Según datos oficiales, Jujuy es la provincia argentina con la tasa más alta de femicidios. Contabilizando 9 mujeres asesinadas a lo largo del 2020, cuenta 2,6 femicidios cada 100 mil mujeres aun cuando la tasa nacional se encuentra en 0,9. Se trata en general de mujeres jóvenes, muchas de ellas madres. Son nueve, pero muy probablemente sean doce ya que según el propio Consejo provincial de la Mujer hay situaciones no esclarecidas: dos en investigación y una más no catalogada como femicidio, aunque se reclama desde la familia el cambio de carátula y se denuncian irregularidades en la investigación.

Un episodio retrata de cuerpo entero la barbarie en la que se encuentra sumergida la provincia. Cuando se encontró el cuerpo de una mujer joven en el descampado del Barrio 2 de Abril en la localidad de Palpalá, fueron dos las familias que llegaron al lugar a intentar conocer si se trataba de su joven desaparecida (en una ciudad de 52 mil habitantes). Finalmente se comprobó que se trataba de Iara Rueda, mientras que a los pocos días se encontró a Gabriela Abigail Cruz, la otra joven que era intensamente buscada por sus familiares.

La indignación popular por los casos extremos de violencia hacia las mujeres se transformó en movilizaciones masivas -más de sesenta en dos meses en varias localidades de la provincia- convocadas por organizaciones de mujeres y diversidades sexuales y de género y familiares, con consignas que desnudaron la responsabilidad estatal y reclamaban la renuncia de Alejandra Martinez, titular del Consejo Provincial de la Mujer, y el Ministro de seguridad Ekel Meyer.

Ante el crecimiento del descontento y de la organización fue el propio Gerardo Morales quien envió apresuradamente a la Legislatura provincial tres proyectos de ley: uno de emergencia en violencia de género, otro de asistencia a víctimas y el último sobre la creación de juzgados específicos en violencia de género. En ninguno de los casos se trata de medidas concretas para poner fin a la violencia. No podría ser de otra manera viniendo de un gobierno que garantiza la reproducción de la violencia a través de las instituciones del Estado y la naturalización de la violencia contra las mujeres.

La justeza de las consignas convocantes, como la de “Estado, policía y gobierno son responsables”, desentraña el objetivo de las maniobras gubernamentales que buscan autoabsolver al Estado de las responsabilidades en la generación de la violencia y evitar que la organización independiente de las mujeres crezca y se transforme en un peligro para su estabilidad. Todo esto sucede ante el absoluto silencio a nivel nacional del Ministerio de Mujeres y Diversidades que se reveló en poco tiempo como ministerio fantasma, el mismo que da la espalda de las necesidades de las mujeres y solo se apresta a defender puestos para las militantes feministas oficialistas.

Si el reclamo de emergencia y presupuesto cae en manos del propio Estado garante de la violencia, no puede ser nunca una salida real para las mujeres. Desde el Plenario de Trabajadoras insistimos en la creación de un Consejo Autónomo de la Mujeres, electo y revocable, que cuente con un presupuesto propio y controle a las instituciones que violenten a las familias que buscan justicia y permita la asistencia real a las mujeres que se encuentran amenazadas por situaciones de violencia.

Por Iara Rueda y por todas

En este contexto y al cumplirse dos meses del femicidio de Iara Rueda, sus familiares convocan a una movilización el próximo 24 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires de Obelisco a la Casa de la Provincia de Jujuy, reclamando la destitución de los funcionarios responsables del caso. Desde el Plenario de Trabajadoras seremos parte de esta iniciativa y llamamos a hacer masiva esta movilización para reforzar la lucha por justicia por todas las mujeres víctimas de femicidio en Jujuy y terminar con un régimen político que se sostiene en la oligarquía y la Iglesia y condena a los y las trabajadores a una vida de hambre, saqueo y violencia.

Justicia por Iara y todas las víctimas de femicidios

Fuera Martínez y Meyer

Por un Consejo Autónomo de mujeres

NiUnaMenos, el Estado es responsable