Los 63 femicidios sufridos en Argentina en tan solo dos meses –a razón de más de uno por día- pusieron en evidencia que asistimos a una situación alarmante. Sin embargo, no es una situación particular: si el dato se observa en comparación con los casos contabilizados en 2019 y 2018 por diferentes ONGs que estudian el tema -299 y 273 respectivamente- asistimos a la continuidad de una situación crítica que en lugar de paliarse, se agrava. Al igual que en 2019, los números indican que en casi la totalidad de los casos, el agresor es la pareja o expareja de la víctima o forma parte de su entorno familiar y los crímenes suceden en el interior de la vivienda de la mujer. Del resto de los casos no se tiene la información. De conjunto, estos números ponen en evidencia el rotundo fracaso de las políticas llevadas adelante por todos los gobiernos.

De todos estos casos, entre el 11% y el 20% de las mujeres –según los informes publicados- había realizado la denuncia. A pesar de esto y de que sus victimarios tenían perimetrales que les prohibían acercarse a ellas, las mujeres resultaron asesinadas. Ello, junto con el hecho de que la mayoría de las mujeres víctimas de estas situaciones de violencia no había logrado efectivizar una denuncia, demuestra un Estado que deja libradas a las mujeres a relaciones intrafamiliares violentas. Detrás de esta grave situación que demuestra la brutal descomposición del régimen social, están además los ninguneos de las denuncias, las dilaciones en las búsquedas, la complicidad policial, la impunidad de la Justicia, los repudiados fallos que protegen a los victimarios y niegan la situación de opresión de las víctimas. Un Estado cómplice y responsable.

El Plenario de Trabajadoras recoge las reivindicaciones planteadas por los movimientos de lucha y reclamamos al Gobierno medidas inmediatas para la atención a las víctimas de violencia. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta y la secretaria de políticas contra la violencia, Josefina Kelly, deben dar respuestas de manera urgente.

Es necesaria la creación de Centros Integrales de la Mujer, con recursos y equipos profesionales que puedan atender los casos de violencia. Y, ante el fracaso de todos los organismos estatales dependientes de poder político de turno, la constitución de un Consejo de la Mujer Autónomo, con presupuesto y capacidad de decisión, electo por las mujeres y con mandato revocable, bajo fiscalización y control de las organizaciones de nuestro colectivo que hemos explicado al detalle el problema y sus causas y movilizado frente a cada uno de estos casos para que haya justicia.

La miseria, la precariedad laboral, la desocupación agudizan la situación porque refuerzan la dependencia y vulnerabilidad de las mujeres adolescentes, jóvenes y adultas frente a situaciones de violencia y obliga a soportar el acoso, los abusos y el sometimiento físico y psicológico. Un verdadero plan contra la violencia de género debe partir de garantizar las condiciones de vida para las mujeres: trabajo genuino, salario igual a la canasta familiar, derechos laborales, vivienda, salud; educación; aborto legal, seguro y gratuito; educación sexual laica y científica, impulsada por las organizaciones del movimiento de mujeres. Las exigencias al poder político por medidas urgentes de atención a las víctimas deben ser acompañadas por una fuerte lucha contra el ajuste, los pactos con el FMI y los acuerdos con las Iglesias enemigas de los derechos de las mujeres.