Pasados casi dos años desde que el TOC 7 de San Isidro, condenaba a 14 años de prisión a Isaías Villarreal, el femicida de Luna Ortiz, por el delito de “abandono de persona seguido de muerte con suministro de sustancias estupefacientes a título gratuito”, la Sala Primera de Casación Penal -integrada por los jueces Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky- emitió una sentencia, en la que se le da lugar a la apelación de la defensa. Esto significa que se abre un nuevo juicio por esta causa, modificando la calificación legal, acusando a Villareal por el delito de “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real por homicidio imprudente”, modificación que podría dejar en libertad al acusado. Los papás de Luna y quienes acompañamos su lucha, exigiremos que no se consagre este acto de impunidad, y que por el contrario, el nuevo juicio concluya con una condena por femicidio, como debió haber sido desde un principio.

Los motivos para que el crimen de Luna, ocurrido el 3 de junio de 2017, sea considerado femicidio están a la vista de cualquiera que tenga la voluntad de verlos. Las pruebas dan cuenta que Villarreal se puso en contacto con Luna aquella noche, le proporcionó alcohol y drogas durante ocho horas -a sabiendas de la problemática de adicción de la joven- en pos de manipular a la víctima, dejarla en una situación de completa indefensión para luego abusar de ella. Él es el responsable, no solo por no pedir ayuda médica y abandonar a Luna a su suerte estando inconsciente, sino por el hecho de haberla inducido al cuadro de sobredosis que termina con su vida. Es decir, el femicida preparó el escenario para violentar a Luna, y por lo tanto, el desenlace no fue el resultado de un mero descuido o producto de los excesos que acarrea el consumo de sustancias, sino que es fruto de la multiplicidad de violencias que se descargaron sobre ella en esa oportunidad.

La hipótesis de que Luna se puso ella misma en una posición de peligro no resiste el mayor análisis. El lugar de poder en el cual se encontraba el agresor por sobre su víctima es evidente por varios motivos: en primer lugar, conocía la situación de vulnerabilidad en la cual se encontraba la joven a causa de su adicción y se valió de eso para suministrarle drogas. Por otro lado, la diferencia de edad entre ambos era muy amplia, y además, Luna, por su condición de mujer, ya se encontraba en una lugar de  exposición frente a los ataques por razones de género que proliferan en la sociedad. Pero por sobre todas las cosas, la asimetría radica en la protección estatal con la que contaba el victimario, motivo por el cual se consideraba impune de cometer cualquier delito.

Villareal estaba vinculado al narcomenudeo y a la trata de personas, negociados que realizaba al amparo del poder político y de la policía. Muestra de esto, fue el accionar de todos los estamentos del Estado ante el femicidio de Luna. Para empezar, los agentes policiales le entregaron el cuerpo a su familia, luego de haberlo lavado y maquillado, con la finalidad de borrar unas cuantas pruebas. A su vez, el municipio se negó a mostrar las cámaras de seguridad del distrito, que hubiesen servido para dilucidar cómo ocurrieron los hechos. Por su parte, la fiscalía cajoneó las causas por trata y narcotráfico. Lo anterior, se le suma al hecho de que el juicio se inició dos años después de cometido el crimen, nunca fue caratulado como femicidio, y como si esto fuera poco, se dio a conocer una pericia psicológica, a pedido de la fiscal a cargo, que se empecina en revictimizar a Luna.

Quienes sostienen que no fue femicidio, son los jueces y fiscales que intervinieron en la causa. Indudablemente, forman parte de un Estado que es garante de la trata y la venta de drogas, y por lo tanto, busca dejar impune a los femicidios que tienen al accionar de estas mafias como telón de fondo.  Al mismo tiempo, busca demonizar a las víctimas que se apartan de los estereotipos de género que impone este régimen social, en función de naturalizar y hasta justificar la violencia que se ejerce contra las mujeres, y retroalimentar así, la violencia que caracteriza a un sistema de explotación.

Los gobiernos son artífices de esta situación, ya que lxs integrantes del Poder Judicial que carga contra las mujeres los elige el Ejecutivo junto con el Senado. Además, ninguna gestión presidencial ha impulsado iniciativa alguna en relación a lo fundamental: la necesidad de que los jueces y fiscales que protegen femicidas sean revocados de sus cargos.

Luchemos contra este nuevo intento de dejar impune el femicidio de Luna. El miércoles 14, fecha del cumpleaños de Luna,  nos haremos presentes en la convocatoria que tendrá lugar en La Plata, frente a Casación Penal (calle 7, entre 56 y 57) a las 11 horas, para manifestarnos contra el intento de excarcelación a Villareal y exigir que la Corte Suprema de lugar a la figura de femicidio.

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