debe estar sentado en el banquillo de los acusados el Estado responsable.

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