Los medios de Neuquén informaron el lunes 5 de abril que Santiago Terán habría vuelto a su cargo como fiscal en Cutral Co, tras completar el domingo el plazo de 60 días de suspensión que le aplicó el Jurado de Enjuiciamiento por sus expresiones misóginas y violentas en una entrevista periodística que tuvo repercusión nacional.

El funcionario judicial había realizado graves declaraciones acerca de que las mujeres debían portar armas para evitar femicidios utilizándolas en “defensa propia”, e insistió con esa postura en un reportaje que le realizó la periodista Luli Trujillo para C5N, incluso violentándola al aire. Ello despertó un repudio generalizado por parte de las organizaciones de mujeres y diversidades, que reclamaron la destitución de Terán.

Eso abrió un debate en la Legislatura, donde finalmente se votó el proyecto de resolución de la diputada Patricia Jure (del Partido Obrero en el Frente de Izquierda) pidiendo iniciar un jury para la destitución del fiscal. Sin embargo, ya en ese momento se advirtió que se tramarían maniobras para garantizar la impunidad de Terán, ya que el Jurado de Enjuiciamiento -compuesto por el Tribunal Superior de Justicia, el Colegio de Abogados y los bloques del MPN y Frente de Todos- resolvió suspenderlo, a sabiendas que en abril de este año podría acceder a su jubilación.

Es por eso que ahora tiene la posibilidad de volver a su cargo, a pesar de haber sido denunciado por varias empleadas y el propio sindicato judicial, y de jactarse él mismo de ser uno de los funcionarios judiciales con más sumarios en la provincia y alardear de sus polémicas intervenciones. Es decir que volvería prácticamente impune para iniciar los trámites de su jubilación, lo que constituye una provocación a la lucha del movimiento de mujeres y diversidades que logró sentarlo en el banquillo de los acusados.

Esta impunidad que garantizó el Jurado de Enjuiciamiento demuestra la responsabilidad de todos los niveles del Estado con la violencia de género, que es finamente un instrumento de disciplinamiento social y opresión. El crecimiento de las cifras de femicidios es la muestra más elocuente de la barbarie y la doble complicidad de quienes son a la vez garantes de las condiciones que profundizan la violencia hacia las mujeres y luego dan la espalda a las víctimas cuando acuden a diversas instituciones estatales en busca de ayuda.

Desde el Plenario de Trabajadoras exigimos la destitución del fiscal Santiago Terán. Reclamamos también la puesta en pie de un fuero único de violencia de género con elección popular de jueces y fiscales y la revocabilidad de los cargos. Y reafirmamos la pelea por un Consejo Autónomo de Mujeres, con presupuesto estatal pero con total independencia de los gobiernos sobre las políticas a implementar par combatir la violencia y terminar con la impunidad.

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