El femicidio de Liliana González en la Villa 31 desató la bronca e indignación de vecinos y familiares que se movilizaron el día de ayer reclamando justicia. Cerca de 200 manifestantes recorrieron las calles del barrio donde vivía Liliana al enterarse de este brutal asesinato. Quien fuera su pareja, Waldo Servian Riquelme, cuyo paradero se desconoce, es indicado como el presunto responsable del hecho. El crimen de Liliana se suma a la enorme cantidad de femicidios que se cometieron a lo largo del año.

La precariedad de las condiciones de vida de las familias en la Villa 31 coloca a las mujeres violentadas en una situación de extrema vulnerabilidad ante la falta de refugios y centros de asistencia a la mujer. Las mujeres que sufren violencia en sus hogares en general no tienen otra opción que seguir compartiendo el techo con su victimario. La cuestión de la vivienda en las villas se vuelve un punto clave en los casos de violencia de género. 

En la inauguración de las sesiones legislativas, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, no tuvo mejor idea que destacar las obras de la villa 31, mientras los vecinos detrás del vallado policial estaban denunciando los negocios inmobiliarios y las urbanizaciones truchas a costa de los habitantes del barrio. El gobierno ya ha dado señales claras de que las viviendas construidas serán más que insuficientes para la totalidad de las familias que viven en la villa 31. ¿Qué pasará con la gran mayoría? La intención del gobierno es directamente expulsarlos de la ciudad para poder hacer negocios con sus tierras. La precariedad habitacional y el empeoramiento de las condiciones de vida son una de las principales cadenas que impiden a las mujeres liberarse de la opresión que viven en sus hogares. En el proyecto urbano ni siquiera está planificada la construcción de refugios o centros destinados a esta problemática. La Policía de la Ciudad suele desestimar las denuncias por violencia ya que consideran que son situaciones corrientes acordes a la vida en las villas.

La responsabilidad del Estado no se limita al gobierno porteño. Frente al enorme aumento de la desocupación y la carestía, tanto Nación como Ciudad se han negado a abrir nuevos comedores en el barrio, así como a abrir nuevos cupos de planes sociales para la inmensa cantidad de nuevos desocupados, y ni hablar de puestos de trabajo. La necesidad y la falta de oportunidades fuerzan a las mujeres y a los hijos a prolongar indefinidamente su situación de opresión y violencia.

 Es necesario un plan integral de reorganización social para terminar con los femicidios. El proyecto de urbanización debe incluir a todas las familias que habitan la villa 31, y hacer un desglose familiar, incluso aquellas parejas que se encuentran separadas pero forzadas a vivir bajo un mismo techo. También se debe planificar la construcción de refugios para mujeres y centros integrales de la mujer, con presupuesto y bajo control vecinal. Es necesario un subsidio para las víctimas de violencia de género. El gobierno debe hacerse cargo de la crisis social que se vive en las villas, y abrir cupos de trabajo y planes sociales, así como comedores y merenderos para los chicos. 

 

Basta de femicidios

Justicia por Liliana