María Angélica Andrada tenía 19 años. Su mamá identificó el cuerpo, que fue encontrado este jueves en un descampado frente al Ceamse del asentamiento Barrio Independencia (en José León Suárez, partido bonaerense de San Martín), con golpes y signos de estrangulamiento.

En el caso interviene la UFI N°1 de San Martín, a cargo del fiscal Fabricio Iovione. Al momento se encuentra demorado un hombre de 37 años detenido en Villa Curita, con quien se vio caminando a María Angélica unas horas antes.

El Estado es responsable

La situación de extrema precariedad y el hacinamiento que caracterizan a los barrios y asentamientos de San Martín -uno de los municipios más golpeados por la miseria y la desocupación- impactan con mayor crudeza en las condiciones de vida de las mujeres. La falta de trabajo genuino y de un salario igual a la canasta familiar, la imposibilidad de acceder a la vivienda o la salud se convierten en un caldo de cultivo para el recrudecimiento de la violencia.

Al igual que sucedió con anteriores femicidios en el distrito, la fiscalía declara que no hay registros de las cámaras de seguridad que puedan colaborar para esclarecer el hecho. En el partido de San Martín, a la ausencia total de políticas y presupuesto para atender la violencia de género, se suman el encubrimiento policial y del poder político a las mafias narcos y el crimen organizado. Ha quedado demostrado en casos como el de Araceli Fulles, Candela Rodríguez o Melina Romero, en los que se ocultaron pruebas y se obstaculizaron las investigaciones.

La presencia de gendarmería y de policía bonaerense y municipal no ha servido para evitar delitos cuyas víctimas son trabajadores y vecinxs, sino muy por el contrario: es el mismo aparato estatal responsable de liberar zonas al narcotráfico, las redes de trata, los femicidios y el delito organizado. 

Una verdadera pandemia: 117 femicidios registrados en 2020

La muerte de María Angélica viene a sumarse a una larga lista que alcanza los 117 femicidios en lo que va de 2020. Ahora con un Ministerio de Mujeres, que no elabora políticas ni destina presupuesto para atender la alarmante situación, mientras lanza campañas como la del “barbijo rojo” que hacen recaer la responsabilidad de dar salida a la violencia sobre las propias mujeres víctimas.

Es urgente el pago de un subsidio de 30 mil pesos mensuales de emergencia para todas las trabajadoras precarizadas, desocupadas o víctimas de violencia. Exigimos la puesta en pie de refugios de mujeres, con presupuesto del Estado y bajo gestión del movimiento de mujeres del distrito. En este sentido es importante pronunciarnos por un Consejo de las mujeres que sea autónomo e independiente del Estado, elegido por el voto de todas las mujeres y con cargos revocables, para garantizar la asignación de las partidas presupuestarias necesarias que permitan llevar a cabo la agenda en defensa de las mujeres y disidencias.

Exigimos el esclarecimiento de los hechos y reclamamos justicia por María Angélica. Hacia el próximo 3 de junio, más que nunca el movimiento de mujeres y disidencias preparará una gran acción nacional por todas las víctimas de femicidios, para gritar fuerte #NiUnaMenos, El Estado es responsable.