El cuerpo de Fernanda Pereyra, de 26 años, fue encontrado calcinado el 21 de Julio a la orilla de la ruta 6, en las inmediaciones de la localidad petrolera de Rincón de los Sauces. Estaba embarazada de 7 meses. Se trata del femicidio número 40 en la provincia de Neuquén en los últimos 9 años, según estadísticas de la organización La Casa del Encuentro.

 

A pesar de que las cámaras de vigilancia de la vía pública mostraban cómo huía por una calle hasta que es subida a un vehículo, la policía y la Fiscalía tardaron varios días para reconocer que la secuestrada era Fernanda, perdiendo un tiempo clave para la investigación. 

 

Otra información pública indica que un trabajador petrolero vio la fogata la noche del 20 de julio y dio aviso a la policía. Se echaron a correr todo tipo de rumores sobre la víctima, tratando de instalar la versión de un ajuste de cuentas por narcotráfico.

 

La comunidad de Rincón de los Sauces reaccionó y, junto a distintas organizaciones, se movilizó con la exigencia de esclarecimiento del caso. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Neuquén, en donde se realizó una radio abierta y una movilización, con la consigna de que “el Estado y sus gobiernos son responsables”, como así también en Chos Malal y otras localidades. El Plenario de Trabajadoras participó de todas ellas. 

 

Producto de la creciente movilización, se ha anunciado la detención de la ex pareja de Fernanda y principal sospechoso de su crimen, Luciano Hernández. También se detuvo a sus cómplices, Osvaldo Castillo y Diego Marillán. Se acusa a los tres de haberla secuestrado en un vehículo el 20 de Julio, asesinarla a puñaladas en el mismo automóvil y luego incinerarla para borrar todas las huellas del crimen. 

 

Sin embargo, en la formulación de cargos el fiscal Flores acusó a los sospechosos de “homicidio doblemente agravado” por la relación preexistente de pareja que había entre uno de los imputados y la víctima y por el concurso de dos o más personas que participaron, imponiéndoles seis meses de prisión preventiva. Claramente el fiscal no acusó por femicidio, y hasta donde se sabe no acusa por secuestro, ni por doble homicidio.

 

Desde el primer día existe una resistencia de parte del Estado a que se trate al asesinato de Fernanda Pereyra, como un femicidio. Primero trataron de vincular su muerte con un crimen narco y ahora quieren hacer pasar al crimen como un supuesto ritual satánico, y a sus autores como personas con problemas mentales. Esto no es un acto inocente o ineficaz del Estado, responde a un operativo de autoencubrimiento y de deslindar la relación de parentesco del principal acusado con el poder provincial. Entre otros detalles hay que señalar que la camioneta en donde fue secuestrada Fernanda, está a nombre del BPN (Banco de la Provincia del Neuquén)

 

Fernanda ya había recibido una golpiza de otra pareja, quien luego de juicio fue condenado a una pena irrisoria y el Estado no tomó ninguna medida de precaución especial con la seguridad física de la víctima. Los gobiernos nacional y provincial no destinan el presupuesto para hacer efectivos programas y medidas de protección a las mujeres, y derivan la mayor parte de los recursos del área para propagandas que colocan en la mujer la responsabilidad de cuidar de su propia integridad, o falsifican la naturaleza del asunto colocándolo como un problema cultural o de la vida privada.

 

A su turno, el partido de gobierno provincial, el MPN,  se ha negado a tratar en la Legislatura de Neuquén los proyectos de Ley por Casas Refugios y por Consejo Autónomo, presentados por la diputada Patricia Jure del Partido Obrero por el Frente de Izquierda para contribuir a la lucha y organización de las mujeres por subsidios para las víctimas, casas refugios y profesionales para la atención en violencia de género.

 

Pese a ello, luego de una encendida intervención de la compañera Jure en sesión y con la presión popular que se acumula ante la creciente violencia contra las mujeres, finalmente se ha incorporado uno de los proyectos a debate.

 

Seguimos diciendo que la muerte de Fernanda es un femicidio. Exigimos el juicio y castigo a los responsables y que se exponga la responsabilidad estatal previa y posterior al mismo. 

 

La movilización independiente de las mujeres es la única salida. Vamos por un Consejo Autónomo, elegido por el voto directo de las mujeres desde los 13 años, con carácter independiente de las autoridades y financiado por el Estado.