El 25 de abril de 2019, fruto de la lucha que encabezó la familia de Luna Ortiz- víctima de femicidio ocurrido en 2017 en el distrito de Tigre– la Justicia condenó a 14 años de prisión a Isaías Villarreal por el delito de “abandono de persona seguido de muerte con suministro de sustancias estupefacientes a título gratuito” e imputó a Pablo Paz Gutiérrez y Matías Della Roca por abuso sexual con acceso carnal. Esta última acusación acaba de ser desestimada, a través de una pericia psicológica aberrante realizada por el Perito Mariano Mosca, miembro del Departamento de la Policía Judicial, perteneciente a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y recibida por la fiscal Mariela Miozzo, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Especializada en Violencia de Género del distrito de Tigre, a cargo de la causa.

La misma concluye que “no se detectan elementos como para tener una convicción clara en cuanto a que la víctima fuera obligada a tener relaciones sexuales”, y agrega, “por causa de una multiplicidad de factores, la joven tendría un perfil psicológico compatible con el de una persona vulnerable a transitar situaciones límite o tener conductas de elevado riesgo vital”. El análisis llega al extremo de afirmar que los involucrados, incluyendo a la víctima, tenían “conductas sexuales problemáticas” a causa del consumo de sustancias. Sin dudas, un eufemismo escandaloso teniendo en cuenta que se trató de un episodio de violación, seguido de femicidio en un contexto de trata de personas con suministro de drogas.

El intento por parte del Estado de valerse de los problemas de adicción por los que atravesaba Luna para depositar la responsabilidad de lo sucedido en la víctima, y eximir de esta forma a los femicidas, fue una constante en todo el trayecto de lucha por justicia.

Para empezar, la policía no permitió que la familia reconociera el cuerpo ni bien ocurrieron los hechos; el mismo fue entregado lavado y maquillado, es decir, con las pruebas de ADN degradadas, lo que da cuenta de un encubrimiento alevoso. A su vez, el Municipio de Tigre, dirigido por Julio Zamora, le negó a los padres de Luna el acceso a las cámaras de seguridad del distrito, las cuales hubieran servido para esclarecer los acontecimiento que tuvieron lugar aquella noche. Por otra parte, el fiscal a cargo de la causa, Marcelo Fuenzalida, en ningún momento caratuló el crimen como “Femicidio” y se negó a investigar a las mafias de la trata y el narcotráfico que estaban detrás del asesinato de Luna, a pesar de que uno de los testigos aseguró que la joven le había confesado haber estado en cautiverio y obligada a prostituirse. A esto se le suma que la causa demoró dos años en ser elevada a juicio, y si no fue cajoneada fue gracias a la movilización popular.

Esta pericia repudiable busca reforzar la hipótesis de que Luna murió debido a un cuadro de sobredosis, donde la coerción nunca existió y el único delito que cometieron quienes estaban con ella fue abandonarla mientras se hallaba inconsciente. Es un discurso que pone en igualdad de condiciones a víctimas y victimarios, omitiendo que los varones implicados se dedicaban al narcomenudeo, y encuadrando los hechos en el campo de los “excesos” que genera el consumo sustancias. Sumado al planteo liso y llano de “ella se lo buscó”, el documento también se ensaña con el entorno de la víctima, insinuando en todo momento que Luna no contó con la contención adecuada por parte de la familia, y ridiculizando la búsqueda de justicia, atribuyéndola a que en “muchos casos los sobrevivientes a personas que han sufrido una muerte violenta recurren inconscientemente a mecanismos defensivos que les permitan exteriorizar sentimientos de culpa”.

La construcción, por parte del andamiaje estatal, de un imaginario social en torno a la “mala víctima”, es moneda corriente en esta clase de femicidios territoriales en función de perpetuar la impunidad, ya que se ponen en juego negociados -como la venta de drogas y la explotación sexual de mujeres- fuertemente entrelazados al poder político. El mismo poder político, que gobierno tras gobierno, profundiza las condiciones de miseria social que condena a la juventud y la deja expuesta al accionar de estas mafias delictivas.

El caso de Luna muestra claramente este entramado, y pone de manifiesto, por sobre todas las cosas, la importancia de la organización independiente en la lucha por justicia. Fue el método a través del cual se conquistó la condena a uno de los responsables y es la vía para derribar los escollos judiciales, lograr reabrir la causa y poner fin a la impunidad.

La pericia mencionada forma parte de las múltiples prácticas revictimizantes que lleva adelante el Poder Judicial. La puesta en marcha de un fuero específico que aborde la violencia de género, con elección popular de sus integrantes y revocabilidad de los cargos resulta fundamental; así como también la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres, que le oponga al infecundo Ministerio encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta, la fuerza y determinación del movimiento de mujeres. Organicemos un masivo 8 de marzo, con este horizonte.

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